Economía Política del Rojo Rojito
Una de las cuestiones más importantes en torno al tema de la regulación, las políticas públicas y las acciones administrativas y públicas tanto del Gobierno como del Legislativo es cuál debería ser el nivel óptimo de este tipo normas o acciones intervencionistas.
Los efectos de las regulaciones pueden ser las correcciones de externalidades y de incentivos mientras que demandan recursos para su construcción, puesta en marcha y seguimiento (enforcement).
Así, los efectos de la regulación pueden ser clasificados en dos tipos dependiendo de su aporte al bienestar social conjunto. El primero de los efectos positivo a favor de un mayor nivel de bienestar social es la reducción de las fallas de mercado. El segundo efecto, negativo en contra del nivel del bienestar social lo constituye el incremento de las fallas del gobierno. Por falla del gobierno podríamos entender que un exceso de regulación cree incentivos hacia el uso discrecional de las normas o que la regulación sustituya una situación de bienestar por una de nivel inferior.
La interacción o unión de estos dos efectos o fallas, como función de la regulación probablemente se manifieste por medio de no-linealidad, pero puede suponerse que existe una combinación de los efectos que resulten en una situación de bienestar máxima posible para la sociedad, lo que significa que exista solución interior o que el conjunto de soluciones posibles se encuentre acotado. El gráfico presentado infra ilustra la idea anterior y permite imaginar la lógica de la no linealidad y de la eventual pérdida de eficacia de una regulación a partir de cierto punto, así como el eventual aporte marginal decreciente de un proceso de desregulación (a partir de cierto punto).
Resulta cierto que las vías por medio de las cuales la regulación se relaciona con el crecimiento económico pueden ser numerosas, y se concretan por medio de diferentes canales del sistema económico, evidenciando la complejidad de la relación entre regulación y crecimiento económico.
Sin embargo, la regulación afecta al desempeño general de la eficiencia económica por medio de la reducción o el incremento de las fallas de mercado y del gobierno. La eficiencia puede mejorar a través de la modificación de los incentivos de los agentes hacia una reducción de la generación de externalidades negativas.
Muchas de las regulaciones aprobadas e instrumentadas no se fundamentan en razones estrictamente económicas, sino en motivos de redistribución de la riqueza, por defensa, para complacer grupos de adeptos buscadores de renta e incluso para “comprar” votantes (estos son motivos regulatortios que escapan, en ocasiones de las razones normativas y constituyen razones positivas de la regulación). Tales políticas o regulaciones inspiradas en estas razones positivas, intereses personales, grupales o electorales, y que distan del “deber ser” de la regulación, desde el punto de vista del crecimiento económico, constituyen fallas del gobierno, toda vez que minan la productividad, el proceso de creación-destrucción y el crecimiento económico.
Es así, como existe un criterio común sobre las posibilidades de actuación del gobierno (basado en el “deber ser” de las acciones públicas, incrementar el bienestar social). Sin embargo, existe cierto desacuerdo sobre qué efectivamente hará el gobierno. Esta falta de unanimidad sobre qué efectivamente terminará haciendo el gobierno se debe a la dualidad de los incentivos a los cuales podría estar respondiendo el mismo.
Los incentivos pueden ser de dos tipos, uno de carácter positivo y otro de carácter negativo. El primero, de carácter positivo, consiste en que el gobierno es inherentemente bueno o que alternativamente es forzado a ser bueno por el sistema político. Lo anterior es lo que se conoce como un gobierno o un regulador benevolente, el cual actúa como un agente maximizador del bienestar social conjunto. Bajo este esquema de incentivos el gobierno como regulador, tratará de remediar las fallas de mercado, mientras evitará cometer fallas del gobierno.
Por el contrario, los incentivos de carácter negativo, responden al “enfoque pesimista” de la escuela de “Public Choice”. Este enfoque plantea que el “enfoque optimista” sobre la existencia de un gobierno benevolente es una representación muy restringida de la realidad. Así, plantea alternativamente que la política resulta ser un proceso complejo en el cual los intereses de los individuos generan el equilibrio en el corto plazo. Aun así, el resultado de este proceso no arroja un nivel de bienestar social máximo. Lo anterior se debe a que en economía, muchas relaciones comerciales, productivas y distributivas no constituyen un juego de suma cero, y el hecho de solo ponderar un conjunto de agentes económicos involucrados en la función objetivo (los intereses y objetivos) del gobierno o del regulador imposibilita transacciones entre estos, así como acceder a una situación de first best o de bienestar social máximo. Por el contrario, la posibilidad de “inmunizarse” a la debilidad política de ser capturado o de perseguir rentas, podría conseguir un bienestar social máximo. El problema se encuentra en diseñar instituciones contraloras y fiscales independientes, así como la existencia de votantes disciplinadores que permitan “obligar” al gobierno a no ser parcializado, ni a ponerse de espaldas a los intereses del conjunto de la sociedad. Lo anterior solo puede lograrse por medio de amenazas creíbles o un strategic commitment. Casos como el venezolano en el cual existe un Fiscal General de República que formó parte del Ejecutivo o de un Contralor y un Defensor del Pueblo que actúen más como Procuradores Generales, alejan a la sociedad de mecanismos institucionales que disciplinen las acciones discrecionales y oportunistas del Ejecutivo, condenando a la sociedad a bajos niveles de crecimientos económico y bajos niveles de bienestar social (comparados con el potencial que tiene el país). Debemos entender, que lo anterior no contradice de ninguna manera que el país se encuentre creciendo a una tasa envidiable por muchos otros países, sino que existe un costo de oportunidad o un crecimiento potencial al cual no estamos teniendo acceso, por culpa exclusiva de la actual administración ejecutiva del poder.
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