Economía

¿El petróleo: recurso de paz o conflicto?

Hace más de 40 años Venezuela promovió el mensaje de lo que sería la
OPEP con países mayoritariamente musulmanes para construir una coalición
de países productores frente a las grandes compañías petroleras. El
objetivo básico no era otro que armonizar políticas nacionales de
negociación para tener mayor poder en las mesas de discusión frente a
los consorcios que dominaban en ese entonces los principales aspectos de
la industria. Nuestro país fue pionero en esta importante materia, que
representó un aporte concreto para la desconcentración del poder a nivel
mundial en aquella época.

Aún así, Venezuela como Estado jamás utilizó su condición de exportador
mayor de petróleo y productos a EE.UU. y otros países, como arma
política y mucho menos como factor de chantaje o extorsión. Venezuela,
por ejemplo, no participó en el embargo petrolero de los países árabes
en 1973-74, ni convirtió a la nacionalización de la industria en 1976 en
una acción conflictiva o retaliativa contra ningún país. Su
posicionamiento en la OPEP siempre fue respetado por encima de las
diferencias que podían existir y existieron con otros miembros de la
organización, tanto por estos como por el resto de países. En aquel
momento, la alineación en OPEP constituía una posición progresista, cuyo
significado, no obstante, se ha venido alterando en forma sustancial
desde hace algunos años.

A raíz de la gira del actual presidente venezolano por países de OPEP en
1999, promoviendo una acción conjunta para restringir producción como
palanca para elevar los deprimidos precios de entonces, la industria
venezolana registró el mayor recorte en la producción individual dentro
de esta organización, y ello condujo en la práctica, aunque no en el
discurso, a una disminución sustancial del flujo de inversiones
necesarias para continuar elevando la capacidad de producción, que había
venido en aumento sostenido durante más de una década. La iniciativa
precipitó una escalada de precios que vista retrospectivamente, se iba a
producir de todas maneras con la recuperación de la demanda en los
países asiáticos que habían entrado en recesión desde fines de 1997,
cuyas economías volvieron a crecer, y con ello la demanda petrolera, a
partir de ese mismo año 1999, y luego con el ascenso vertiginoso del
consumo en China e India.

Pero al margen de la coyuntura de precios, esta iniciativa venezolana
marcó un cambio en la política petrolera nacional a largo plazo, que en
principio pudo ser visto como un simple regreso a la anticuada
estrategia de maximizar la renta petrolera, en oposición a la de
desarrollar encadenamientos productivos desde la industria hacia otros
sectores nacionales como factor de crecimiento distinto, aunque
complementario, al gasto fiscal de los recursos transferidos al
gobierno. El planteamiento rentista fue evidentemente reforzado luego
con la toma del poder en PDVSA por parte del activismo chavista, luego
del paro petrolero de 1992-93, y las sucesivas modificaciones en las
reglas orientadas a centralizar en el gobierno las decisiones cardinales
sobre el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos petroleros,
situándolos incluso al margen, al menos una parte sustancial de los
mismos, del control parlamentario y público. El rentismo, valga la
expresión, ha sido rentable para el gobierno venezolano, pero se han
dejado de percibir cuantiosos ingresos, se han perdido mercados por no
contar con una capacidad de extracción mayor y se ha dejado de
desarrollar sectores conexos de alta calidad. En los últimos tres años,
OPEP ha aumentado su oferta en casi 3 millones de barriles diarios;
Venezuela, en este lapso, ha mantenido básicamente estable su
producción, según la Administración de Información Energética (EIA) de
los EE. UU..

Estos últimos cambios en la dirección de la industria, ya marcaron un
distanciamiento cualitativo importante respecto a la separación entre
los aspectos comerciales y financieros del negocio petrolero, y la
dimensión política correspondiente a su condición de objeto de propiedad
pública. De allí que una fracción considerable de los ingresos
petroleros del país se manejan ahora fuera del presupuesto nacional, de
acuerdo a lineamientos ordenados desde el Ejecutivo, lo que en las
actuales circunstancias obviamente representa la búsqueda de objetivos
políticos, tanto en materia interna como internacional, con los cuales
pueden estar mezclados en mayor o menor medida otras finalidades,
económicas, sociales o de otra cualidad.

Paralelamente, y de acuerdo a los nuevos condicionantes que rodean las
decisiones en la industria, se buscan nuevos mercados, no para crecer,
sino para sustituir en lo posible a las ventas colocadas en los EE.UU. y
se enfatiza la asociación petrolera con Cuba y otros países del Caribe y
Sudamérica en conexión con acuerdos e iniciativas políticas, así como
con otros tipos de activismo de la misma naturaleza. Por otro lado, ya
está decidido el retiro de PDVSA de la Comisión Nacional de Valores de
los EE.UU. (SEC), a la que hasta ahora la industria suministraba
informes sobre sus operaciones como condición para emitir deuda en el
mercado abierto, conducente a lo cual ha sido la ya casi total recompra
de esta deuda por parte de PDVSA. Debe recordarse que estos informes al
SEC constituían una fuente de información muy valiosa que complementaba
lo suministrado a las instancias de supervisión y control nacionales
(Ministerio, Parlamento, etc.) y habilitaba también al ciudadano común
interesado para conocer, evaluar y criticar si fuese el caso, la gestión
y manejo del recurso que pertenece a todos los venezolanos. Se completó
de esta manera un proceso acelerado de cerramiento de la industria al
escrutinio público y ciudadano, que favorece, además de lo antes dicho,
a la dirección y manejo discrecional de sus recursos.

En este contexto, y como guinda especial del nuevo cóctel petrolero, se
ha introducido en la retórica oficialista la amenaza de suspensión de
suministros al cliente más tradicional y principal, a lo que se ha
apareado más recientemente una retórica dirigida a respaldar las
iniciativas nucleares de Irán en contra de la normativa de Naciones
Unidas y de las exigencias de la Agencia Internacional de Energía
Atómica, que razonablemente busca evitar la proliferación de armas
nucleares en un mundo que ya tiene varias veces demasiado de ellas.

Estas últimas innovaciones retóricas (que con frecuencia han precedido
en la práctica a nuevos cursos de acción) del régimen ya constituyen un
alejamiento definido respecto a la inveterada vocación pacifista de la
política internacional venezolana en general, y de la no politización
del tema petrolero en particular, especialmente en lo que respecta a la
evidentemente necesaria confiabilidad del suministro para los intereses
comerciales tanto de la industria como del país. La combinación
contradictoria de mensajes de amenaza de suspensión con otros
reiterativos de la seguridad de la oferta petrolera, obviamente no
cambia sino que refuerza el efecto principal de reducir la credibilidad
como proveedor.

Otras cuestiones menos centrales a este análisis, como pueden ser la
movilización de las reservas internacionales del país, así como de otros
activos externos, a monedas distintas al dólar americano, la progresiva
creación de una pequeña, o mediana, red de instituciones financieras
fuera del país con capacidad para movilizar dineros sin ser objeto de
mayor escrutinio, y el financiamiento directo o indirecto a grupos o
ONGs altamente politizados a favor del régimen en otros países, entre
otros, coinciden en lo que pueden ser preparativos para una escalada en
el nivel de tensión entre el gobierno y otros países, particularmente
los EE.UU., que buscan contrarrestar o prevenir eventuales o previstas
retaliaciones.

El escenario que pintan estos breves trazos coloca a la economía
nacional y a su sector petrolero en una balanza donde los riesgos de
pérdida, que puede ser grande, superan con exceso a los difíciles de
escrutar potenciales beneficios. La lógica que en estos temas parece
seguir el régimen para planear sus movimientos no está en línea, sino
que contradice, lo que puede razonablemente definirse como el interés
nacional. Y siendo esto así, la tal lógica aplicada en este peligroso
juego geopolítico, termina conduciendo al absurdo. Algo parecido
reflejaban las palabras del un tiempo poderoso Benito Mussolini que
exaltaban la vida en permanente peligro como un bello ideal, y que
finalmente terminaron envolviendo a Italia en una guerra inganable, a la
cual asistía como actor de reparto, y que le ocasionó un enorme daño,
humano y material, sin ventajas compensatorias de ningún tipo. Ni
siquiera transitorias.

En momentos en que los principales exportadores de petróleo están lejos
de utilizar al recurso como arma de confrontación, lucen como
anacronismo excesivo y por supuesto como soberbio oportunismo los
desafíos nucleares de Irán a la comunidad internacional y la insólita
alianza con este país por parte de Venezuela, como una apuesta
aventurera en el complicado escenario mundial. Ningún otro miembro de
OPEP ha ofrecido una carta blanca de respaldo al régimen iraní, a pesar
de las cercanías geográficas y de otro tipo que con ese país puedan
existir con mayor significancia en algunos de los otros miembros de esta
organización petrolera. Lo cual deja peor parada la posición venezolana,
y sienta un precedente hacia el futuro que habrá que borrar.

No es posible descifrar las ventajas perdurables o transitorias que
obtendría Venezuela en un escenario como este. Quizá el régimen piense
en reconcentrar poder y capacidad de movilización, adentro y afuera, sin
que ello encuentre conexión visible con el progreso material y cultural,
educativo y sanitario, ciudadano y personal, de quienes aquí habitamos.

Pero este argumento en contra no pesa en quienes toman las decisiones de
Estado, y tampoco, aunque sea señal de lógica absurda, las nulas
posibilidades de salir exitosos en el tipo de confrontación que muestran
estar buscando. Que estemos en pleno y perplejo año electoral puede ser
un factor para el proselitismo, irresponsable sin duda, y potencialmente
muy, excesivamente, costoso para todos. La enorme contradicción
subyacente, que irrita aún mas a la racionalidad, es que nada de esto es
debatido ni aprobado fuera del estrecho círculo en el poder, como si el
destino que se pone en juego y que importa es el de ellos; más aún, que
siendo un año de elecciones, actividad propia de la democracia, nada de
lo que se resuelve en el Estado responde a procedimientos democráticos

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