Continúa en picada la Bolsa: ¿Quiénes pagan los platos rotos?

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Las consecutivas declaraciones de re-nacionalización de las empresas de servicios públicos que cotizan públicamente en bolsa, han lesionado hasta los momentos a sus accionistas. Independientemente del tipo de accionista, estas precipitadas acciones públicas han hecho menos ricos y más pobres a grandes y pequeños inversionistas y empleados de las empresas.

Adicionalmente, constituye un disparate económico y financiero mantener posiciones de empresas que pasarán de manos privadas a públicas. Una vez que desaparecerá la naturaleza de privadas y por tanto sus objetivos no serán crear valor y reportar dividendos a sus accionistas, el valor actual del negocio tenderá a desplomarse. Esto dicta la lógica económica, nos guste o no.

Sin embargo, el Gobierno ha declarado que la intención no es desplazar a los pequeños accionistas, sino a los grandes que poseen el control administrativo de las empresas de servicios públicos.

Una nueva lección de mercado ha tenido que encarar el Ejecutivo Nacional, mientras los accionistas, entre ellos trabajadores, han visto diluir parte de su esfuerzo de toda una vida. Una vez que declaraciones como las realizadas por el Ministro Chacón anuncian que el objetivo de las nuevas empresas públicas será la cobertura y no la rentabilidad, ni los beneficios, ¿de que sirve tener acciones de una empresa que con seguridad será deficitaria? Adicionalmente, considerando que con la obtención de la mayoría accionaria, las juntas administradoras serán Oficialistas, efectivamente las acciones dejarán de representar inversión alguna.

Ahora bien, para reparar los errores y en un intento de no sufrir mala reputación, especialmente por lesionar a humildes trabajadores e inversionistas, el Ejecutivo ha intentado dar declaraciones, lamentablemente sin contenido para los inversionistas y para la formación de expectativas no-negativas.

El Gobierno, si quiere no tener en contra la mala reputación de haber lesionado a pequeños inversionistas e intentar mantenerlos como financistas, ya que esto parece ser políticamente rentable, tendrá que transformar sus títulos de renta variable en títulos de renta fija. De esta manera los accionistas, podrán reportar rentabilidades positivas, de lo contrario: ¿cuánto vale una empresa, que por su nueva concepción es deficitaria y reporta pérdidas?

Llegado a este punto aflora un nuevo tema crucial, el quid de la discusión sobre el socialismo del siglo XXI. El proceso quiere desaparecer a los accionistas privados que motivados por la rentabilidad, poseen los incentivos necesarios para potenciar un mecanismo de trade-off renta-eficiencia. Sin embargo, la falta de eficiencia no conquistable por medio de las empresas públicas, ya que no se encuentra dentro de sus objetivos, tendrá que ser financiado por alguien. ¿Quienes serán esas personas? La “infinita” renta petrolera que encontrará un nuevo uso de despilfarro, así como aquellos que lleguen a comprar eventuales emisiones de títulos públicos (emitidos por la empresa o por cualquier otro ente público y del Estado).

Y ahora: ¿quiénes pagarán las rentabilidades de esos eventuales títulos que emitirán las nuevas empresas públicas para financiar su déficit tarifario? Los impuestos y los venezolanos o nuevamente todos los venezolanos por medio de la renta petrolera.

Así las cosas, la ilusión rentista, producto de que los ingresos petroleros no pasan directamente por las manos de los venezolanos, será excusa y motivo para financiar un nuevo paquidermo estatal, altamente politizado (¿cuántos de los actuales empleados de las empresas privadas de servicios públicos, que hayan firmado en el referendo revocatorio quedarán sin trabajo?).

Otro problema que están enfrentando los actuales accionistas y el Gobierno es el precio que se pagará por las acciones y su actual precio en el mercado. La caída de las acciones, más que justificadas por los razonamientos anteriores, constituye una mala señal de publicidad política para el Gobierno, que tendrá que inventarse algún par de acciones si no quiere asumir el costo político.

Una posibilidad simple es pagar el nivel de precios de las acciones que imperaba antes del anuncio de nacionalización. Una segunda alternativa, es realizar un análisis fundamental a estas empresa en manos privadas considerando un horizonte cierto, para así, calcular el valor actual del negocio. Sería lo justo si no quiere lesionarse las expectativas y las inversiones realizadas con anterioridad. Sin embargo, en la estimación del valor justo, existe mucha tela que cortar. Se requerirá determinación de rentabilidades, determinación de la base de la rentabilidad y sobre esto existirán dos posiciones contrapuestas y varios métodos de estimación.

Sin embargo, si el pago es justo y representa el negocio futuro que se dejará de poseer, todos lo venezolanos seremos lesionados (no por culpa de los accionistas, ni por el pago justo, sino por las acciones de re-nacionalización anunciadas por el Ejecutivo Nacional).

Así las cosas, la compra de las acciones por parte del Estado, de forma apegada a las normas, implicará el pago adelantado de las rentabilidades futuras que hubiesen recibido los accionistas. Luego, este beneficio no podrá ser trasladado a los venezolanos, porque una empresa en manos públicas, no generará las eficiencias propias derivadas de los incentivos propios de la propiedad privada. Adicionalmente, estará en riesgo la sostenibilidad y autofinanciación del servicio público y la calidad del servicio, situación que se encontrará especialmente expuesta a ciclos políticos (especialmente las inversiones de expansión y mantenimiento que tenderán a ser atendidas en periodo electorales).

Finalmente, se pagarán dos veces parte de las empresas que serán nacionalizadas y se incentivará el despilfarro, las corruptelas y un mal servicio.

Dudamos mucho, que estos servicios públicos en manos del Estado impliquen la recuperación de peso muerto de demanda no satisfecha que compense la pérdida de beneficios derivados de la eficiencia económica en manos privadas. Especialmente resultará cierto la aseveración anterior si no se considera que existen sustitutos imperfectos y en ocasiones perfectos que posibilitan la sustituibilidad sin tener que cargar los costos fijos de acometida a la sociedad en su conjunto una vez se les aplique obligatoriedad de servicio público.

De hecho, resulta un verdadero disparate aplicar obligatoriedad de servicio público a dos servicios que son sustitutos imperfectos y perfectos en ambas direcciones respectivamente. Este es el caso del servicio de electricidad y de gas, la imposición de obligatoriedad de servicio público a ambos puede acarrear una doble acometida de costos fijos que incrementarán el déficit tarifario y que en resumida cuenta demandará dinero de la renta petrolera que debería ser utilizada en educación, salud, infraestructura, viviendas, etc. Igualmente, se encuentra el hecho, de que nacionalizar todo un sector que posee renglones competitivos y renglones de monopolios naturales no tiene asidero en la economía y derecho de la regulación económica. Lo cierto es que no existe excusa para la nacionalización, especialmente en lo que a bienestar social se refiere. Cada vez queda más evidenciado que otras son las razones para la nacionalización, especialmente cuando existen numerosas alternativas de políticas públicas que nunca han sido asomadas.

Economista
Master en Economía Industria
Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones
Especialización en Economía del Sector Energía
Universidad Carlos III de Madrid
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y Regulación Económica