Economía

El capital de los pobres

¿En qué se diferencian el inventor de la franquicia de sandwich Subway y un buhonero venezolano vendedor de empanadas? En que el primero tiene dinero para crecer y no tiene que enfrentarse, como el segundo, a burocracia, permisos y corrupción para organizar su negocio.

Entonces, ¿cómo se hace para que el segundo sea como el primero? En otras palabras, ¿cómo se hace para que los comerciantes informales venezolanos puedan ser empresarios competitivos?

Con varias cosas, pero primero habrá que garantizar acceso al capital y desmotar el aparataje de permisos, regulaciones, peajes, burocracia y corrupción del cual escribiremos luego.

¿Cómo pueden acceder al capital los venezolanos pobres?

De dos maneras, por lo menos: Una, capitalizando las posesiones de tierra que ya tienen y respecto a las cuales no tienen derecho de propiedad. Dos, capitalizando los fondos de pensiones y/o cancelando las prestaciones sociales del sector público con acciones de algunas de las filiales de PDVSA.

Analicemos, los países se desarrollan porque sus individuos producen riquezas, no porque el Estado sea rico. No ha sido el Estado el que ha financiado el desarrollo, sino que los individuos en ejercicio de su libertad han usado su creatividad para inventar, obtener riquezas y acumularlas. Pero producir riqueza los individuos de los países desarrollados han tenido acceso al capital. En el caso venezolano el desarrollo está pasmado por dos razones: los individuos no tienen acceso al capital y el Estado tampoco.

El Estado venezolano no tiene dinero

El dinero del cual disponía el Estado para financiar el desarrollo se acabó. Las fuentes tradicionales de financiamiento (renta por recursos naturales como el petróleo, endeudamiento o ayuda internacional) han disminuido, ya no existen o están comprometidas para mantener el aparato estatal o para pagar intereses por deuda.

Desarrollo por el sector privado

Este panorama abre el espacio para el desarrollo promovido por el sector privado. Pero, en este punto hay que distinguir entre el sector privado extranjero y el sector privado local. El primero, la inversión extranjera, ha demostrado ser capaz de crear fuentes de trabajo, activar el aparato productivo nacional y promover el traspaso de conocimientos a los locales, entre otras cosas. El problema con la inversión extranjera es que, ante la existencia de riesgo político, inseguridad jurídica, exceso de regulaciones y pobre infraestructura, se ha paralizado o disminuido. Venezuela lo sabe. De un total de flujo de inversión extranjera de 1.3 billones de US $ en el año 2000, Venezuela apenas atrajo 3.2 millardos de US$. Las razones, ya sabemos dónde están.

Esto nos deja solo con un camino: el del desarrollo financiado por el sector privado local. Los países desarrollados han demostrado que esta siempre fue la alternativa, que el crecimiento económico y el bienestar social están por allí. Pero esa opción debe estar montada, con transparencia y certeza, sobre un solo concepto: el derecho de propiedad.

Reconocimiento del derecho de propiedad

Los países desarrollados tuvieron que reconocer las realidades sociales nacidas fuera de la legislación oficial, considerarlas legítimas y luego absorberlas como legales. Como lo expresa Hernando de Soto, “…(en ese sentido) la Ley cumplió el propósito de formación popular de capital y de crecimiento económico”. Así, lo que hicieron los japoneses, los norteamericanos y los europeos no fue otra cosa que reconocer el derecho de propiedad a aquellos individuos que ya habían ocupado, usado y considerado como suyos, inmensas cantidades de terreno.

¿De dónde surgió el derecho de propiedad de los norteamericanos? No fue por bendición divina. Fue sencillamente por reconocimiento de la propiedad de las tierras que venían poseyendo por largo tiempo. Los hacedores de políticas públicas norteamericanos entendieron que no podían mantener unas leyes alejadas de la realidad y mantener a una parte de la sociedad fuera de la ley. Fue así como reconocieron la propiedad a quienes ya poseían tierras e incorporaron a toda la sociedad dentro del sistema legal.

Capitalización de tierras

Las tierras que poseen los habitantes de los barrios venezolanos no son capital. Y no son capital porque el sistema legal no les reconoce derechos a quienes las poseen. Esta circunstancia hace que las posesiones de tierra tengan poco o ningún valor. Quienes poseen las tierras lo hacen en un mundo ilegal-informal (a diferencia del mundo ilegal criminal, entendido como el del ámbito de los delitos), lo cual les impide transar negocios con quienes están en el mundo legal. Así, un “rancho” no puede ser hipotecado, no puede ser vendido o cambiado por un inmueble del mundo legal, en las mismas condiciones que se hace con los bienes legales. Esto ha llevado a los poseedores de “ranchos” a inventar sus propias reglas, unas que no reconoce el Derecho establecido. Más aún, la existencia de riesgo sobre la titularidad de las tierras (varios propietarios registrados) y la imposibilidad de darlas en garantía hace que el valor de las transacciones que se pueda hacer con esas tierras, según las reglas del mundo ilegal-informal, sea muy reducido en comparación con lo que se hace con tierras similares en el mundo legal.

Esto nos permite afirmar que los “ranchos” no es que no tengan valor económico, sino que el valor que tienen está disminuido por el hecho que sobre ellos el poseedor no tiene derecho de propiedad. Reconozcamos el derecho de propiedad sobre esas posesiones e inmediatamente los “ranchos” adquirirán un valor económico sustancial que les permitirá a sus propietarios tener acceso al dinero necesario para inventar, enriquecerse y competir.

Los datos que se disponen indican que las posesiones del mundo ilegal-informal tienen un gran valor económico. Sin embargo esa carencia de valor económico hace que no se les utilice en el mundo formal, razón por la cual se les califica de capital muerto. En Perú, por ejemplo, las posesiones en el mundo ilegal-informal para el año 2000 son de 74.2 mil millones US$, catorce veces el valor de la inversión extranjera directa al Perú hasta 1995 y ocho veces el valor de los depósitos en bancos comerciales hasta 1995. En Egipto, los equivalentes a “ranchos” venezolanos tienen un valor de 241.2 mil millones US$, superando sustancialmente el valor de la inversión extranjera directa y de los depósitos en bancos comerciales. Lo mismo vale decir de Filipinas y Haití.

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¿Cuál es el valor de ese capital muerto en Venezuela?

No lo sabemos, pero las cifras deben ser cercanas a Perú. Con una población de más de 23 millones de habitantes, más del 86% de población urbana, 60% de la población viviendo en “barrios”, más de 52% de la población viviendo debajo de los índices de pobreza y más de 53% de la población ubicada en la economía informal (esto es el mundo ilegal-informal), el valor del capital muerto venezolano debe oscilar por los 70 mil millones de US $. Si esa fuera la cifra, superaría el monto de los depósitos en bancos comerciales y de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, en 1999 la inversión extranjera directa hacia Venezuela fue de mas de 3 mil millones US$, lo cual es veintitrés veces menor que el posible valor del capital muerto.

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Derecho de propiedad = valor = negocios

La eliminación del riesgo de doble o ninguna titularidad aumentaría el valor de los bienes, o en otras palabras daría vida al capital muerto. Los actuales poseedores pasarían a ser propietarios y con ello podrían dedicarse a vender esos bienes, cambiarlos por otros bienes o darlos en garantía a préstamos de dinero, todo con la intención de obtener los recursos necesarios para su bienestar económico. Un escenario factible en esta ecuación podría ser la obtención de fondos a través de transacciones que se hagan con el “rancho” en el mundo legal a fin de invertir en el crecimiento de un negocio o en el desarrollo de una idea. De allí nuestro buhonero de empanadas podría obtener el capital necesario para convertirse en un empresario competitivo.

Capitalización con petróleo

Otra forma de dar dinero a los venezolanos es cancelando la deuda que tiene el Estado con ellos a través de propiedad en el negocio petrolero.

La deuda pública venezolana monta 37.8 mil millones US$. De ese total, 29.6 mil millones US$ están en manos del sector privado, de lo cual cerca de 15 mil millones US$ corresponde a deuda pública interna, esto es deuda con venezolanos. En ese monto se incluye la deuda correspondiente a prestaciones sociales de empleados del sector público y capitalizaciones de los fondos de pensiones.

El servicio de deuda pública consumió cerca de 18% del presupuesto nacional para el año 2001, ubicándose en la cifra de 5.8 mil millones US$. Igualmente, del monto destinado a gastos de personal (3.8 mil millones US$) en el presupuesto de 2001, un porcentaje significativo fue destinado a pago de prestaciones sociales y seguro social.

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El corolario de esto es que buena parte del presupuesto de gastos se destina a gasto improductivo. A manera de referencia, me permito citar el monto acumulado en el Fondo de Estabilización Macroeconómica : 6.1 mil millones US$. Este es el monto que se ha acumulado para los tiempos de caída del ingreso público debido a la merma en los precios del petróleo. Un monto similar a ese se destina en el presupuesto nacional para pagar intereses de deuda. Si no se tuvieran que pagar intereses de deuda, el presupuesto quedaría liberado de un porcentaje importante, los cuales se podrían destinar a las verdaderas funciones públicas del Estado y habría mayor capacidad de acumular capital en un fondo de contigencia.

¿Cómo se libera al presupuesto de esa carga?

Transformando a los venezolanos de acreedores del Estado venezolano a accionistas de algunas de las filiales de PDVSA.

El artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la participación accionaria en PDVSA, pero deja abierta la puerta para la participación accionaria en las filiales. Es con las acciones que tiene PDVSA en esas compañías de donde puede el Estado obtener los recursos necesarios para cancelar la deuda que tiene con los venezolanos.

¿Cómo se transfieren acciones de PDVSA a los particulares?

El accionista de PDVSA es el Estado venezolano. Pero PDVSA debe cancelar al Estado venezolano tributos, regalías y dividendos. En el momento de realizar esos pagos, PDVSA transfiere la propiedad de las acciones que esta tiene en la filial particular. El Estado pasa a ser propietario de esas acciones y con ellas cancela la deuda que tiene con los venezolanos. La merma que sufra el Estado en sus ingresos tangibles se compensaría con la eliminación de la deuda pública respectiva y de sus intereses.

¿Cuál de las filiales se puede usar?

Dos por lo menos. La primera, la filial internacional. PDVSA ha sido colocado en el puesto 30 dentro de las 100 compañías transnacionales del mundo y en el puesto 2 de las transnacionales de países en desarrollo. El valor de los activos de la operación internacional de PDVSA totaliza 8.000 millones US$. La transferencia de acciones en la filial existente o por crear, a cargo de estas operaciones no afectaría ni la seguridad nacional, ni el carácter estratégico de la industria petrolera. Daría, por el contrario, acceso a los venezolanos a capital, entrenamiento en el manejo de los negocios internacional, experiencia y red de contactos útiles para el lanzamiento de otros negocios internacionales venezolanos, pero esta vez propiedad de los individuos.

La segunda filial que se puede usar es la que exista o se cree para explotar el petróleo de la faja del Orinoco. Las reservas totales de crudo de PDVSA ascienden a 221 millardos de barriles, de los cuales 76 millardos de barriles corresponden a reservas probadas. Del total de reservas probadas, 69% son crudos pesados y extrapesados, los más abundantes del país, y 31% condensados, livianos y medianos, que son los que más demanda el mercado. En la faja están ubicada la mayoría de las reservas de crudo extrapesado. Las características de ese petróleo lo hacen difícil y costoso de procesar. El Estado carece de los recursos para financiar su explotación. Los privados venezolanos también carecen de los recursos y de la técnica. En fin, el petróleo de la faja no lo usa el Estado venezolano. Pero hay compañías petroleras del mundo con recursos y técnicas interesadas en explotar los crudos extrapesados de la faja.

Por ejemplo, una sola compañía pretende producir 80.000 barriles de petróleo en dos etapas, con inversiones entre 1800 millones y 2000 millones de dólares. Para el 2006 los 5 proyectos de la Faja producirán 600.000 bpd con inversiones superiores a 13000 millones de dólares. Pero para el mismo año, si no se hace nada, tendremos un Estado inmensamente endeudado e inmensamente ineficiente y unos venezolanos cada vez mas pobres.

La propuesta para esta filial consiste en cancelar deuda que tiene el Estado con los venezolanos con acciones en una compañía existente o por crear propietaria de los derechos a explotar los crudos extrapesados de la faja. Aquí la modalidad podría ser igual que con la filial anterior: PDVSA paga al Estado lo que deba por impuesto, regalía o dividendos con acciones en esa compañía. El Estado luego cancela la deuda que tiene con los venezolanos con acciones en esa compañía. Los venezolanos luego tendrían la posibilidad de transar negocios con las compañías interesadas en explotar los crudos de la faja, por lo cual obtendrían dinero, vale decir capital, con el podrían financiar cualquier aventura empresarial y enriquecerse.

Realizar la capitalización de los individuos venezolanos ya sería bastante, pero no suficiente. Quedan aún las trabas regulatorias.

¿Qué son las trabas regulatorias?

Son los permisos innecesarios, las formalidades inútiles, los procedimientos que se sobreponen y la burocracia que estorba, entre otros. Quien quiera organizar un negocio dentro del mundo legal tiene tres alternativas: a) cumple con esas formalidades y asume el costo y el tiempo que ellas implican, b) las cumple pero de manera heterodoxa y criminal (incurre en corrupción), c) no las cumple y se refugia en un mundo al margen de la ley, en el mundo informal-ilegal.

Las trabas regulatorias están fijadas en las instituciones, llámense reglas, normas o Derecho que existen en el mundo formal pero que son obsoletas porque no responden a los cambios ocurridos en la sociedad. Son trabas porque fueron hechas para otro tiempo y al quedar vigentes solo entorpecen y aumentan los costos de hacer negocios. En Venezuela, las trabas regulatorias no son los únicos elementos que entorpecen el desarrollo de los negocios. El riesgo político, la inseguridad jurídica y la inseguridad personal son también factores que traban el progreso de la economía afectando el flujo de inversión extranjera y la inversión privada en el mundo legal. Por ello en situaciones de riesgo político el país pierde capital privado del mundo legal, pero ante la existencia de trabas regulatorias no puede incorporar el capital que está refugiado en el mundo informal-ilegal.

El mundo informal-ilegal

Una mera ecuación económica lleva a alguien a refugiarse en el mundo informal-ilegal: si los costos de estar en el mundo legal superan los beneficios de estar allí, no se está. Pero no por ello se deja de organizar el negocio. El problema es que el negocio se organiza bajo unas reglas que no son reconocidas por la sociedad global ni por el sistema legal. Entonces queda el empresario del mundo informal-ilegal limitado en sus potencialidades y restringido en su mercado.

No se trata de indicar que los que están en el mundo informal-ilegal sean delincuentes o criminales. Lo que ocurre es que ante la falta de reconocimiento de su realidad por parte de las reglas existentes, los individuos se colocan al margen de la ley (no necesariamente en contra), crean sus propias reglas ajustadas a su realidad y se aíslan en un mundo paralelo.

Son parte de la economía informal, los vendedores ambulantes, los buhoneros, los chóferes de carros por puesto “piratas”, los cuidadores de carros, etc…En Venezuela, mas de la mitad de la población laboralmente activa está refugiada en la economía informal (53.5% según datos oficiales). De ese total, mas del 30% se dedica a realizar labores de comercio que no podría realizar en el mundo legal porque los costos no se lo permiten.

En Perú, por ejemplo, se determinó que organizar un negocio dentro del mundo legal tomaba 289 días a un costo equivalente a 31 veces el salario mínimo. En ese contexto, era más conveniente no cumplir con los permisos y organizar el negocio al margen de la ley.

En el juego de la economía informal nadie gana. Los informales-ilegales no contribuyen al pago de impuestos, tasas y licencias. De manera que al Estado no incorporarlos al mundo formal, pierde fuente de ingresos. Igualmente, si bien los informales-ilegales producen ingresos, no lo hacen tanto como podrían si tuvieran acceso a capital y no tuvieran las trabas regulatorias. En el mismo Perú, por ejemplo, se demostró que para el año 2000 los informales-ilegales llegaron a representar 61.3% del PIB del sector privado. En Venezuela la cifra no debe estar muy alejada de la peruana.

Conclusión

Solo dos cosas separan a los habitantes de los “ranchos” y a los “buhoneros” venezolanos de la riqueza: la falta de reconocimiento de la propiedad sobre sus posesiones y los obstáculos gubernamentales. Capitalicen los “ranchos” y capitalicen la deuda del Estado con los venezolanos, luego quiten las trabas regulatorias y adáptenlas a los nuevos tiempos. Por ese camino pueda que un día vivamos en un país de gente rica.

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