De nuevo en defensa de la propiedad privada
El teniente coronel que desde 1999 se hospeda en Miraflores anda tan extraviado en este mundo y marcha en una dirección tan rara y extravagante, que ha obligado a quienes nos ocupamos de comentar los asuntos nacionales, a ventilar de nuevo temas y asuntos que se pensaba habían sido dilucidados después de que el Muro de Berlín quedó convertido en polvo por la rebelión del pueblo alemán, la Unión Soviética se desintegró sin que hubiese sido invadida por el imperialismo norteamericano, y China y Vietnam emprendieron el camino hacia el capitalismo, dejando de lado, aquella, las nefastas enseñanzas de Mao, y esta la guerra contra el enemigo invasor. Resulta que en nuestro singular país es urgente subrayar la importancia de la propiedad privada como palanca del desarrollo y la equidad, asunto que solo se pone en duda en Corea de Norte, Cuba y, desde hace algún tiempo, aquí en Venezuela, tres sociedades empobrecidas y atrasadas. Otra vez hay que acudir a la experiencia comparada y a voces que por su autoridad intelectual y moral resulta difícil cuestionar.
Amartya Sen, el celebrado premio Nóbel de Economía y figura a la que acude de vez en cuando el Presidente de la República, en su libro Desarrollo y Libertad señala que la propiedad privada, junto a la democracia, es un componente esencial del desarrollo humano y factor insustituible cuando se busca elevar la calidad de vida de la gente. Este planteamiento, documentado ampliamente por historiadores tan prestigiosos como Richard Pipes, es el punto de partida del enjundioso ensayo escrito por Ignacio de León titulado La Propiedad Privada como Causa del Progreso, el cual acaba de aparecer en la Colección Venezuela Hoy patrocinada por CEDICE-Libertad.
Los planteamientos de Sen, Pipes y De León, conectados con la tradición liberal, cuyos atisbos iniciales aparecen en la Grecia Clásica, se fortalecen con la Revolución Industrial y con pensadores como Adam Smith y John Locke, y se extienden hasta nuestros días, lamentablemente son desechados por el Gobierno. El camino que emprende el primer mandatario, al contrario, apunta en una dirección completamente opuesta. Desde el 1999, Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde la propiedad privada ha estado sometida a más presiones y acosos. La invasión de fincas, haciendas y, en general, de tierras agrícolas, ha sido una práctica común por parte de grupos protegidos y promovidos por el Gobierno. También, inmuebles urbanos privados se han visto bajo la misma amenaza. Numerosos edificios residenciales han sido tomados y ocupados por personas que se identifican con la política gubernamental. Los empresarios del campo y la ciudad, igualmente, se han visto perseguidos y hostigados. Industrias importantes, bancos y grandes cadenas de comercialización sido intimidadas. Del hostigamiento no se han librado ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños empresarios privados. El episodio con los productores del Valle del Turbio representa una muestra más del drama que padecen los propietarios.
Este clima de incertidumbre y zozobra a los que se ha sometido a la propiedad y a los empresarios, conduce a que la inversión privada, tanto nacional como foránea, haya sido muy reducida si se le compara con las enormes potencialidades de Venezuela, especialmente a raíz del aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo a partir de 2004. Nunca antes el país había disfrutado de un ciclo tan prolongado de oportunidades; pero tampoco, nunca antes se había incurrido en tantos desaciertos, muchos de ellos premeditados, ni se habían desperdiciado tantas ventajas como las que ofrece la bonanza petrolera. De haber contado la nación con autoridades que respetasen los derechos de propiedad y garantizasen las inversiones, tal como lo ocurre en las sociedades que más progresan, hoy Venezuela disfrutaría de un nivel de bienestar, progreso y equidad equiparable al de los países más desarrollados del mundo.
Las amenazas contra la propiedad constituyen un ataque directo a la calidad de vida, al progreso y a los derechos de los ciudadanos, especialmente a los de los más pobres. Las sociedades que han alcanzado los más altos grados de democracia y libertad son esas que han entendido que la propiedad privada es un derecho humano inalienable y un componente esencial e insustituible en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. A la propiedad privada están indisolublemente ligados el aumento de la inversión y la sana competencia entre los empresarios, el incremento del empleo y los salarios, la elevación de la producción y la productividad, la mejora de la eficacia y la eficiencia del aparato económico y la expansión de los servicios públicos. Todos los eslabones del círculo virtuoso que favorecen la vida de los seres humanos se conectan con la propiedad privada.
Cuando esta desaparece o se reduce sensiblemente, la vida cotidiana de la gente se ve afectada en la misma proporción. De allí que los regímenes comunistas y, en general, colectivistas siempre significan retroceso y empobrecimiento para los pueblos que sufren ese tipo de sistemas.
La propiedad privada fue uno de los derechos fundamentales que quedaron reafirmados el 2-D. El pueblo percibió con claridad que el modelo comunista propuesto por el jefe de Estado, conspiraba contra las posibilidades de mejorar el nivel de vida de esa mayoría que aspira a llevar una vida mejor, y que busca garantizar el presente y el porvenir, sin depender de los caprichos de un gobernante que se cree dueño del destino de los venezolanos.
