Cedice: Entrega de Ley de Presupuesto al TSJ impide transparencia de gestión
El Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) calificó la entrega del Presupuesto de la Nación de 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento, como un golpe a la esencia republicana que implica consecuencias internacionlaes para la nación en los mercados internacionales. Así lo considera la coordinadora del Observatorio de Gasto Público, Sara Levy, quien evaluó la opacidad y la discrecionalidad con la que se ha conducido el manejo presupuestario nacional desde hace más de una década.
Levy reitera que la opacidad se agrava aún más con la decisión de no consignar la Ley de Presupuesto Nacional 2017 ante el Parlamento, como lo estipula la Constitución.
Precisó que la Ley de Presupuesto Nacional vigente estipuló un presupuesto que estaba 108,78% por debajo de lo que hasta la fecha se ha gastado en el país. Agrega que el documento entregado por el Ejecutivo al TSJ el viernes “monta 8,5 billones, siendo 5,4 veces superior al de 2016”.
La economista destaca el impacto que, al igual que el año pasado, tendrá para 2017 la caída de los precios del petróleo, evidenciado en que 94,9% de los ingresos previstos en la Ley de Presupuesto Nacional 2017 serán no petroleros y provendrán, casi en su totalidad, de impuestos.
“Más de siete millones de bolívares recaudará el fisco entre renta aduanera, Impuesto al Valor Agregado, ajustes por inflación e Impuesto Sobre La Renta (ISLR)”.
Sobre este último impuesto, Levy advierte que, ante la negativa del gobierno nacional a recalcular la Unidad Tributaria a partir de la inflación efectiva, prácticamente todos los venezolanos tendrán que cancelar impuesto sobre la renta, “aunque sus ingresos no le den ni para cubrir sus necesidades básicas”, agrega.
Por otra parte, destacó que un billón de bolívares es el estimado de los ingresos por conceptos de empresas del Estado, la mayoría de las cuales no generan los rendimientos ni la producción deseada.
“Es difícil una adecuada evaluación del proyecto presupuestario, pues las últimas cifras macroeconómicas publicadas tienen un año de retraso, y otras dejaron de publicarse hace más tiempo. Sin información se impide la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos y se coarta el derecho ciudadano a una contraloría social”.
