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Gobierno venezolano, urgido de liquidez, recurre a costosos comodines ruso y chino

El Gobierno venezolano está cada vez más urgido de liquidez para poder hacer frente a una pesada realidad económica y para eso recurre, en última instancia, a sus dos aliados comerciales más importantes: Rusia y China.

Con la instalación de la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC) oficialista, la administración de Maduro pretende eludir la participación del Parlamento venezolano por los próximos dos años en todo lo que implique aprobación de créditos, otorgamiento de contratos y financiamiento urgente que, en principio y por mandato constitucional, deben ser evaluados, autorizados y aprobados previamente por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la instalación de la ANC lejos de ser un alivio para las finanzas del país representa un elemento que empeorará la profunda crisis económica de una Venezuela azotada por una inflación de tres dígitos que por cuarto año consecutivo se encuentra en recesión, de acuerdo con las perspectivas de analistas y economistas nacionales e internacionales.

El Gobierno venezolanos se ha visto de manos atadas para poder conseguir financiamiento externo que le permita contar con dinero fresco, debido a las acciones que el Parlamento ha llevado a cabo en los últimos tres meses para alertar a los principales bancos de inversión internacionales que se abstengan de financiar al Gobierno de Maduro, que han catalogado, sin titubeos, como una dictadura.

La administración de Maduro ha recurrido a formas poco transparentes para poder lograr sus objetivos y conseguir así financiamiento y la entrada de dólares que necesita.

A finales de mayo se conoció que el banco de inversión Goldman Sachs compró aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de la estatal de hidrocarburos Pdvsa, que estaban en poder del Banco Central de Venezuela (BCV) y días después el mayor banco de inversión en Japón, Nomura Securities, compró cerca de 100 millones de dólares en bonos de la deuda venezolana, como parte de la misma transacción que llevó a cabo Goldman Sachs Group Inc. Ambas instituciones financieras se vieron envueltas en una extensa polémica y al rechazo internacional, principalmente de la comunidad financiera internacional, por llevar a cabo operaciones con el Gobierno de Maduro.

El Parlamento, por su parte, incrementó las acciones para impedir que el Gobierno pudiera lograr, por la vía que fuere, financiamiento alguno. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que ya había enviado de forma personal, cartas y comunicaciones a la directiva de los principales banco de inversión, acudió a los entes financieros reguladores en territorio norteamericano y en Europa, para que apoyaran las acciones del Parlamento.

Las gestiones de la Asamblea Nacional al parecer han dado resultado. Este jueves se conoció que el banco suizo Credit Suisse prohibió a sus empleados que negocien o acepten como garantía determinados bonos vinculados al Gobierno venezolano o papeles de la estatal de hidrocarburos Pdvsa, debido a la “actual situación” de crisis.

“Cada día que pasa el Gobierno de Maduro pierde credibilidad y legitimidad, y enfrenta un alto costo reputacional. Cualquier banco de inversión o institución financiera importante, tanto en Wall Street como en Europa, enfrenta un costo reputacioal si tratan con funcionarios de Maduro, instituciones o entes del Gobierno venezolano, básicamente porque esto es un régimen considerado como violador de los Derechos Humanos”, señaló el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado.

El parlamentario precisó que Borges envió dos cartas a Credit Suisse en las que advertía de los riesgos que implicaba llevara a cabo operaciones con Creddit Suisse, tras las transacciones de los denominados «bonos de sangre».

“Ninguna deuda adquirida por Venezuela sin previa evaluación de la Asamblea nacional será reconocida, por eso los bancos de inversión y los entes internacionales de financiamiento han sido cautelosos”.

La cura rusa y china para la desesperación

Frente a esa realidad, China y Rusia se perfilan con una mayor participación en el sector petrolero nacional, medular para las finanzas de la República, y la última opción de la administración de Maduro para conseguir dinero fresco.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, Venezuela estaría en negociaciones con la rusa Rosneft para otorgarle participación en nueve campos nuevos de la FPO.

“El Gobierno está entregando la Faja Petrolífera del Orinoco porque ya no tiene activos para liquidar. Citgo está perdida porque se la entregaron a Rosneft y solo les queda entregar los campos venezolanos, como ya sabemos que quieren hacer con Rosneft con la entrega de nueve campos nuevos, sin conocer bajo qué condiciones estarían negociando la participación”.

Venezuela ofreció 49,9% de sus acciones en Citgo como garantía de un préstamo de 1.500 millones de dólares de Rosneft en noviembre pasado.

En el mes de abril Rosneft, que ya ha hecho préstamos por aproximadamente 6.000 millones de dólares a Pdvsa, hizo un pago anticipado de 1.015 millones de dólares a la estatal de hidrocarburos, como parte de un acuerdo de compra de crudo a la compañía, según precisó la petrolera estatal rusa en un informe financiero trimestral reseñado pro Reuters.

Rosneft, que tiene participación en cinco importantes campos petroleros (Petromonagas, Petrovictoria, Petromiranda, Petrperijá y Boquerón) tendría presencia en Petropiar, Petrosucre, Petroquiriquire, Petrokarina, Petrovenbras, Petroritupuano, Petrowayu, Petrobielovenezolana y Petrovencupet, áreas de bombeo de crudo distribuidas en la FPO, en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Paria, de acuerdo con lo reportado por Reuters.

Opacidad milenaria

China no se queda atrás y también reclama su parte.  Aunque la opacidad es la característica principal de las operaciones de financiamiento entre el gigante asiático y Venezuela, esta semana se pudo conocer, de parte del vicepresidente de Planificación y presidente de la Comisión Mixta China – Venezuela, Ricardo Menéndez, que la nación asiática evalúa un nuevo esquema financiero y energético con la administración de Maduro.

“Este en asunto de suma importancia, porque se trata de vislumbrar cómo va a ser la relación entre China y Venezuela, y la planificación del país para 2030. Hay un esquema financiero y energético entre China y Venezuela, y ahora un esquema de financiamiento que prioriza la seguridad de la inversiones entre los dos países”, explicó Menéndez en declaraciones a la prensa.

“Lo principal entre Venezuela y china es la deuda, y a Venezuela se le vence el periodo de gracia este año, por lo que seguramente tratarán de refinanciar para conseguir mayor financiamiento con contratos con mucha opacidad de los que se sabe muy poco”, agregó Alvarado.

En 2016 el Parlamento, mediante la Comisión Permanente de Finanzas, solicitó información a la representación diplomática de China, para aclarar las condiciones de importantes contratos para Venezuela y China. Las gestiones no tuvieron éxito, pues la opacidad se impuso.

China, mediante la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) cuenta con 40% de participación en las empresas mixtas Petrourica y Petrosinovenza, campos ubicados en la FPO.

“El encuentro ha servido, entre otras cosas, para evaluar un nuevo proyecto de aguas profundas en Araya, un proyecto de envergadura que está vinculado al almacenaje de petróleo que permitirá la implementación de nuevos tanqueros, para la comercialización de crudo  y también estaremos trabajando en planes para la reconexión de pozos en la lago de Maracaibo, que permitirá un incremento en la producción de 60 mil barriles diarios”.

Menéndez resumió, brevemente, la estrategia del Gobierno venezolano mediante la Asamblea Nacional Constituyente para terminar de abrir las puertas, de par en par, a Rusia y a China para poder lograr un financiamiento que le permita sobrevivir a la mayor crisis económica de la historia en Venezuela.

“Lo más importante es lo que significa la constituyente económica para la apertura de nuevas inversiones de china en Venezuela”.

La administración de Maduro está en vilo por hipotéticas sanciones internacionales al sector petrolero, tras la instalación de la cuestionada ANC oficialista, lo que representaría un duro golpe que implicaría la pérdida de al menos 75% de los ingresos por la venta de crudo (11 mil millones de dólares anuales), a pesar de que representantes del Gobierno y de Pdvsa han asegurado que tienen un “plan b”.

Tras las sanciones jurídicas y económicas que impuso la administración de Donald Trump recientemente a un grupo de funcionarios venezolanos, incluido Maduro, cuatro senadores republicanos pidieron el jueves al Gobierno de Trump que no bloquee los envíos de crudo desde Venezuela como parte de las sanciones que prevé Estados Unidos, ya que la medida podría subir el costo de los combustibles a los consumidores estadounidense y afectaría significativamente  al pueblo venezolano, de acuerdo con un documento reseñado por Reuters.

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