Economía

Enrique Castells: Maduro intentó llevarse de España a Rusia 25 millones de euros

La persona designada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó para dirigir los recursos minerales de Venezuela, Enrique Castells, ha revelado que el presidente Nicolás Maduro intentó llevarse a Rusia en enero último 25 millones de euros de fondos en España de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

En declaraciones al diario español El Mundo publicadas, Castells asegura que Maduro intentó cerrar las cuentas bancarias de CVG en España y llevarse 25 millones de euros a Moscú. «Me avisaron nuestros abogados y cogí un vuelo a Madrid para evitarlo», dijo.

«Ahora mismo el dinero está bloqueado a pesar de que la ley española es bien clara, el poder lo tiene el administrador único de la sociedad y somos nosotros», aseguró, para añadir que interpusieron una querella contra los hombres designados por Maduro en la CVG, «que intentaron con documentación falsa del Gobierno venezolano llevarse el dinero a Rusia».

«Intereses personales»

«España tiene intereses personales con la administración de Maduro que no tienen nada que ver con lo legal», señaló Castells, quien además dijo que a las autoridades estadounidenses les sorprende la actitud de España.

Sus declaraciones se producen pocos días después del reconocimiento de la Justicia británica a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, permitiéndole disponer de 900 millones de euros de las reservas de oro custodiadas por el Banco de Inglaterra.

El presidente de la CVG nombrado por Guaidó, a quien cerca de 60 países reconocen como presidente interino de su país, al frente de las reservas naturales de Venezuela pleitea asesorado por el bufete español Cremades & Calvo Sotelo para que su mentor sea reconocido como máximo responsable político venezolano y poder acceder a los fondos de la CVG en el resto del mundo.

AN aprobó «Ley para la recuperación de bienes del Estado en el extranjero»

La Asamblea Nacional aprobó “Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero”, el cual permitirá la defensa de los activos que pertenecen al pueblo venezolanos y evitar que sigan siendo robados y utilizados para financiar la represión.

La ley sancionada aclara en su exposición de motivos que esta regulación especial no pretende sustituir a la actualmente vigente en el país, sino para fijar las reglas especiales que se correspondan con la situación extraordinaria que vive la nación en la actualidad

Se propone una regulación contentiva de las normas que deberían regir en todas las contrataciones de adquisición de bienes y servicios, las cuales, por razones de «la extraordinaria situación de usurpación de los Poderes Públicos» que vive el país, son una simplificación de las que están contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas.

Señala el documento legal que esto se hizo para asegurar la debida transparencia en las operaciones y la obligación de la existencia de un Acto Motivado Interno que justifique la necesidad de la respectiva contratación, así como la velicación previa de previsión y disponibilidad presupuestaria para poder contratar.

¿Qué se logra con esta ley?

Con este paso, se podrá ejecutar de manera adecuada, eficaz, contable y transparente los pagos del Fondo de Liberación, como por ejemplo el programa Héroes de la Salud. Nuestro principal objetivo es garantizar la efectividad y transparencia del uso del Fondo.

Este proceso de selección fue llevado adelante por el Consejo de Administración del Fondo de Liberación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuraduría de la República, además de contar con la participación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, quien autorizó la ejecución de los recursos.

Al ser el Fondo de Liberación de Venezuela una ejecución de fondos congelados en el exterior, era necesario el aval de la institución encargada de esta materia en el país, en este caso la OFAC, para garantizar la transparencia y las buenas prácticas en este procedimiento.

Las empresas fueron elegidas en un proceso en el que inicialmente se contactaron a las cinco mejores firmas de contaduría y administración a nivel mundial. Sin embargo, las mismas manifestaron no estar dispuestas a involucrarse en esta labor, ya que aún mantienen operaciones dentro de Venezuela y temían las represalias que pudiesen recibir por parte de Nicolás Maduro. Ante ello, las mismas recomendaron empresas aliadas, que contaban con su aval, y que fueron validadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y las instituciones de nuestra República como capacitadas para ejercer esta labor, quedando BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC.


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