Economía

Corte Suprema británica decidirá la próxima semana quien manejará el oro venezolano

La próxima semana la Corte Suprema británica dará a conocer el fallo sobre el litigio de las reservas de oro de  Venezuela que se encuentran retenidas en el Banco de Inglaterra.

El caso que llegó a los tribunales británicos en 2020, luego que el Banco de Inglaterra negara entregar el oro al Banco Central de Venezuela (BCV), tras argumentar que había un pedido similar a la junta bancaria designada por el presidente interino Juan Guaidó.

En principio la corte comercial de Londres había determinado que Guaidó era quien tenía la autoridad para disponer de las 30 toneladas de oro, las cuales están valoradas en más de 2 mil millones de dólares, dado que el canciller Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario encargado de Venezuela en febrero de 2019.

Sin embargo esta medida fue revertida, dado que el Tribunal de Apelaciones consideró que Guiadó como presidente ‘de jure’ no excluía que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente de hecho.

Tras esta controversia, los representantes legales del canciller británico, Dominic Raab, deberán aclarar ante la Corte Suprema a quién reconoce el gobierno como jefe de Estado y Gobierno de Venezuela, toda vez que Londres mantiene relaciones diplomáticas normales con Caracas.

Leigh Crestolh, abogado del bufete londinense Zaiwalla & Co., que representa al Banco Central de Venezuela señala que a los observadores internacionales de este caso, podría sorprenderles la posibilidad de que una declaración unilateral de reconocimiento político por parte de las autoridades del Reino Unido pueda despojar un país soberano de sus activos depositados en Londres.

Los abogados apuntaron, además, que mientras el caso se dirime en las cortes británicas, otros bancos europeos accedieron a la solicitud del gobierno venezolano y procesaron los pagos destinados a comprar suministros médicos para combatir la covid-19, incluidas las vacunas.

Las sanciones internacionales contra Venezuela permiten de manera explícita hacer esos pagos para proteger vidas, por lo que la demora por parte de la justicia británica tiene un costo humano real, alegó el bufete.

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