Economía

Desvían fondos de la CVG

Le toca responder a Giordani. En Guayana siguen preguntando por los ya célebres 500 millones de dólares que desaparecieron de las industrias básicas y, en esa onda, ahora le piden cuentas al ministro de Economía y Finanzas, Jorge Giordani. ¿Dónde están los recursos?, insiste el dirigente sindical y ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Manuel Díaz. «Dichos fondos fueron transferidos en su totalidad a los fideicomisos del Ministerio que ud dirige», sostiene en una carta que este martes envió al despacho del titular de Finanzas.

En nombre del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio (Venalum), Díaz acudió en abril a la Fiscalía Superior del Estado Bolívar, para pedir una investigación sobre los cerca de 500 millones de dólares que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) recibió al vender aluminio y alumina, por adelantado. Cuatro meses después vuelve a la misma fiscalía, para consignar otro oficio que da cuenta del paso de esos y otros recursos al Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden.

Parte de la producción de aluminio de los próximos cinco años fue cancelada por adelantado en una cuenta cifrada que el banco ruso, Gazprombank, tiene en una filial del Líbano. Esa sucursal tan remota plantada en el Medio oriente, ese banco con logo en alfabeto ruso y el poco flujo de caja que hay en las industrias básicas, motivaron a Díaz a pedir una investigación sobre el destino de los fondos.

El problema, sin embargo, ya no es dónde está el dinero sino en que será empleado. Ya se sabe que los recursos salieron de las cuentas del Ministerio de Industrias Básicas y Minería a las de la cartera de Finanzas: uno de los movimientos bancarios filtrados a la opinión pública -y consignado por Díaz ante el Ministerio Público- indica que más de 700 millones de dólares acumulados en la famosa cuenta del Líbano pasaron entre el 10 y 18 de marzo de este año a otra cuenta del Fonden.

En el sindicato de Venalum se preguntan cómo van a producir el aluminio que comprometieron a futuro, sin el adelanto que garantizaba materia prima y repuestos para poner a funcionar las máquinas. «Es de hace notar ciudadano Ministro que Guayana requiere con urgencia de esos recursos para consolidar su desarrollo y aumentar su producción», destaca Díaz en la carta que esta semana envió desde el estado Bolívar a Giordani.

Para el dirigente sindical, sin ese dinero no será posible cumplir con los contratos que el ex ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, firmó a finales del año pasado con las trasnacionales Glencore, Noble y otras que depositaron casi 500 millones de dólares en la misma cuenta bancaria del Líbano sobre la que se tejen tantas preguntas.

Sin respuestas

«En pro del fortalecimiento de la región y aunado a la consolidación del nuevo modelo productivo, solicitamos muy urgentemente (… ) sean asignados los recursos necesarios a las reductoras de aluminio, a los fines de evitar su inminente paralización y cierre», señala Díaz en la carta a Giordani. No hay respuestas sin embargo. Al menos hasta ahora, en el Ministerio no han querido referirse al tema.

Ni Giordani ni ningún otro representante de su equipo ha indicado por qué recibieron los fondos de las industrias básicas. Tampoco ha sido posible precisar una respuesta de su homólogo, José Khan. Desde que esta polémica estalló, las nuevas autoridades del Ministerio de Industrias Básicas y Minería han apelado al bajo perfil.

El ex ministro, Rodolfo Sanz, también prefiere que baje la marea. Hace dos meses aseguró que los contratos de aluminio nunca llegaron a los 500 millones. «Fueron 404.180.720 dólares y se gastaron en pago a proveedores, sueldos y salarios», dijo el pasado 6 de junio tras una retahíla de denuncias que lo señalaban como responsable. Esta vez, no obstante, quiere mantenerse al margen.

Tema espinoso

Quien sí confirmó que el dinero no fue reinvertido en las industrias básicas es el empresario Roberto Wellisch, más conocido en la Argentina como representante de la intermediaria Palmat, que en Venezuela como máxima autoridad de Glencore. Frente a un auditorio de trabajadores que pedían luces sobre los contratos a futuro que firmó con Sanz, admitió que el dinero no fue destinado para lo que fue acordado.

«Nosotros pagamos 312 millones de dólares entre Venalum, Alcasa y Bauxilum», dijo el pasado 17 de agosto en el auditorio Orinoco de Puerto Ordaz. «¿Qué hizo la CVG con ese dinero? Lamentablemente se que no llegó a la industria del aluminio; sabemos que fue a distintos lugares, incluso a una generación de electricidad de Sidor, y hasta allí llego».

Es un tema difícil, añadió. Wellisch, un empresario a quien no se le suele ver en público y sobre el que la prensa argentina ha relacionado con el caso de las «coimas», advirtió ese día que la trasnacional Glencore tiene más de 30 años en el país a través de la firma Palmat.

A contracorriente de las leyendas que lo acusan, entre tantas versiones, como ficha clave en una trama de comisiones negociadas en el marco de los convenios bilarerales de Miraflores y la Casa Rosada, aseguró que Glencore ha sido socio de la CVG durante décadas y que siguen juntos aún en tiempos de vacas flacas.

Fue entonces cuando el empresario argentino de pelo blanco, lentes grandes y acento sureño, reconoció que el dinero de los contratos a futuro no llegaron a la CVG: en medio de preguntas, peticiones y un toma y dame con el llamado control obrero de las empresas básicas, Wellisch informó que «en los contratos figura que el dinero tenía que estar destinado a cada una de las empresas».

Malos augurios

Por si alguien tenía dudas en el auditorio, todos confirmaron ese día que los fondos de la CVG fueron al Líbano en un viaje sin retorno a Guayana. Es un panorama que no pinta muy bien para las industrias básicas. No en vano, puertas adentro siguen hablando del fantasma de la bancarrota.

Desde hace ya varios meses, el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias, insiste en que las ventas a futuro «hipotecaron la industria». Señala que comprometieron al país a ofrecer una producción que ya era difícil de cumplir sin el recorte eléctrico. Ahora es peor, dice. Si no definen una estrategia antes de fin de año, está seguro que cada vez será peor.

Este jueves, el sindicato de Alcasa paró los embarques destinados a la empresa Glencore, para conminar a sus ejecutivos a renegociar las cuotas de aluminio que establecen los contratos de venta a futuro. «La junta directiva ha logrado sentarse con la Glencore y tengo entendido que sus representantes están dispuestos a revisar el contrato», comenta Arias, quien también es candidato a la Asamblea Nacional por el bloque de la Oposición en el estado Bolívar.

«Que se sienten de una vez porque Alcasa está quebrada», concluye. «Nosotros hemos exigido cárcel para los gerentes de la CVG que firmaron ese contrato; pusieron en riesgo el empleo de todos los trabajadores pero en este momento hay que limar asperezas y negociar las cantidades de aluminio que se ofrecieron».

Cuentos chinos

Los recortes eléctricos obligaron a Alcasa a parar dos de sus cuatro celdas de producción. Es un problema más fácil de entender a la hora de leer las estadísticas: los números han ido bajando progresivamente desde las casi 205.000 toneladas de aluminio líquido que se produjeron en 1998. Este año, sin embargo, apenas han llegado a 58.000.

Ni siquiera disponen en estos momentos de materias como coque, creolita y floruro de aluminio. Tanto en Alcasa como en las otras empresas básicas insisten en que necesitan dinero antes de tener que parar más celdas. Y algo parece claro hasta en los sindicatos que más críticaron los contratos a futuro: nada mejor vendrá con el plan de reactivación que se ha ido anunciando en alianza con China.

«El Gobierno no ha hablado con sinceridad, no ha dicho cuáles son sus verdaderas intenciones. Anunciaron el Control obrero para luego decir que es necesario un convenio con los chinos», alerta el dirigente sindical de Bauxilum, José Luis Morocoima.

Seguro de que al final de este año volverán cambios en la CVG, pide cuentas claras al Gobierno: «Tienen que decir qué va a pasar con los trabajadores porque ya nosotros sabemos las condiciones de los chinos. Vicene una reducción de personal, a los chinos no les gustan los sindicatos y menos en aluminio».

El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció el pasado 16 de mayo un plan conjunto con el gobierno chino, para «levantar y fortalecer» la producción de las industrias básicas venezolanas de hierro y aluminio. A pesar de que garantizó que esos convenios mantendrán los puestos de trabajo y hasta habló de ir absorbiendo a los contratados, en el estado Bolívar hablan de cuentos chinos. Aun hasta en los sindicatos más críticos ahora piden renegociar los contratos a futuro.

Los 100 días que pidió el Gobierno en junio, para relanzar la CVG bajo la figura del control obrero, terminan justo antes de las elecciones parlamentarias y antes de que sea tarde, Morocoima quiere saber si después de eso tendrán que apagar más plantas.

«Ellos no lo han querido decir, pero el Plan de los 100 días es un plan de sobrevivencia para afrontar una emergencia», concluye. «¿Qué está ocurriendo aquí? Que la emergencia es general porque no han dado ni medio para la reparación y mantenimiento de las plantas».

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