Economía

El gobierno y sus embustes

Mientras que el Indepabis de Aragua aseguraba haber procesado en los últimos meses más de 3.000 denuncias por estafas inmobiliarias solamente en ese estado, el Ministerio Público, desmentía esas cifras, afirmando que en todo el país, hasta febrero de 2011, se habían producido 1.600 casos de fraudes de ese tipo. La fiscalía además añadía que: “Existen actualmente 505 investigaciones en marcha, 112 órdenes de aprehensión, 42 personas privadas de libertad, 205 medidas reales dictadas y 169 medidas de prohibición de salida del país”

Lo que quiere decir que si se reportaron 1.600 casos y se encontraron indicios para ordenar privativas de libertad contra 112 constructores, significa que sólo el 7% de las denuncias resultaron con fundamento. Habría que agregar que este porcentaje debe ir a juicio, proceso en el cual los jueces pueden desestimar muchas de las acusaciones de la fiscalía, con lo cual seguramente estaríamos hablando que sólo 2 ó 3% de los casos, o constructores denunciados, resultará culpable.

Esto es importante aclararlo porque el Vicepresidente Jaua, ha mentido descaradamente asegurando que las familias estafadas, por los promotores inmobiliarios en Venezuela, fueron “más de 200.000”. Por otra parte Elías Jaua aseveraba que el gobierno piensa construir este año 150.000 viviendas “con empresarios honestos”, dando por descontado que esa característica es exclusiva de los constructores que durante estos 12 años han trabajado para el gobierno. La realidad es que 54% de las viviendas paralizadas en el país, corresponden al sector público (37.000 viviendas), y que los desarrollos urbanísticos ejecutados por estos “honestos constructores” han tenido retardos significativos y costos que exceden con creces los del mercado, vale decir aquellos en los que incurre el sector privado. Terrazas del Alba, en San Agustín, es una prueba de la impericia de los constructores que contratan con el gobierno. Este desarrollo padece desde hace 4 años de filtraciones a lo largo de toda la estructura, hecho que ha producido severos cuadros de alergias y asma entre sus habitantes.

Quizá, por causa del retardo en la construcción de los desarrollos urbanísticos y por su eventual paralización, es que el Ministro de la Vivienda y Hábitat habla de: “proyectos” habitacionales. Por cierto que Ricardo Molina dijo: “Mientras que nosotros sigamos viendo la vivienda como una mercancía que permite obtener ganancias, no podremos resolver el problema de la vivienda, sólo en Revolución podemos lograrlo. Como vemos se miente sin pudor. En doce años el gobierno construyó 275.728 viviendas, con un promedio anual de 22.977. El mayor promedio anual de los gobiernos de la democracia fue el de la década Herrera-Lusinchi: 75.964, mientras que el promedio más bajo fue el de Betancourt- Leoni: 23.936. Como podemos apreciar este último fue mayor que el promedio del chavismo.

En seis años transcurridos y luego de desembolsar Bs. F 4.035.000.000 las viviendas construidas a través de los convenios internacionales, apenas llegan a 4.368 unidades habitacionales. Esto da un costo unitario por vivienda de Bs. F. 928.440. La vivienda social no debe ser una mercancía pero tampoco una fuente de corrupción y despilfarro.

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