¿En qué dirección rectificarán?

El mes de enero ha dado la pauta de lo que será este nuevo año que tiene como telón de fondo el proceso comicial regional. Después del revés electoral de diciembre 07, y los posteriores cambios ministeriales el gobierno todavía no recupera el control de la situación, máxime cuando esos cambios han provocado fisuras que se exacerbarán en los próximos meses cuando la jefatura del poder designe a los candidatos que competirán en diciembre entre cientos y cientos de aspirantes que luchan por una parcela de mando. En el oficialismo se advierte el agotamiento que caracteriza a los mandatos de larga duración, en este caso, golpeados en su base por el sabor de la derrota y la pérdida de credibilidad. La revisión y rectificación en el accionar gubernamental podrían constituir el camino correcto para enderezar entuertos y pensar en el desarrollo del país, siempre y cuando aclare el proponente en que dirección rectificará. La otra “R”, la del reimpulso, cuyo rumbo tampoco se conoce, puede tener implícita la connotación de la radicalización del proceso, lo cual significaría navegar contra la corriente, y en ese escenario, el 2008 puede ser un año tanto o más duro que el anterior para los venezolanos.

No es preciso ser experto para entender la actual encrucijada. Cualquier venezolano con sensibilidad, al que le duela su país, está esperando un cambio de rumbo basado en el respeto del veredicto electoral del 2-D, y en los derechos constitucionales vigentes. No es el maquillaje ministerial que la colectividad aspira, que al final son nada más que cuotas políticas para sostener el entramado gubernamental, sin libertad para tomar decisiones. Se requiere con celeridad garantías jurídicas para que el Estado funcione, para que el privado genere empleo, riquezas y bienestar social, para que la sociedad se organice y sume su potencial al desarrollo sin cortapisas ni imposiciones. Este clamor generalizado está exigiendo gobernabilidad, el imperio del Estado de Derecho, y el ejercicio de la participación de todos por igual.

Está claro que Venezuela no puede seguir en un permanente dilema, entre uno y otro ensayo, que mantiene acorralada a la sociedad, bajo severo control a sus fuerzas productivas, y empobrecidos a los sectores más vulnerables, porque las políticas de Estado en esta década han tenido el sello de la exclusión y de la improvisación. La inflación, propulsada ahora con la reconversión monetaria y el desenfreno del dólar paralelo, convulsionó la economía y multiplicó la pobreza. Hoy más familias no tienen acceso a la cesta básica, a los servicios de salud, de educación, ni a la vivienda, y viven en zozobra constante por la inseguridad de sus vidas y de sus bienes.

El clamor por la vivienda ha roto todas las marcas entre los niveles de objeción al gobierno. Duele a las familias que no tienen donde vivir que el gobierno se ufane por sus donativos de viviendas en países extranjeros, cuando todavía hay damnificados que sobreviven en condiciones infrahumanas. Pesó el inconformismo colectivo por la falta de una política habitacional de impacto social en el resultado del 2-D. Medio país espera por una solución entre viviendas nuevas, alquiladas, o que deben ser refaccionadas o reubicadas por encontrarse en zonas de alto riesgo. El déficit lejos de reducirse aumenta cada año. En el 2007, el año de mayor producción de la década, tampoco se logró cubrir la exigencia por crecimiento vegetativo de la población. Ojala que el nuevo Ministro de la Vivienda y Hábitat, general Jorge Pérez Prado, pueda visualizar en su integridad la gravedad de esta situación creada innecesariamente por la falta de políticas coordinadas entre los entes gubernamentales y el sector privado. En tiempos de revisiones y rectificaciones, el derecho a la vivienda debería ocupar uno de los primeros lugares en la agenda gubernamental, junto con la seguridad jurídica que permita la reactivación del aparato productivo en general y de sectores estratégicos que como el de la construcción permiten expandir empleo y el progreso nacional.

Reducir el déficit habitacional no es tarea sencilla, y no puede circunscribirse sólo a la aplicación de subsidios y medidas que faciliten el acceso a la vivienda, si no existe oferta para responder a la creciente demanda. Implica la conjunción de sectores en capacidad de industrializar la construcción de viviendas sin perjudicar el patrimonio de las próximas generaciones. Compromete el esfuerzo colectivo del gobierno nacional, regional, municipal y del sector privado en la tarea de corregir las distorsiones del crecimiento anárquico de la vivienda, con el reordenamiento urbano, el respeto al medio ambiente, y la dotación de una adecuada infraestructura de servicios públicos, para impulsar un desarrollo sustentable. Las Alcaldías de El Hatillo, en Caracas; Valencia y San Diego, en Carabobo; Iribarren, en el estado Lara; Caroni, en el estado Bolívar, entre otras, con posibilidades de expansión urbana, están en este proceso de acometer planes coordinados.

Es urgente dar respuestas a los ciudadanos en sus necesidades perentorias, cansados de la estéril confrontación política que no tiene límites, abatidos por el desabastecimiento de alimentos, desmejorados en su calidad de vida por el encarecimiento de bienes y servicios, cercados por el hampa y sin la protección de sus derechos constitucionales. En diciembre próximo los venezolanos nuevamente tomaremos la palabra para evaluar la gestión gubernamental y decidir por la alternativa que se identifique más con las expectativas de progreso y bienestar de las mayorías. Y los resultados estarán en directa sintonía con lo que se haga o se deje de hacer durante este año.