Cuarenta años discutiendo sobre la OPEP y Venezuela

Intentar hoy un análisis retrospectivo de la política petrolera venezolana, no es una inocente propuesta académica: tiene toda la intencionalidad de aprovechar las lecciones que nos dan las incidencias ocurridas en el mercado petrolero en los últimos 4 años. Desde mi muy particular punto de vista, lo sucedido en este lapso ha derrumbado muchos mitos forjados, a través del control de los medios de comunicación masiva, por cierta elite vinculada al negocio petrolero privado en Venezuela, los grandes intereses petroleros internacionales y sus socios-agentes dentro de las cúpulas gerenciales de la empresa petrolera pública.

Se trata de una vieja discusión, cuyo inicio lo podemos hacer coincidir con la fecha de fundación de la OPEP. Desde un principio, los sectores sociales venezolanos que habían sido beneficiarios privilegiados del negocio petrolero, vieron en las iniciativas restrictivas de la producción que propiciaba esa Organización una amenaza a sus intereses. Paradigmáticas en este sentido han sido las posiciones del Dr. Arturo Uslar Pietri, quien hace más de cuarenta años se opuso ardorosamente a la creación de la OPEP y en cada una de las décadas siguientes ha dejado numerosos testimonios de su consecuente opinión, según la cual, «la OPEP nunca ha beneficiado a Venezuela».

Desde luego, ello también fue estimulado por las corporaciones petroleras extranjeras, las cuales resistían cualquier intento de reivindicación de una justa participación en el negocio petrolero por parte de las naciones bajo cuyo subsuelo se encontraba el petróleo.

Para las compañías, la posición anti-OPEP era la natural de cualquier patrono, o dueño de algún negocio, que trata de impedir que sus contrapartes -clientes, proveedores o empleados- se organicen para defender sus intereses comunes: es la eterna fobia patronal contra la sindicalización. Para las elites criollas asociadas al negocio, la emergencia de la producción del Medio Oriente y las perspectivas de limitación de la participación del petróleo venezolano también era una amenaza, por razones obvias y proporcionales: a menor producción petrolera menos negocios particulares. Ello se enfatizaba con tintes dramáticos cuando se recordaba la circunstancia de que Venezuela había sido, hasta la década de los años 60, el primer exportador mundial de petróleo y que en 1955 la mitad de las inversiones petroleras mundiales, fuera de los Estados Unidos, habían sido hechas en Venezuela.

Desde luego, estas menciones volumétricas, que afectaban a una forma particular de participación nacional en el negocio petrolero, como es la de los beneficios obtenidos por sectores empresariales vinculados a las operaciones físicas y financieras de las concesionarias petroleras en el país, dejaban de lado cualquier referencia a otro aspecto de la participación nacional, a mi manera de ver el más importante, tanto por su magnitud intrínseca, como por su naturaleza pública, teóricamente de interés para todos y cada uno de los venezolanos: la participación fiscal y patrimonial de la Nación, entendidas como contrapartida por la liquidación de un activo de altísimo valor -en tanto que generador de rentas extraordinarias- cuya propiedad, de naturaleza colectiva, otorga al Estado el derecho a exigir una remuneración soberana.

En este debate, el problema no es de legitimidad, sino de la necesaria prioridad del interés colectivo sobre el interés particular: la expansión de los negocios particulares tiene límites, asociados a la eficiencia productiva, a la extensión de la vida de los yacimientos y a la racionalización de la participación unitaria nacional en ese negocio.

En cuanto a las dos primeras limitantes mencionadas, de orden técnico-operativo, surgen de la propia naturaleza de los yacimientos petroleros y son ampliamente conocidas por los operadores de esa industria: acelerar la explotación de un yacimiento más allá de los óptimos técnicos establecidos produce una merma sensible en la recuperación total a largo plazo. Ello quedó evidenciado, lamentablemente para Venezuela, con la sobre-explotación ejecutada por las concesionarias extranjeras en la década de los 60, como respuesta a las políticas de reivindicación de los derechos nacionales impulsados por Juan Pablo Pérez Alfonzo, en particular, el establecimiento del principio de «No más concesiones» y la fundación de la OPEP. En efecto, la extracción de crudos de los yacimientos venezolanos fue elevada, desde 2,6 millones de barriles diarios en 1960 a 3,7 millones en 1970. Ello se hizo violando todo los preceptos técnicos establecidos por las mismas compañías. Las consecuencias se hicieron evidentes en los quince años siguientes, cuando la capacidad de producción fue mermando constantemente, hasta llegar en 1985 a producir apenas 1,8 millones de barriles diarios. Hoy, las consecuencias se miden en mayores costos de recuperación de unos yacimientos maliciosamente administrados, los cuales, por ello mismo, han tenido que ser sometidos todos a la onerosa «terapia intensiva» de la recuperación secundaria, con la cual se detiene la «tendencia natural» a la declinación de su capacidad potencial de producción, estimada por PDVSA en un 22% interanual. Lo cierto del caso es que en ningún tipo de actividad productiva es factible, en términos económicos, expandir la producción más allá de la capacidad de diseño de las plantas: pasado ese punto óptimo se comienza a recorrer la rama ascendente de la curva de los costos, en la cual estos crecen más rápidamente que los ingresos generados por cada unidad de producción que se incremente.

La tercera limitante mencionada antes, referida a la maximización de la participación unitaria de la Nación en el negocio, es precisamente la que tiene que ver con los precios: En todo mercado, se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda cuyo resultado es el precio. Existe una relación óptima entre volúmenes ofrecidos y precios. No puede pretenderse conquistar mercados cuando, en condiciones de saturación de la oferta, las cantidades adicionales vendidas generarán una caída de los precios más que proporcional, al punto de determinar una caída del ingreso total.

Circunstancias tales como ésas las vivimos, desde 1997 hasta febrero de 1999: La industria petrolera venezolana, comprometida dogmáticamente con un plan de expansión fundado en una supuestamente gigantesca base de recursos (reservas probadas para 300 años, sobre cuya dudosa realidad no podemos extendernos), violentó completamente los compromisos asumidos en el seno de la OPEP en cuanto a las cuotas de producción como mecanismo estabilizador de los precios y, al presentarse el factor externo de la crisis asiática, se produjo la violenta caída de los precios que los llevó a niveles de 7 dólares el barril para la «cesta venezolana» de crudo y productos.

La insistencia en el rumbo expansivo en medio de la debacle de los precios llevó a los directivos de PDVSA a alcanzar cumbres del absurdo económico: «compensaremos la caída de los precios con más producción», decía en febrero de 1998 el Vicepresidente de PDVSA, «ampliaremos nuestro plan de expansión a 7 millones de barriles diarios», anunciaba en el Congreso Mundial de la Energía el Economista Jefe, «la OPEP no tiene ninguna posibilidad de revertir la tendencia a la baja de los precios, sólo controla el 40% de la producción mundial» teorizaba Alberto Quirós Corradi. «La OPEP es un club de Pinochos», acusaba el Pinocho mayor, Erwin Arrieta.

El resultado de tales conductas y posiciones quedó a la vista de todos, y a regañadientes, maldiciendo las cuotas y amenazando a todo aquél que osara mencionarlas, los chapuceros dirigentes petroleros del pasado quinquenio fueron obligados a pactar los ahora llamados «recortes». Se reconocía así la existencia de la sobreoferta y su incidencia en la caída de los precios, pero, consecuentes con sus actitudes tramposas, no se cumplieron los acuerdos y los precios siguieron cayendo. Sólo fue hasta marzo de 1999, cuando en el mercado se percibió que el nuevo gobierno venezolano si cumpliría sus compromisos, que los precios comenzaron a recuperarse.

Desde luego, es claro que la OPEP no es la única determinante de la evolución del mercado petrolero. De hecho, es apenas un factor entre otros grandes poderes, pero la circunstancia de reunir a los oferentes de más del 40% de la producción mundial y casi el 70% de todo el petróleo que se negocia internacionalmente, le permite tener una voz propia y ejercer una acción sensible en cuanto al rumbo de la variable fundamental: el precio. Ese precio es el resultado de un equilibrio de poderes, un juego en el que los demandantes netos de petróleo, encabezados a por los Estados Unidos y los demás poderosos miembros de la Agencia Internacional de Energía «negocian» el precio de los suministros domésticos e importados con los países productores de la OPEP y fuera de ella, intermediado todo el proceso por el interés fundamental de las grandes transnacionales petroleras y no petroleras. Un juego en el que todos quieren maximizar sus beneficios y en el que, para poder lograrlo, dejan a la OPEP un campo limitado de opciones, pero que también constituyen posibilidades reales de tomar decisiones determinantes sobre el rumbo del mercado. Por ejemplo, la OPEP puede, como lo hizo entre 1997 y 1998 guiada por la locura expansionista de los dirigentes petroleros venezolanos de la época, desestabilizar el mercado y hundir los precios por debajo de los costos de producción de la mayoría de los productores mundiales y, en su euforia «competitiva», llevar la economía de sus respectivos países a crisis como la que está viviendo nuestro país desde entonces. (Esto, a la postre, no convino a nadie y es lo que ha permitido que funcione la actual política de recortes). Pero lo contrario no es cierto: la OPEP no puede restringir la demanda permanentemente y llevar los precios, como «sería justo» hacia la recuperación de los niveles de ingresos reales perdidos por la erosión que han causado la inflación y la desvalorización del dólar desde 1973 hasta nuestros días. funcionarían allí todos los sistemas de alarma y se utilizarían todos los recursos del poder para ponernos dentro del carril que «nos corresponde», que nos ha sido asignado en el equilibrio de fuerzas que mencionaba antes. Todo esto está, una vez más, por cuadragésimo año consecutivo, planteado ante nosotros.