Gobierno exonera del ISLR a productores primarios y aumenta presión sobre el comercio
La actividad primaria queda exonerada del pago de impuestos. El Gobierno de Nicolás Maduro emitió un decreto en el que exoneró del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a los enriquecimientos netos provenientes de la actividad de producción primaria de alimentos.
Concretamente, la exoneración beneficia a los productores de los subsectores vegetal, pecuario, forestal, pesquero y agrícola, cuyos frutos no sean sometidos a ningún tipo de procesamiento industrial, y tendrá una vigencia por cinco años, desde el 1° de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2023.
Según lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 3.920, publicado en Gaceta Oficial No. 41.678 de fecha 19 de julio de 2019, los productores aspirantes a ser beneficiarios de este incentivo deben registrarse en la Oficina de Estadística y Estudios Económicos, Aduaneros y Tributarios del Seniat.
El numeral 3 del Artículo 2 establece que en el caso de los productores pecuarios quedan expresamente excluidos todos los subproductos elaborados a partir del despresado, troceado y corte de los animales.
Respecto a la actividad pesquera, el numeral 2 del Artículo 3 establece que solo aplicará a productores con embarcaciones matriculadas en el país.
Igualmente, el numeral 3 precisa que solo serán beneficiarios los propietarios que trabajen directamente en el proceso productivo, o quienes hayan sido autorizados por escrito por el propietario, siempre que no medie una relación de arrendamiento.
El artículo 5 del decreto establece que los productores que aspiren beneficiarse con este incentivo deberán destinar 100% del impuesto exonerado a inversiones en investigación y desarrollo, mejoramiento de los índices de productividad, o la adquisición de bienes de capital.
En ese orden, el Artículo 10 prevé que el incumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas provocará la inmediata suspensión del beneficio, y se considerarán gravados los enriquecimientos que beneficia este decreto.
Para la aplicación del decreto, la Disposición Transitoria Única da un plazo de 30 días a partir de su publicación en Gaceta Oficial para que los productores aspirantes a la exoneración cumplan el requisito de registro y presenten su declaración jurada, con el monto que debe ser exonerado y su plan de inversiones.
¿Y los comercios?
Mientras tanto, el sector comercial está expuesto a un alto riesgo de cierre debido a la aprobación del Impuesto a los Grandes Patrimonios, que pone en peligro a un sector privado ya golpeado por la creciente crisis económica y la caída del consumo de los venezolanos.
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El pasado 2 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó una Ley Constitucional que crea un impuestos a los grandes patrimonios, con el objetivo de «contribuir al equilibrio fiscal de la nación» y que va dirigida a personas jurídicas que tengan activos por más de 250.000 euros.
Los diferentes gremios se han pronunciado al respecto, alegando que la medida comprometería aún más el flujo de caja de las empresas. Según Fedecámaras, el Impuesto a los Grandes Patrimonios es una exacción que infringe los principios de legalidad, representación, participación y auto imposición, y se aleja del sentido democrático que debería caracterizar a una contribución dineraria justa.
La entidad gremial alertó sobre la creciente presión tributaria que no solo se ejecuta a través de este nuevo tributo creado por la ANC, sino por los incrementos que, en algunos casos, llegan hasta más de 400%, de las cargas estatales y municipales, en un escenario de recesión económica que ha afectado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y servicios.
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Consecomercio también expresó su rechazo y preocupación ante la presión fiscal que se está depositando sobre los hombros de todos los sectores productivos del país, tanto en el comercio como en la industria.
Con una caída de 79% de Producto Interno Bruto (PIB) comercial y una inflación acumulada mayor a 1.000%, el gremio comercial manifestó que urge al sector terciario abrirse al capital internacional que permita rescatar la infraestructura y aumentar la productividad en el país.
