A cuatro meses de la intervención estatal del Concesionario La Venezolana, el caso parece en el olvido. Tras el ruido que provocó la caída de la empresa que ofrecía tres marcas de carros chinos que nunca llegaron al país, los afectados aún esperan respuestas.
«Aquí hay una oferta engañosa. No han tenido la autorización y el crédito para traer estos vehículos, no se sabe a ciencia cierta cuándo van a llegar estos vehículos a Venezuela», dijo el 17 de mayo el entonces ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, durante la ocupación del establecimiento ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana. Ese día el funcionario prometió a los afectados que la empresa les devolvería el dinero y que el Estado también podría ofrecerles vehículos de alguno de sus planes.
Los afectados han peregrinado por la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio y más recientemente a la Superintendencia de Precios Justos. Les han repetido las promesas iniciales de García Plaza, pero todavía desconocen si recuperarán el dinero que dieron o si el Ejecutivo importará autos Chery como mecanismo de indemnización.
Fueron 6.400 las personas estafadas, de acuerdo al último dato que suministró la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Aún se desconoce el paradero de Jhon Quiroz y Ramón Briceño Hedderich, presidente y vicepresidente de La Venezolana, contra quienes incluso hay una orden de captura en Interpol, y el expediente de la investigación está «en reserva» en el Ministerio Público.
El pasado lunes se realizó una reunión entre los voceros de los afectados y representantes de la Sundde. Según la minuta del encuentro, los afectados solicitaron que se designe a un nuevo responsable para la Junta Administradora Ad Hoc, tras la renuncia de Wladimir Ramos quien desempeñó esas funciones durante varias semanas.
