Economía

Gobierno realiza diariamente más de 200 inspecciones a comercios

El Gobierno nacional realiza diariamente más de 200 inspecciones y fiscalizaciones a empresas y comercios para evaluar el cumplimiento de las leyes y garantizar el abastecimiento de alimentos y productos a la población venezolana, informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde el Palacio Blanco, en Caracas, dijo que con estas inspecciones se busca «estabilizar el proceso económico en todos sus niveles».

«No hay razones para caer en ilícitos, acaparar, especular y hacer pasar trabajo a nuestro pueblo», expresó Maduro en cadena nacional de radio y TV.

Las inspecciones emprendidas por el Gobierno nacional forman parte de la nueva fase de la ofensiva económica que permitirá sanear el sistema de precios y comercialización del país.

Para fortalecer estas acciones, el Ejecutivo instaló un Estado Mayor de Abastecimiento que velará por la oportuna producción y distribución de los rubros principales para el país.

También fue creada la Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el 23 de enero pasado. Esta normativa contempla prisión de 10 a 14 años para quienes incurran en contrabando y acaparamiento de alimentos y demás bienes.

Las empresas y comercios existentes en el país tuvieron oportunidad hasta el pasado lunes para ajustarse a los parámetros establecidos en el instrumento legal, que fija el porcentaje máximo de ganancia en 30%.

Irregularidades en empresa zuliana

Durante su alocución, el mandatario nacional expuso los resultados de las fiscalizaciones efectuadas este martes por la Superintendencia de Precios Justos.

Como resultado, en la empresa Inversiones Marina del Lago (Lamar), ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, estado Zulia, se detectaron irregularidades administrativas y la utilización de materia prima vencida, por lo que se procedió a imponer las sanciones estipuladas en la Ley Orgánica de Precios Justos.

One Soto, coordinador de la Superintendencia de Precios Justos en Zulia, explicó que hallaron sal de uso industrial y doméstica vencida que estaba siendo utilizada para la preservación de camarones.

Además de la sal se encontraron bultos de alimentos para camarones también vencidos desde el 4 de enero, lo que puede causar daños a la salud de los consumidores.

La empresa deberá pagar una multa de 10.000 unidades tributarias por las irregularidades encontradas, precisó Soto durante un contacto transmitido en cadena nacional.

Por su parte, Orlando Zamora, coordinador del cuerpo de inspectores de la Superintendencia de Precios Justos del estado Zulia, explicó que la empresa tiene una capacidad para procesar 3.000 toneladas de alimentos al mes y en la actualidad está por el orden de las 1.200 toneladas.

Además, la inspección sirvió para subsanar irregularidades en los derechos de los trabajadores de la empresa como la vulneración en el pago de prestaciones, días feriados trabajados y horas extras laboradas.

Soto también informó que este martes inspeccionó la planta de procesamiento de Café Imperial, donde encontraron inconsistencia en el empaquetado del producto.

«Los paquetes de café presentaron una alteración en el peso. El envoltorio indica que contiene 200 gramos de producto, pero realmente contiene 190 gramos, por lo que aplicamos el artículo 62 de la Ley Orgánica de Precios Justos que sanciona la especulación y remitimos el caso al Ministerio Público», apuntó.

Ocupan temporalmente tienda El Castillo

La tienda El Castillo, ubicada en La Hoyada, Caracas, fue ocupada temporalmente por reincidir en irregularidades económicas, como lo establece la Ley Orgánica de Precios Justos.

«Hemos hecho una revisión de los precios, las facturas y hemos encontrado inconsistencias, además, cuando pedimos la información necesaria para constatar si se están haciendo como se debe, se negaron», informó el ministro para Industrias, Wilmer Barrientos.

Además, fueron identificados artículos registrados con el mismo código y con precios diferentes, «lo cual amerita una investigación por parte de la Superintendencia de Precios Justos», añadió.

El ministro indicó que la inspección fue realizada tras recibir denuncias por parte de las comunidades cercanas y empleados de la tienda.

Más de 500 toneladas de azúcar acaparadas

Este martes fueron encontradas más de 500 toneladas de azúcar acaparadas en dos estados del país: 11 en el municipio Brión, estado Miranda, y 519 en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

La alcaldesa del municipio mirandino, Liliana González, señaló que el producto fue vendido a cerca de 1.800 familias de la comunidad e informó que en la entidad se constituyó el Comité Municipal de Protección de la Economía, que acompañará la ofensiva económica que emprende el Gobierno nacional.

«Todos los días vamos a estar tomando denuncias de nuestro pueblo. Hemos hecho un llamado a nuestros 2.500 comerciantes que se ajusten (a la Ley de Precios Justos)», dijo desde la Cuarta Compañía del Destacamento 55 de la Guardia Nacional Bolivariana.

En el caso de Bolívar, el producto fue hallado en la empresa Gómez Flores C.A., dedicada a la distribución de víveres.

El intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, mayor general Luis Motta Domínguez, explicó que la compañía recibió en el mes de diciembre 309 toneladas de azúcar y a pesar de tomar vacaciones, continuó recibiendo mercancía que posteriormente fue acumulada.

«Estamos hablando de 500 mil kilos que están aquí acaparados. El promedio insumo del estado Bolívar son 2.500 toneladas mensuales, aquí tenemos un 20% acaparados, y por eso es que no llega a los anaqueles y mucho menos a los pueblos del sur», agregó Motta Domínguez.

La empresa, ubicada en Puerto Ordaz, en el municipio Caroní de la entidad, utilizaba los logotipos del Estado para evitar la fiscalización. «Es una empresa privada que ha utilizado está fachada pensando que la mano de la inspección no iba a llegar», dijo.

En el lugar también fue encontrada azúcar vencida que presuntamente se usaba de forma irregular.

El acaparamiento y el boicot son los delitos que se presumen en este caso y, según establece la Ley Orgánica de Precios Justos, tienen una pena de 12 años de prisión y una multa máxima de 50 mil unidades tributarias.

Con información de AVN.

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