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Fedecámaras rechaza nuevas normas tributarias que obligarían a empresas a cerrar

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) se pronunció respecto a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de una nueva Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios para personas naturales y jurídicas, el cual se suma a las múltiples cargas impositivas nacionales, estatales y municipales ya existentes.

Fedecámaras advirtió que el incremento excesivo en la carga tributaria que se ha venido aplicando en los últimos tiempos y que, en algunos casos supera el 400%, así como el establecimiento de una diversidad de formas de pago, que incluyen la moneda nacional, las divisas y el petro, dificultan enormemente el procesamiento, administración y pago de los tributos por parte de las industrias y los comercios.

En un escenario de recesión económica que ha afectado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y servicios, dicha carga impositiva que ahoga la capacidad de pago de las empresas afectará, aún más, el desenvolvimiento de la actividad productiva y el crecimiento de la economía nacional, pero sobre todo, el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios indispensables, según indicó la entidad gremial en un comunicado.

Empresas en riesgo

La organización alertó que el nuevo impuesto a los grandes patrimonios, aunado a los elevados niveles de incremento en los tributos municipales aprobados recientemente, ponen en mayor riesgo la sostenibilidad de las empresas que aún operan en el país, sobre todo las medianas y pequeñas que se verán obligadas a cerrar sus puertas, con el consecuente impacto en el nivel de los empleos formales y decentes.

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En ese sentido, los representantes de la institución que agrupa al gremio empresarial citó las razones por las que, a su juicio, el impuesto a los grandes patrimonios carece de justificación económica y jurídica:

1. Se adiciona a una intervención ya desmedida de la tributación, bajo los criterios de declaración semanal y anticipación del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Actividades Económicas y por la imposición de otros costos adicionales para las empresas, tales como: el reemplazo de las máquinas fiscales de facturación; el aumento de los tributos municipales en materia de expendio de licores, basura y desechos sólidos o la aplicación de un impuesto municipal por transacciones en puntos de venta.

2. Resulta altamente regresivo, pues afecta a muchas empresas que se verían obligadas a honrar este nuevo tributo, aún sin existir riqueza, una vez pagados los demás tributos nacionales, estatales y municipales, dictados sin la coherencia y armonización necesaria.

3. La nueva ley no prevé mecanismos para evitar la doble tributación. Son nuevamente gravados bienes, cuyo impuesto fue anteriormente pagado al momento de su adquisición, bien a través del ISLR o a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con lo cual este impuesto tendría efectos confiscatorios que afectan seriamente los activos productivos, erigiéndose en un grave obstáculo a la capitalización, la adquisición de nuevas tecnologías y la productividad de las empresas.

4. En la nueva normativa, se deslegaliza la determinación de la base imponible, pues la fijación del tipo de valor a ser aplicado a los activos objeto del tributo, así como el plazo, forma y modalidades de pago, se delega en la Administración Tributaria, en violación del principio de la reserva legal, consagrándose así una mayor discrecionalidad y coercibilidad en la aplicación de sanciones en el proceso de recaudación.

5. El nuevo impuesto constituye una exacción que infringe los principios de legalidad, representación, participación y auto-imposición, alejándose del sentido democrático que debería caracterizar a una contribución dineraria justa, producto de los procesos a ser desarrollados por los poderes públicos constituidos.

Por los argumentos citados, Fedecámaras reiteró la necesidad urgente de un cambio en la conducción de la política económica y tributaria y la promoción de medidas que incentiven la actividad productiva y la inversión, para poder sentar las bases de la reactivación económica y reinsertar a Venezuela en la senda del crecimiento y progreso social.

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