Economía

¿Es posible formalizar el comercio ambulante en Sudamérica?

Seis de cada diez puestos de trabajo que se está creando en la actualidad en las principales ciudades sudamericanas es sin contrato ni derechos de previsión. Son datos publica de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) en uno de sus últimos informes. La recuperación de las economías sudamericanas en estos últimos años ha pasado de largo sobre uno de los puntos más negros que afecta de lleno a su crecimiento: la economía informal. La crisis de los noventa en el Cono Sur elevó la motivación de los desocupados por acogerse a la informalidad, en un fenómeno que no ha parado hasta la actualidad. Lo que por entonces muchos economistas tildaron de “lógica situación coyuntural” lleva camino de convertirse en un asunto estructural de peso. Antes de que el problema se enquiste, desde diversos frentes se apremia a la consecución de un acuerdo nacional para la formalización del comercio ambulante.

Carnicerías ilegales, panaderías callejeras, fruterías fraudulentas, ropa, bebida, cigarrillos, artesanía, pintura, medicamentos, automóviles y programas informáticos. Esto son algunos de los productos que se pueden ofertar un sábado cualquiera en la calle 25 de Marzo de Sao Paulo, en el Parque Forestal de Santiago de Chile o en los arrabales de Montevideo, por poner un ejemplo.

Unas ventas propias de las zonas borrosas de la economía que han alcanzado un valor significativo en Sudamérica. En Argentina, por ejemplo, supone ya unos 7.000 millones de dólares (un 10 por ciento del PIB) y cuenta con una inserción en más del 40% de la población; en Uruguay alcanza más del 30% del PIB: entre 1.100 y 1.500 millones; y en Brasil, donde apenas el 40% de la población activa tiene empleo formal, más de 40 millones de trabajadores están en la informalidad.

Aunque para estos millones de sudamericanos sin derechos laborales se trate de un drama social, hay que admitir que su actividad ilícita genera importantes desequilibrios en las economías nacionales, ya que implica evasión tributaria, competencia desleal y delincuencia, como el contrabando, la venta de estupefacientes o el desarrollo de la piratería, sobre todo en actividades en las que se violan los derechos de propiedad intelectual.

La evasión tributaria genera unas pérdidas millonarias a las arcas estatales, que dejan de ingresar contribuciones necesarias para el desarrollo de las políticas de protección social. La razón de esta evasión se explica por las altas cargas tributarias que alejan a muchos empresarios de la formalidad: ¿Cómo puede un pequeño empresario novel soportar una carga tributaria del 38% en Brasil?, se preguntan muchos afectados.

Para los miembros de la agrupación brasileña Pensamiento Nacional de las Bases Empresariales (PNBE) es necesario bajar la presión fiscal para incentivar el crecimiento y así contribuir a disminuir la corrupción que consume buena parte de los recursos impositivos.

Sin embargo, en el PNBE también son conscientes de que esta propuesta va en contra de la visión de los gobiernos iberoamericanos, que defienden a capa y espada los actuales niveles de presión tributaria (en Chile alcanza el 20%, más del 30% en Argentina y el citado 38% en Brasil), para compensar la pérdida de recursos impositivos fruto de la evasión, en un círculo viciosos que provoca un aumento sistemático de la informalidad.

Por otra parte, atajar la competencia desleal que provoca el comercio ambulante tiene, en cambio, un fondo más oscuro por las propias asimetrías que genera el mercado. Si bien las inversiones en la región van acompañadas de un alto capital, el carácter de su producción (servicios de telefonía celular o sector financiero) demandan poca mano de obra, lo que perjudica sobremanera a los trabajadores con menor capacitación, que prefieren pasarse al sector informal. Este hecho lo corrobora la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) en uno de sus últimos informes: seis de cada diez puestos de trabajo que se está creando en la actualidad en las principales ciudades sudamericanas es sin contrato ni derechos de previsión.

Algunas propuestas

En la alcaldía de Sao Paulo, por ejemplo, el Gobierno de ‘Lula’ tiene previsto llevar a cabo un plan de emprendedores a través del cual los comerciantes ambulantes (unos 68.000) puedan declarar sus impuestos de renta y pagar su seguro social. La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Asociación Comercial de la ciudad, permitiría a un ambulante ahorrarse el registro de la empresa o de la persona jurídica, que son los que más carga le suponen.

Esta medida, extrapolable al resto del país, prevé aumentar hasta un 30% el número de contribuyentes al sistema de la seguridad social, unos 10 millones de nuevos contribuyentes. Otras opciones para estimular al comercio ambulante son el alquiler social (un documento que acredite que el comerciante está pagando un arriendo por un inmueble es un comprobante de rentas y requisito con el que se podrían solicitar préstamos) o la concesión de créditos a bajo tipo de interés a cargo del Banco Popular de Brasil, que contaría con numerosos puntos de atención al público.

Otra de las propuestas que propone el economista José R. Molinas, director del Instituto de Desarrollo y Capacitación de Estudios en Paraguay, es concertar las empresas nacionales con canales de distribución formal. “Por ejemplo: ¿Qué pasaría si una productora nacional de alimentos establece un sistema de distribución barrial utilizando trabajadores de manera intensiva?”, se pregunta. “Así, en lugar de ir al supermercado, se podría tener un proveedor casero de calidad, aunque el escaso nivel educativo es muchas veces un contratiempo, y ahí es donde tiene que intervenir el Gobierno”, responde.

Además, los gobiernos deberían tener en cuenta la reducción de las cargas impositivas, porque aumentar dichas tasas y al mismo tiempo reducir la informalidad es absolutamente voluntarista y va camino del fracaso. Cuáles son los impuestos a reducir o eliminar es una discusión importante, pero de segundo orden. Para no volver a los déficit fiscales y poder bajar los impuestos es posible mediante un aumento de la calidad del gasto público. Se trata de transformar el Estado clientelista en un Estado meritocrático más pequeño. La otra opción es esperar a ver qué sucede con esos millones de sudamericanos de aquí a veinte o treinta años, cuando queden al margen de la vida laboral y no reciban los beneficios de la seguridad social.

Mateo Balín
Periodista
Agencia de Información Solidaria

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