Economía

Devaluación y Salvaguardias: Llover sobre mojado

La función de una política industrial coordinada con la política comercial, arancelaria y para-arancelaria es promover la producción nacional, estimando fundamental el valor agregado que cada uno de los participantes de una cadena de producción y comercialización aportan al PIB (producto interno bruto).

En el proceso de coordinación en la toma de decisiones de los entes e instituciones encargadas de las respectivas políticas mencionadas supra, debe estimarse que las consecuencias de las políticas puestas en prácticas deben conseguir un incremento de la función de bienestar social o del bienestar conjunto de la sociedad.

En este sentido, y ante la coyuntura de recesión en la economía venezolana, el costo que implicaría beneficiar a la estructura más concentrada y oligopólica en la cadena de comercialización en cuestión, como lo son los productores internos de materia semi-procesada para los industriales de artes gráficas, no encontraría capacidad de soporte por el lado de la demanda final. Los efectos finales de políticas restrictivas a la competencia como las mencionadas anteriormente, conllevaría no sólo a rentas provenientes de las protecciones comerciales, sino que reduciría los excedentes de los consumidores, y destruirían demanda final no sólo por el efecto precio, sino por el efecto de una menor restricción presupuestaria.

Por otro lado la existencia de entes encargados de la administración de políticas públicas debe velar por la corrección de distorsiones y cuellos de botellas que se presenten en los mercados. Es así como entes como Procompetencia pueden aportar su opinión de forma vinculante a las decisiones de política comercial. La interpretación que se desprende de una protección de una estructura oligopólica, contra un renglón de la cadena que al encontrarse atomizados no poseen equiparable capacidad de negociación ante los diseñadores de políticas públicas y económicas, y encontrándose desprotegidos en términos económicos y comerciales ante los oligopolistas aguas arriba, nada beneficiará a la actividad económica nacional y al nivel de empleo.

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Un hecho que es absolutamente contundente, y que invalida cualquier posibilidad de proteger vía salvaguardias a los productores de papel nacionales, es la profunda corrección cambiaria que se ha producido en lo que va de año. La sustitución del régimen cambiario de un sistema de bandas por uno de flotación libre mejoró los términos de intercambio de los nacionales con relación a los extranjeros.

El nivel de sobrevaluación de la moneda para junio de 2001 se ubicaba en 52,77%, mientras que para junio de 2002 la sobrevaluación se ubica en –1,45%, lo que significa que para junio de 2002 la moneda se encuentra subvaluada y no sobrevaluada. Posiblemente este evento no se presentaba en Venezuela desde el periodo de control de cambio y tipo de cambio fijo anterior a abril de 1996.

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El efecto de la devaluación no sólo mejora la posición de los productores nacionales, sino que impacta negativamente a la demanda intermedia realizada por los industriales de artes gráficas, así como, impacta negativamente a la demanda final de los productos elaborados por los últimos.

La aplicación de una salvaguardia contra las importaciones de papel en Venezuela, no sólo representaría un caso de competencia desleal internacional, toda vez que los términos de intercambio ante la corrección cambiaria ubica al bolívar en una situación de subvaluación, sino que incentivaría a los productores nacionales a realizar prácticas de subsidios cruzados desde los consumidores nacionales hacia los consumidores o demandantes internacionales de la producción interna, lo que se convertiría en una práctica de dumping. Es así como se erigiría un incentivo de abuso de posición dominante contra los consumidores internos, gozando de rentas oligopólicas, facilitándoles el despliegue de subsidios cruzados, promocionando el dumping, destruyendo demanda interna, destruyendo los beneficios disciplinadores de la competencia, reduciendo al final, el bienestar conjunto de la sociedad venezolana.

La posibilidad de dumping se potencia más aún en la coyuntura de recesión económica actual, ya que la destrucción de demanda que supone la devaluación, el encarecimiento de la materia prima y de los productos finales, aunado a una salvaguardia, permite que todo excedente se coloque en mercados contestables externos a precios competitivos. Lo anterior también incentivaría una manipulación de los factores de producción, produciendo insatisfacción en la demanda de papel, que se “corregiría” con incremento de precios y destrucción de demanda.

Con la aprobación de salvaguardias contra la importación de papel en Venezuela, el gobierno estaría creando un monopolio o oligopolio nacional, sin posibilidad alguna de contestabilidad por parte de los productores extranjeros, destruyéndose la posibilidad disciplinadora y de competencia que beneficia vía precio y calidad a los consumidores finales.

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