Del monopolio a la competencia en las telecomunicaciones

Venezuela se encuentra en la transición del monopolio a la competencia en sus telecomunicaciones. Con ello, el país se suma a las tendencias mundiales que impulsan la liberalización del sector y el cambio en sus paradigmas regulatorios. Veamos a continuación cuáles son las fuerzas que obligan a la apertura y cómo actúan en las telecomunicaciones para hacer de la competencia la alternativa más viable en las actuales circunstancias.

Las telecomunicaciones en Venezuela han atravesado por varias etapas que se definen por el nivel de su desarrollo tecnológico y por el grado de intervención estatal en el sector. La primera etapa se inicia con el nacimiento mismo de la industria en el país, digamos a finales del siglo XIX, cuando el servicio comienza a ser prestado por varias compañías privadas con independencia operativa unas de las otras. La segunda etapa se inicia en los años cincuenta cuando el Estado comienza a nacionalizar esas compañías, convirtiendo a la CANTV (para la época una compañía privada) en el organismo oficial para la operación y expansión de la red telefónica. A partir de entonces, las telecomunicaciones serían una actividad reservada, regulada y operada por el Estado, aunque su estatus como actividad reservada al Poder Nacional se había establecido en la Constitución de 1914. A finales de los años ochenta, las telecomunicaciones son afectadas por la crisis del Estado empresario cuya consecuencia más notoria fue el deterioro pronunciado de la red telefónica al punto de hacerse insostenible la propiedad estatal de la empresa de telecomunicaciones. Los enormes recursos requeridos para modernizar las redes y la incapacidad del gobierno para obtenerlos, dieron origen a la reestructuración del sector, cuya medida más importante fue la privatización de la CANTV en 1991.

En noviembre de ese año se firmó el contrato de concesión que otorgó a la CANTV un período de nueve años para prestar en condiciones de concurrencia limitada (léase monopolio) los servicios de telefonía local, larga distancia nacional, larga distancia internacional, redes privadas, y telex. Debemos recordar que los restantes servicios de telecomunicaciones, tales como celulares, transmisión de datos, valor agregado, trunking, buscapersonas, etc, han estado en total competencia desde entonces mostrando óptimos resultados para el país y su economía. El período de concurrencia limitada concluye el 27 de noviembre de este año, dejando a los reguladores el camino libre para permitir la presencia de múltiples operadores en el segmento de los servicios básicos de telecomunicaciones.

La concurrencia limitada tuvo razones muy concretas. En primer lugar, era vital establecer incentivos que atrajeran potenciales operadores en un negocio que todavía mostraba fuertes economías de escala. Grandes sumas de dinero eran requeridas para modernizar una red que se deterioraba rápidamente en términos de calidad y cobertura. En segundo lugar, la concurrencia limitada permitía hacer menos doloroso para los consumidores el rebalanceo de tarifas que pusiera “en línea” los precios y los costos del servicio básico, acabando así con los subsidios cruzados desde la larga distancia nacional e internacional. Debemos resaltar que ante la presencia de subsidios cruzados, la competencia entre múltiples operadores no generaría la eficiencia económica esperada puesto que las inversiones irían a los segmentos con mayores precios (la fuente de los subsidios) dejando a un lado a los segmentos de menores precios y mayor necesidad de desarrollo como era y sigue siendo el caso de los servicios básicos. Finalmente, la concurrencia limitada permitió una transición ordenada a la libre competencia al tiempo que permitía la expansión de la red existente.

Las alternativas a la concurrencia limitada no eran viables. El gigantesco déficit operativo y las enormes necesidades de financiamiento que enfrentaba la CANTV impidieron que el gobierno aprobara simultáneamente la competencia y la privatización. Tal medida hubiese requerido un rebalanceo inmediato de las tarifas (aumento de las locales hasta eliminar el déficit operativo de la empresa y la disminución proporcional de las de larga distancia) con enormes repercusiones sociales. Tarifas que eliminaran el déficit de la empresa en el corto plazo hubieran dejado fuera del mercado a un gran sector de la población que no estaba en condición de pagar el incremento tarifario. La expansión de la red que hemos visto en los últimos diez años no se hubiese producido ante la insuficiencia de la demanda de servicios.

La competencia en las telecomunicaciones es la consecuencia de significativos cambios tecnológicos, económicos y regulatorios que se vienen dando desde hace varios años. El cambio más notable es el espectacular desarrollo tecnológico que ha puesto en entredicho el estatus de las telecomunicaciones como monopolio natural. Esa condición justificaba el otorgamiento de derechos monopólicos una empresa en particular (generalmente pública) que en virtud de sus economías de escala (costos decrecientes a medida que aumenta el número de sus clientes) podía cobrar tarifas más bajas. El costoso conjunto de elementos físicos que conecta los hogares a las centrales de conmutación (la llamada “última milla”), ha dejado de ser una infraestructura difícil y costosa de duplicar por otras empresas. En la actualidad, la compleja trama de ductos, cables, armarios, y postes tiende a ser sustituida por nuevas tecnologías donde destacan la fibra óptica y el cable coaxial, así como otros desarrollos inalámbricos (microondas, WLL, celular, LMDS, satelital, etc) que facilitan de una manera eficiente y confiable la conexión de los hogares y oficinas a las redes de telecomunicaciones, a la vez ofrecen una mayor capacidad de transmisión (ancho de banda).

Los avances tecnológicos hacen inviables los complejos arreglos de subsidios cruzados que los gobiernos han mantenido desde las primeras etapas de la industria de las telecomunicaciones. En los mercados donde no existe competencia, las altas tarifas en larga distancia normalmente subsidian los servicios locales como resultado de las orientaciones redistributivas de los gobiernos. Cuando la tecnología hace irrelevante la distancia, entonces las tarifas de larga distancia deben bajar con lo que se elimina la fuente tradicional de los subsidios que han mantenido a las tarifas locales en bajos niveles.

A los avances tecnológicos se unieron factores económicos y regulatorios. La mayor accesibilidad y menor costo de los servicios de telecomunicaciones, producto de las nuevas tecnologías, fueron potenciados por el crecimiento económico que aumentó en muchos países la capacidad de consumo de la población. Esto generó un circulo virtuoso de creciente demanda de nuevos servicios e innovación tecnológica. La consecuente segmentación de los mercados y el aumento de los volúmenes demandados en cada uno de ellos, redujo el tamaño de la masa crítica de clientes que las empresas necesitaban para ser rentables. En el caso concreto de Venezuela, si bien no hemos experimentado el sostenido crecimiento económico de otros lugares, la gran demanda insatisfecha, la apertura económica y las indetenibles influencias externas, han insuflado al sector la dinámica que hoy le es característica.

La competencia entre múltiples operadores fue la respuesta obvia a la situación arriba descrita: los viejos monopolios ya no generaban las eficiencias económicas derivadas de sus economías de escala ante mercados tan diferentes. Los gobiernos, por tanto, obligados por las tendencias mundiales comenzaron a sustituir los obsoletos marcos regulatorios para convertirse en los promotores y guardianes de la dinámica competitiva en el sector.

La competencia en las telecomunicaciones es también el resultado de la indetenible globalización. La maduración de los mercados de los países más desarrollados, especialmente los Estados Unidos, obligó a sus grandes compañías a expandir operaciones a mercados de más rápido crecimiento. Con ello, se creó una especie de lobby global que presiona por la liberalización y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera en el sector. Ese es el espíritu de los acuerdos firmados en el marco de la Unión Mundial del Comercio en 1997. La gran demanda insatisfecha en los países menos desarrollados coincidió con la necesidad de los grandes operadores internacionales de expandir sus negocios. Así también se explica la fiebre de fusiones alrededor del mundo. La feroz competencia obliga a la reducción de costos, la innovación acelerada, el empaquetamiento de un mayor número de servicios y al crecimiento de las cuotas de mercado para impulsar los índices de ganancias. El negocio de las telecomunicaciones se ha convertido en una batalla global donde múltiples operadores luchan por aumentar su parte del apetitoso pastel.

La nueva etapa de competencia en los servicios básicos es una oportunidad de oro para dinamizar la maltrecha economía nacional y satisfacer las múltiples necesidades que en ese terreno tienen los venezolanos. De la competencia se espera mayor innovación tecnológica, nuevos servicios, mayor calidad y menores precios. Eso sólo será posible si existe un marco regulatorio que garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes y los incentivos apropiados para atraer la inversión nacional y extranjera tan necesaria ante la profunda recesión por la que atraviesa el país. Hay que recordar que las telecomunicaciones son la infraestructura fundamental de la economía del siglo XXI y no un simple enclave como algunas personas han sugerido. Venezuela no puede perder esta oportunidad si pretendemos entrar con éxito a la sociedad del conocimiento.