Economía

¿Contrabando de Extracción o Subsidio al Consumo Externo?

En ocasiones, las eventuales buenas intenciones de los altos funcionarios públicos no vienen acompañadas de una instrumentación efectiva de políticas económicas y públicas que constituyan medios óptimos y atinados para resolver una eventual situación de falla de mercado. Más allá, la legítima preocupación sobre la accesibilidad por parte de la población a bienes y servicio a través de precios “razonables” ha determinado que muchos diseñadores de políticas públicas se precipiten a la hora de regular precios, aplicar controles de precios y determinar la eventual condición de bienes de primera necesidad.

En muchas ocasiones los problemas de accesibilidad a bienes y servicios responde más a una tarea de diseño de fuentes y mecanismos de financiamiento, así como a niveles de inflación baja y niveles de empleo altos, que a problemas de “precios excesivos”. Adicionalmente, los controles de precios sobre mercados potencialmente competitivos y los rezagos en los ajustes de precios ante inflaciones recurrentes, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas absolutamente insostenible en el tiempo.

Tal insostenibilidad se debe a que se destruyen incentivos a la producción y a la expansión de la misma. Este escenario ante episodios de eventual recuperación del poder de compra por parte de los consumidores, acrecienta la brecha entre oferta y demanda, produciendo no solo desabastecimiento, sino igualmente creando incentivos para la conformación de mercados informales en los cuales se venden los productos regulados a precios fuera de la regulación. Asimismo, las empresas en legítima toma de decisiones estratégicas recomponen sus líneas de producción a favor de aquellos productos que le reportan, cuando menos, menores pérdidas o mayores beneficios. Debemos destacar el hecho de que lo anterior no implica que las empresas dejen desprovisto de oferta a mercados de estratos socioeconómicos bajos. De hecho, en países como Venezuela el diseño, diferenciación y mercadeo de productos de consumo masivo, tendería a estar enfocado a favor de las grandes masas de estratos socioeconómicos bajos.

Lo anterior no es baladí, ni resulta Ad Hoc, se basa en los propios incentivos privados por parte de las empresas productoras de satisfacer mercados de volúmenes. Así las cosas, en Venezuela donde los estratos socioeconómicos bajos representan la mayoría, las empresas tenderán, incluso en aquel caso que posea posición de dominio, a satisfacer tal mercado. Esto se explica por el simple hecho de que los beneficios producto de la expansión de la demanda al diseñar bienes y servicios para estratos socioeconómicos bajos, aun cuando sus márgenes de ganancias no sean elevados, compensarían con creces la reducción de volúmenes ante incrementos de precios que intenten descremar el mercado o simplemente satisfacer las necesidades de los consumidores con altas disponibilidades de pago. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la imposición de controles de precios, aun cuando respondiendo a nobles intenciones “a favor” de los consumidores, podría, primero, reducir los incentivos a la producción, segundo, incentivar el despliegue de prácticas de descreme del mercado (price skimming), tercero, incentivar la formación de mercados informales por parte de arbitristas que venderían por fuera de los precios de la regulación y los controles, y cuarto, fomentaría el comercio de extracción que financiaría a los consumidores y comerciantes extranjeros. El exceso de controles debería ser analizado a la luz de nuestros vecinos, no ocurra que perdamos competitividad como país para la inversión y la producción, traducido en márgenes y condiciones económicas insostenibles para cualquier actividad económica-productiva. Finalmente, la financiación, subsidio o la producción pública no constituye una solución per se. Primero, los recursos públicos implican costos de oportunidad importantes para la sociedad. Segundo, los incentivos de eficiencias y de generación de rentas vía productividad y ahorro de costos desaparecen al pasar de un productor privado a uno público. Economista Master in Competition and Market regulation Barcelona Graduate School of Economics (Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, CREI). Con especializaciones en Agua, Transporte, Telecomunicaciones, Energía y Banca. Master en Economía Industrial Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones Especialización en Economía del Sector Energía Especialización en Economía del Sector Transporte Especialización en Economía del Sector Farmacia Universidad Carlos III de Madrid Programa Avanzado en Política de Competencia Instituto de Empresas Experto-consultor en Derecho y Economía d la Competencia y la Regulación Económica  HYPERLINK «mailto:[email protected]

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