Economía

ConocoPhillips solicita a una corte una audiencia de argumentación oral por caso PDVH-Pdvsa

ConocoPhillips solicitó ante la Corte de Distrito de Delaware una audiencia de argumentación oral para tratar los elementos expuesto por los abogados de PDV Holding Inc. en relación a la demanda interpuesta por la trasnacional por incumplimiento en el pago de obligaciones, y por los intentos de Pdvsa de vender sus activos de Citgo a Rosneft como parte de un plan para defraudar a los acreedores.

De acuerdo con la demanda interpuesta por ConocoPhillips en el tribunal estadounidense, Pdvsa habría hecho una transferencia fraudulenta del 49.9 % de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía de un préstamo de $1,5 millones que Pdvsa obtuvo de Rosneft PJSC de Rusia, con lo cual Pdvsa estaría manipulando sus bienes en EE.UU. para no pagar las obligaciones que tiene con sus acreedores.

En octubre de 2016, ConocoPhillips demandó a Pdvsa por usar el otro 50.1% de Citgo para respaldar un canje de deuda de $ 2.8 mil millones. La firma estadounidense dice que el acuerdo tiene la intención de monetizar Citgo evitando pagar reparaciones a los operadores extranjeros por las incautaciones de campos petroleros venezolanos.

De conformidad con la Regla Local 7.1.4 del Distrito de Delaware, ConocoPhillips Petrozuata BV, Phillips Petroleum Company Venezuela Limited, ConocoPhillips Gulf of Paria BV y ConocoPhillips Hamaca BV solicitaron a la corte que fije una audiencia para que se produzca una argumentación oral de la demanda por parte de PDV Holding, Inc. El juez no ha respondido aún a esta solicitud.

En las audiencias de argumentos orales las dos partes en conflicto se dirigen al juez para evaluar las razones legales que deben prevalecer en la querella. En este caso en particular, refiere al hecho que PDV Holding sostuvo ante la corte que no es deudor de ConocoPhillips y por tanto, no puede ser demandada ya que entre ese ente y la trasnacional norteamericana no existen ningún tipo de obligación.

El litigio entre las partes argumenta que Pdvsa creó PDV Holding para manipular los activos del Estado venezolano en los EE.UU. y así evitar cumplir con el mandato del Ciadi que obliga a pagar los reparos productos de las expropiaciones hechas por el gobierno de Hugo Chávez a los activos de la trasnacional.

El caso

ConocoPhillips demandó a Pdvsa por 22 mil millones de dólares tras la nacionalización de su participación en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), en el desarrollo del bloque Petrozuata, el cual produce aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló, el 9 de febrero de 2016, a favor de ConocoPhillips y ordenó el pago de las obligaciones. En mayo de 2016, Pdvsa pidió al Ciadi que reconsiderara la decisión a favor de la petrolera norteamericana y pidió una audiencia sobre el caso, argumentando que el tribunal había incurrido en una serie de irregularidades que supuestamente atentan contra los intereses de la República.

El Estado venezolano expuso ante Ciadi que ConocoPhillips rechazó migrar al esquema soberano de empresas mixtas (60% de las acciones en manos de Venezuela y 40% a la empresa extranjera) establecido en las leyes venezolanas y que la trasnacional rechazó su acuerdo de participación en los bloques de la FPO en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro (ahora llamados Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre) y decidió que proceder legalmente desde 2007.

PDVSAOFIC

En febrero de 2017, PDV Holding pidió al juez de Delaware que la demanda en su contra fuera desestimada «por no haber presentado una reclamación ajustada a derecho». Asegura que ConocoPhillips y las empresas asociadas, no establecieron en la demanda que PDV Holding es deudor de los demandantes.

Pdvsa creó PDV Holding como figura para traspasar las acciones de Citgo Holding a Rosneft Trading, SA lo cual constituye una transferencia fraudulenta según ConocoPhillips. La parte demandada asegura que con ese esquema, PDV Holding no tiene obligaciones con los acreedores de Pdvsa, y por tanto no tienen derecho a una sentencia de dinero contra PDVH, ya que no pueden establecer el «derecho al pago» requerido por la ley contra esa entidad.

Asimismo, PDV Holding asegura que la supuesta base de la relación acreedor-deudor entre los demandantes y PDVH no es suficiente porque los demandantes no presentaron una demanda contra PDVH.

Por su parte, ConocoPhillips argumenta que no necesitan establecer una relación de acreedor-deudor con PDVH porque PDVH puede ser responsable como un «cedente no deudor». Este argumento es rechazado por PDVH para lo cual hace uso de lo establecido en la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme de Delaware (Dufta), por sus siglas en inglés. Según Dufta se requiere que una transferencia fraudulenta involucre bienes del deudor.

PDVH alega que transfirió su propia propiedad a Rosneft y como PDVH no es deudor de ConocoPhillips y las otras empresas demandantes no pueden declarar una demanda de transferencia fraudulenta contra PDVH, por lo cual pide que dicha acción sea desestimada.

«PDVH no puede ser responsable como cedente no deudor» advierten en el documento los defensores de Pdvsa en el caso.

Por su parte, ConocoPhillips sostiene que PDVH puede ser responsable de la transacción de Rosneft como un «cedente no deudor», citando una decisión tomada en ese mismo tribunal en relación a una causa hecha por la trasnacional canadiense Crystallex contra PDVH, que se encuentra actualmente en apelación.

PDVH asegura que «ConocoPhillips ignora que una orden judicial o la ejecución de la orden judicial resulta impracticable en este caso», con lo cual advierte que «no existen posibilidades que los demandantes puedan lograr beneficios económicos con la querella basada en la supuesta transferencia fraudulenta de las acciones de Citgo a Rosneft».

Sostienen que los demandantes no pueden reclamar que PDVH les deba alguna cantidad de dinero como resultado de su supuesta participación en el presunto fraude en las transferencias o -incluso- como resultado de una posible victoria en la demanda basada en o establecido en la ley Dufta interpuesta por los Demandantes.

-La demanda de ConocoPhillips para obtener una medida cautelar contra PDVH no da lugar a un «derecho al pago», real o naciente, como exige el estatuto, advierten.

Por su lado, ConocoPhillips desestima los argumentos expuestos por PDVH, en especial el relacionado con la imposibilidad de reclamar a través de la lo establecido en la ley Dufta, según la cual, los demandantes no son acreedores de PDVH.

Expone que están equivocados porque la acción no depende únicamente de la condición de «acreedor» de ConocoPhillips sino que hay jurisprudencia que prueba que PDVH tiene responsabilidad como un «cedente no deudor» en relación con la transacción de Rosneft, como lo es el caso Crystallex.

ConocoPhillips sostiene que PDVH es un «deudor» debido a la responsabilidad contingente de la transferencia fraudulenta de lo que quedaba de patrimonio del único activo del Estado venezolano en EE.UU. (Citgo Holding) a Rosneft a cambio de ninguna consideración.

FSIA

Los abogados de ConocoPhillips, al igual que los de Crystallex, dicen que la acción legal también está basada en lo establecido en la ley Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA). La FSIA puede proteger la propiedad soberana de la fijación previa al juicio y puede limitar los recursos disponibles en última instancia, si los Demandantes prevalecen sobre el fondo. La mera perspectiva de responsabilidad por una transferencia fraudulenta no es un embargo o ejecución de ninguna propiedad.

El 30 de noviembre de 2016, ConocoPhillips denunció que Pdvsa, PPSA, PDVH y Rosneft habían completado la transacción de Citgo a Rosneft. Mediante esa transacción, Pdvsa recaudó US $ 1.500 millones en efectivo de Rosneft y, a cambio, hizo que PDVH otorgara a Rosneft la prenda de la totalidad de su capital restante en Citgo Holding y obligó a PPSA a entregar el crudo de Pdvsa a Rosneft. Pdvsa luego transfirió los ingresos a Venezuela.

ConocoPhillips

El objetivo de que PDVH transfiriera a Rosneft el valor total de los activos que tiene el Estado venezolano en los Estados Unidos, tiene la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

Pdvsa reconoce transferencia

En un comunicado de prensa del 23 de diciembre de 2016, refiriéndose a la Conversión de Bonos 2016 (Denunciada por ConocoPhillips) y la referida a la Operación Rosneft, Pdvsa explicó: «Así como Pdvsa se apalancó en octubre de 2016 utilizando como garantía el 50.1% de Citgo para la operación de swap de bonos, en medio de los ataques contra la compañía y un descenso de la industria petrolera mundial, ha utilizado el 49,9% restante del capital en Citgo para obtener nuevos financiamientos.

En ese mismo comunicado de prensa, Pdvsa confirmó su dominio y control sobre sus filiales, incluyendo a PPSA y PDVH, e incluso sobre las filiales indirectas de Citgo, afirmando: «Pdvsa mantiene plena propiedad y control sobre Citgo Petroleum Corporation, su subsidiaria en los Estados Unidos».

PDVH no habría podido comprometer la totalidad de su capital restante en su único activo a cambio de nada. La única explicación es que estuviera actuando bajo las órdenes y en representación de Pdvsa, la cual recibió US $ 1.500 millones de la Operación Rosneft para transferir el valor de las acciones de Citgo que pertenecían al Estado venezolano.

Lo que está pendiente

ConocoPhillips y las otras empresas demandantes, tienen acciones de arbitraje pendientes contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA y Pdvsa Petróleo, S.A. («PPSA»), filial de Pdvsa. Las reclamaciones surgieron de la confiscación y nacionalización de las inversiones de los demandantes en proyectos de petróleo y gas por valor de miles de millones de dólares en Venezuela.

Venezuela y Pdvsa, junto con sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, realizaron una serie de transacciones para liquidar y remover activos de Venezuela en los Estados Unidos con el fin de obstaculizar, retrasar o defraudar a los demandantes. A pesar de múltiples demandas pendientes que impugnan esas transacciones, los acusados continúan realizando transferencias fraudulentas.

PDVH sostiene que los tribunales de los Estados Unidos son impotentes para hacer algo al respecto.

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