Chile y la muerte anunciada de otro mito de los Chicago Boys

No deja de sorprender como todo lo realizado por Pinochet en materia económica, durante sus casi 17 años de gobierno dictatorial, inmoral y altamente represivo, ha sido aplaudido y magnificado hasta nuestros días. Ello sigue inexplicablemente ocurriendo, mayormente en medios políticamente radicales, preferiblemente de extrema derecha los cuales, en el campo de la economía, privilegian la corriente ultraliberal. Tal como es ya ampliamente conocido en los medios competentes, esta corriente predica reducir, a su más mínima expresión, la intervención o ingerencia del Estado en materia económica, monetaria y en otros aspectos que regulan, facilitan o coadyuvan el desenvolvimiento de la vida ciudadana. Ello no excluye aspectos tales como la educación, la asistencia médico-social, así como la solución de todos los demás problemas sociales, incluyendo la seguridad ciudadana en algunos casos. Según los partidarios de la citada corriente del pensamiento, la única manera de lograr la máxima eficacia posible, en el tratamiento de la mayoría de los problemas que afectan a la sociedad, es a través de la libre actuación de las fuerzas del mercado. En otras palabras, seria menester privatizar todas las empresas y servicios públicos para que su interacción, en un ambiente de libre competencia generalizada, pueda proveer al ciudadano los mejores resultados tanto en calidad como en precio.

Enmarcado en el anterior paradigma, Chile creó, bajo Pinochet en 1981, los fondos privados de pensión – AFP – y eliminó el organismo público análogo existente hasta ese momento – la Seguridad Social. En otras palabras, se abolió el sistema solidario “por repartición”, según el cual, una vez alcanzada la edad establecida, un trabajador recibía una pensión cuyo monto mensual equivalía a un porcentaje de sus últimos ingresos, sustituyéndolo por uno “por contribución”. De acuerdo con este último, se requiere haber cumplido 20 años de servicio en el mercado formal de trabajo y haber cotizado a un fondo, administrado por una de las Administradoras de Fondos de Pensión privadas – AFP – 10% de los ingresos recibidos durante todo ese período, más un 3% adicional como comisión a fondo perdido, para finalmente recibir una pensión vitalicia supuestamente equivalente a no menos del 70% de los últimos ingresos. Este porcentaje representó la previsión, oficialmente anunciada y prometida por el gobierno chileno, al momento de instrumentar la puesta en marcha del nuevo sistema en forma obligatoria.

Por el contrario, tal como lo reportan los editoriales del New York Times del 26 y 31 de diciembre próximo pasado, el tiempo transcurrido desde entonces ha fehacientemente demostrado que dichas previsiones se encontraban muy lejos de la decepcionante realidad. En efecto, la propia Michelle Bachelet afirmó, en el pasado mes de junio, que una vez completado el período de 20 años de cotización antes citado, la gran mayoría de los pensionados no recibe hoy sino entre el 30 y el 50% de su último salario. Además, lo que se podría considerar más grave aún, la mitad de la fuerza laboral chilena, pese a haber alcanzado la edad exigida, según la ley vigente antes de 1981, ni ha satisfecho todas las condiciones requeridas para el otorgamiento de pensión alguna, de acuerdo con el sistema actual, ni tampoco para generar una pensión oficial, cuyo monto mínimo de subsistencia, según el propio gobierno, equivale a unos 140 US$/mes.

Estos resultados nos retrotraen a las previsiones formuladas en ese mismo sentido por el suscrito, las cuales se encuentran plasmadas en las páginas 87-89 de su tesis doctoral*, cuya disertación tuviera lugar, en julio del año 2000, en la Universidad de París IX-Dauphine, ante un jurado pluriuniversitario. En efecto, como resultado de su investigación de varios años, cuyo propósito fue el de evaluar exhaustivamente el impacto de las reformas institucionales y de los movimientos de capitales ocurridos en Chile entre 1973 y 1998, todo ello basado en la teoría institucionalista, el autor observaba, una vez transcurridos ya 15 años de existencia de los fondos de pensión, la presencia de elementos fuertemente contradictorios.

La primera voz de alarma se halló en el hecho de que ya para el final del período 1981-95, según la propia Superintendencia AFP (1996), el número de miembros contribuyentes no representaba sino el 55,7% sobre un total de 5.321.000 de trabajadores activamente afiliados. Un tal “fenómeno” se debía principalmente a la inestabilidad del empleo y al hecho que el sector informal, en ese país, se mantenía en aproximadamente un tercio de la población activa. Ello nos llevaba a inferir que en el largo plazo, para poder hacerle frente al pago de las pensiones mínimas previstas en la ley respectiva, el Estado chileno se habría visto obligado a invertir sumas considerables y crecientes, las cuales pesarían fuertemente sobre el presupuesto nacional.

En segundo lugar, aún admitiendo que el proceso de acumulación, propio de un sistema por capitalización (AFP), de un país cualquiera, no está expuesto a las consecuencias negativas derivadas de eventuales presiones demográficas, tampoco está garantizado que la capitalización individual resulte superior, a largo plazo, al ahorro acumulado alternativamente, como parte de un sistema tradicional por repartición (Seguridad Social). En el caso chileno, ya para 1999 el sistema adoptado, a partir de 1982, había acumulado una capitalización superior a US$ 35 millardos, lo que equivalía al 44% del PIB de la Nación. A pesar de ello, los fondos de pensión no habían aún alcanzado su estado de “madurez”. Esto se debía a que, para ese año, los pensionados representaban sólo el 4% del total de miembros asociados a las AFP que cotizaban regularmente. No obstante, el rendimiento negativo, arrojado por las diferentes Administradoras de Fondos de Pensión a lo largo de casi todo el período 1995-98, contribuía a introducir, ya desde entonces, una legítima desconfianza y fundada incertidumbre acerca de su rendimiento a más largo plazo.

Como otro aspecto merecedor de comentarios, observamos que al actuar en calidad de intermediarias financieras, las AFP deberían estar mejor dotadas que una institución gubernamental, a los fines de administrar eficazmente los recursos puestos a su disposición. Es el motivo por el cual ellas deberían estar en capacidad de contribuir, de manera importante, a la creación de riqueza. No obstante, aún siendo una tal argumentación evidente a primera vista, en el caso de Chile y debido a sus propias especificidades, esto no se ha verificado. Ello se debe a varios factores, entre los cuales podríamos citar, a continuación, algunos de los más relevantes:

a) Una oferta local insuficiente de instrumentos financieros donde, además, la participación pública es bastante elevada.

b) La proliferación de AFP, las cuales alcanzaron un pico de 20, se ha reducido actualmente a un número más razonable de 6.

c) Las AFP no otorgan crédito a las PME, ni facilitan financiamiento al sector privado chileno que interactúa en ciertos sectores de infraestructura y de servicios públicos, bajo la forma de concesiones temporales.

d) Los títulos accionarios chilenos, adquiridos por las AFP, se circunscriben mayormente a los de ciertas empresas del sector privatizado de servicios públicos. En 1999, estas compras masivas de acciones alcanzaron el 30% de los activos de las AFP y sólo contribuyeron a “inflar” artificialmente su valor en la Bolsa de Santiago.

e) Sucesivamente, un 40% de las inversiones de las AFP estaba representado por obligaciones emitidas por el Banco Central de Chile. Este no las utilizó para generar directamente capital real sino simplemente para aumentar sus reservas.

f) Adicionalmente, con el 10% de sus activos, las AFP establecieron depósitos a plazo en los bancos comerciales privados, mientras que otro16% lo tenían invertido en el sector inmobiliario de la construcción y el 4% finalmente restante lo destinaron a la compra de obligaciones emitidas por grandes corporaciones privadas.

Es así como en Chile, entre 1986 y 1995, las Administradoras de Fondos de Pensión, concebidas por el gobierno de la dictadura durante su etapa monetarista, ultraliberal, impuesta por los Chicago Boys, arrojaron una modesta rentabilidad real promedio de 10.8% anual. Su tendencia, a partir de ese período fue marcadamente hacia la baja, lo cual indicaba, ya desde entonces, que su desarrollo y resultados ulteriores dependían de que el Estado chileno permitiese a las AFP, como en efecto ocurrió, especular en mercados bursátiles foráneos, así como con otros activos más riesgosos. No obstante, tal como se afirmó al comienzo del presente trabajo, los resultados obtenidos por el sistema “por contribución”, habiendo ya transcurrido un cuarto de siglo desde su adopción en Chile, distan mucho de las expectativas creadas nacional e internacionalmente, a raíz de las promesas formuladas en 1981 por el Gral. Pinochet y sus Chicago Boys.

Una vez destruido el mito, Oswaldo Andrade, actual Ministro del Trabajo de Chile, anunció el pasado15 de diciembre que su gobierno se está abocando a estudiar una reforma radical en materia de pensiones según la cual, contrariamente a lo predicado por los fanáticos a ultranza de la libre empresa, a semejanza del presidente G.W.Bush, el sistema actual sería suplantado por otro en el cual el Estado jugaría un papel mucho más importante. Dicha reforma incluiría una pensión mínima garantizada en beneficio de los ciudadanos de menores recursos, hayan éstos o no contribuido al sistema privado. Los cambios persiguen también la introducción de elementos que estimulen la competencia real y efectiva entre las diferentes AFP, reduciendo así los altísimos costos que éstas le facturan a sus miembros contribuyentes, así como las ganancias exorbitantes que ellas derivan de sus operaciones.

En resumen, se trata de una reforma radical porque, de un sistema exclusivamente basado en el ahorro individual, se pasaría a otro que gozaría del apoyo solidario de la sociedad en su conjunto, al reconocer los derechos naturales inherentes a cada uno de sus componentes.

* Un ejemplar de la tesis se encuentra disponible en la biblioteca del CENDES – UCV

**Ing. Químico – University of Oklahoma (1958)
PhD. en Ciencias Económicas – Université Paris IX-Dauphine (2000)
Investigador Asociado a la Escuela Doctoral – Université Paris IX-Dauphine