Desterrados en revolución
El 15 de febrero de 2010, un lunes de carnaval y en horas de la madrugada, un grupo de 13 personas pertenecientes a una comuna de la región de El Tocuyo, tomó por la fuerza una pequeña finca dedicada al cultivo de caña de azúcar y hortalizas de 213 hectáreas. Durante los siguientes tres días varias familias, con hijos menores, quedaron atrapadas bajo secuestro y amenaza sin siquiera poder salir a buscar alimentos.
Los comuneros liderados por el dirigente del PSUV de esa localidad, Carlos Vargas Escorche, y avalados por el alcalde de Morán, Fidel Palma, se apostaron en los portones de la finca, lanzaron cohetes, bebieron alcohol y blandiendo machetes a lo zamorano, lanzaron consignas alusivas a la toma de tierras y encadenaron las puertas de manera que nadie entraba y nadie salía.
La finca San Pablo, sitiada desde aquella madrugada, pertenecía a Fernando Anzola y otros cuatro hermanos. De suelos productivos desde 1819, finalmente fue confiscada por el INTI al ser declarada como tierra ociosa. Sus dueños, echados a la calle sin siquiera poder retirar sus enseres personales, mantienen la esperanza de que algún día el INTI los reciba y les permita al menos un derecho de palabra, para demostrar que la finca sí era productiva y que la cadena de titularidad data de dos siglos atrás.
Fernando Anzola, ingeniero de profesión y especializado en el área agrícola, luego de toda una vida de labores en esos suelos, deambula desempleado con una maleta llena de documentos, de oficina en oficina y organismo en organismo, con la esperanza de que alguien en el Gobierno abogue por sus derechos, y su familia pueda algún día recuperar algo de lo que tanto les costó a punta de esfuerzo, trabajo y estudio.
Hoy la finca que está en manos de la comuna que opera en el Municipio Morán, mantiene cerrado el acceso a esos predios, la propiedad ha sido desmantelada y desde afuera solo se vislumbra una tierra árida donde antes florecían los cultivos.
En su discurso del pasado 23 de Enero, el presidente Hugo Chávez envió un mensaje a la clase media señalando que «esta revolución también lucha por la clase media y defiende sus intereses». Asimismo llamó a sus seguidores a «no permitir que la burguesía le quite a la revolución la clase media».
Sin embargo la práctica del Gobierno y sus Consejos Comunales han ido en un sentido contrario a ese discurso. Según cifras recopiladas por el «Observatorio de Derechos de Propiedad» que coordina el investigador Felipe Benítez, solo en Caracas durante el mes de diciembre de 2010, 47 hoteles han sido tomados como refugios para damnificados, otras 47 fincas fueron expropiadas, 11 estacionamientos en el Municipio Libertador y seis terrenos dedicados a actividades comerciales tomados por comunas y confiscados. En estos últimos casos no se trata de multinacionales o grandes propietarios, sino de pequeños comercios manejados por gente que vive de ese negocio. De la noche a la mañana encuentran allí a la milicia, a comuneros y sin que medie alguna orden judicial y menos «el diálogo» son desalojados a la fuerza sin que exista alguna compensación.
Echados de su propio suelo
La pesadilla del secuestro de la finca San Pablo se extendió por los meses de abril y mayo sin que autoridad alguna pudiese intervenir a favor de los afectados y en defensa de los menores. A pesar de que el INTI había instado a los comuneros a despejar la vía de acceso, de manera de que continuaran con sus labores de producción, los tomistas permanecieron allí, organizaron templetes con equipos de música con alto volumen y amenazas a dueños y trabajadores. La única actuación de la GNB fue solicitar a los tomistas deponer su actitud violenta. Los tomistas se retiraban por algunos días pero luego regresaban con mayor hostilidad, amenazas e impidiendo el paso de vehículos. Tampoco resultaron las ocho denuncias interpuestas ante la Fiscalía, por el contrario se desentendieron del asunto.
Finalmente el 10 de junio, según narra Fernando Anzola, en un acto «bochornoso» los funcionarios del INTI se presentaron con una orden de desalojo y una «turba» integrada por comuneros, motorizados y vehículos, dado que la finca fue declarada como «tierra ociosa».
Es sí que la familia de Anzola, sus empleados, y otras familias que vivían en esos predios, fueron echados a la fuerza, en nombre del «rescate de las tierras» y de la revolución. «Esa era mi vivienda principal. Allí vivía con mi esposa y mi hija de seis años. Allí tenía mi oficina, mi computadora y todos mis implementos de trabajo», lamenta Fernando Anzola.
Mientras se retiraban con hijos y familiares, los desterrados eran objeto de denuestos e insultos por parte de los tomistas. Es así que al son de una música estridente y bebidas exaltantes, procedieron a llenar un estanque que transformado en piscina sirvió de centro para la gran fiesta expropiatoria. Esa fue la última imagen que guardaría Fernando, su familia y algunos de sus más cercanos empleados, mientras abandonaban las tierras que por muchísimos años fue su medio de sustento.
Dos familias resisten
Entre los que se han negado a salir de la finca se encuentran dos familias que por varias generaciones trabajaron con los Anzola. Uno de ellos, Orlando Vargas, quien fuera uno de los encargados. Su cuñado Rigoberto Pernalete y su hijo, casi encuentran la muerte luego de las amenazas recibidas tras la ocupación de la finca por parte de la comuna.
Orlando Vargas permanece en la finca con su esposa y sus cuatro hijos. Era el encargado de la hacienda, en la que la familia de su esposa (Pernalete) ha trabajado allí por varias generaciones que suman más de 100 años. Su casa se encuentra al lado de la casa principal. A pesar del hostigamiento se niegan a abandonar su vivienda, aunque ya no recibe su salario dado que no hay producción. Alega que no conoce otra forma de vida y se quedará allí para defender lo que considera que le pertenece por derecho.
Su cuñado, Rigoberto Pernalete, quien también trabaja en la finca, fue herido junto a su hijo, luego de recibir amenazas por parte de los comuneros. El episodio ocurrió cuando se dirigía a El Tocuyo en una moto. Así lo atestiguó ante al Fiscalía: «El día domingo 29 de agosto de 2010, a las 10:00 de la mañana, partí desde mi casa en el caserío Los Cocos y me dirigía a El Tocuyo en compañía de mi hijo Carlos Pernalete C.I. 25.506.050 a bordo de mi motocicleta. A la altura del paso por la Quebrada El Hatillo, observé dos individuos en actitud sospechosa y me detuve por precaución. Esperé y en seguida un mototaxista de nombre Antonio Rodríguez que viajaba en la misma dirección en compañía de dos menores, se presentó y resolvimos continuar juntos, pues los individuos no se veían más. Apenas intentamos cruzar la quebrada aparecieron los tipos con armas, y de inmediato dimos marcha atrás para regresarnos pero los pistoleros comenzaron a disparar hacia mí y un balazo alcanzó a mi hijo por la espalda y a mí, el tiro que lo atravesó a él, me rozó en un costado, pero pudimos escapar al ataque afortunadamente.»
«Fuimos trasladados al hospital de El Tocuyo y me atendieron la herida (…) Mi hijo fue llevado de urgencias al hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, fue intervenido en una operación, donde se encuentra actualmente aún delicado de salud.»
Aunque no pude ver las caras de mis atacantes, tengo dudas porque el día anterior, el sábado 28 de agosto, estuve en la hacienda San Pablo donde trabajo, pues la casa fue asaltada por invasores y temía por la seguridad de mi familia que allí reside desde hace muchos años. En ese momento fui insultado por los invasores quienes me obligaron a retirarme de la casa invadida por estos sujetos. Aunque no puedo confirmarlo con seguridad me parece sospechoso que el ataque dirigido directamente a mí, algo que nunca me había pasado desde que vivo allí, haya ocurrido precisamente al día siguiente del incidente en donde fui amenazado por los invasores, quienes nos dijeron a mi cuñado, Orlando Vargas y a mí, que nos iban a dar por donde más nos doliera».
Sandra Josefina Flores se desempeñaba como doméstica y cuidadora de la casa principal en donde vivía en compañía de su esposo (trabajador de la hacienda) y sus hijos. Así describe ella la noche horror que pasó cuando la casa fue invadida: «El día sábado 28 de agosto de 2010, a las 6:00 de la tarde, unas personas que invadieron la casa de la hacienda San Pablo que habían tomado desde el 10 de junio pasado, comandados por Carlos Vargas Escorche, vocero del consejo comunal del caserío San Pablo y acompañado por el señor Roque Palma, representando el alcalde de Morán, se presentaron armados de machetes en la casa donde residimos mi esposo, mis hijos y yo, y tumbaron las puertas de entrada y aterrorizaron a mis niños, insultaron con groserías al dueño de la finca y a otras a quienes llamamos en solicitud de socorro. Nos amenazaban con desalojarnos y en forma violenta sacaron los muebles y nuestras pertenencias de la casa de la finca, y nos desalojaron de la casa y ocuparon la residencia para poner música a todo volumen y formar una borrachera entre todos. Todo esto pasó a pesar de que existe una medida de protección emitida por la Fiscalía 1º con el expediente 14082, folios 13-F1-VM 400-10 al 13-F1-VM 543-10 y por la Fiscalía 20º con el oficio LAR-F20-1719 de fecha 13-07-2010, que no fueron respetadas en ningún momento.»
«Luego de una noche espantosa y temerosa de alguna agresión a mi familia, nos fuimos en la mañana del domingo 29 de agosto hasta la prefectura y después de mucho esperar a que llegara el prefecto Franklin Navas, éste se presentó en compañía de los agresores y no atendió las denuncias porque dijo que no habían agresiones físicas y que no nos había pasado nada, mientras los mismos agresores insultaban a las mismas personas que nos habían acompañado a poner la denuncia y por eso me siento completamente desamparada e indefensa ante tantas amenazas.»
