Economía

Gracias, Merentes

El ejercicio de Nelson Merentes al frente del Ministerio de Finanzas de Venezuela ha tenido muchas vicisitudes pero sobresalen dos aspectos fundamentales de su gestión. Por una parte, la falta de transparencia en la información fiscal y por la otra la proliferación de operaciones financieras cuestionables, algunas de las cuales se han expresado en daño al patrimonio público. Las estadísticas fiscales de Venezuela presentan un atraso importante que dificulta la labor de análisis en un contexto en el cual el seguimiento de las variables presupuestarias resulta de vital importancia para evaluar la coyuntura económica. Los datos sobre el gasto público son absolutamente deficientes, lo que dificulta al extremo la valoración adecuada de la política fiscal y sus efectos sobre la economía.

A ello se adiciona discrepancias entre las cifras del ministerio y las del BCV, sin que se haya dado una explicación sobre las metodologías de cálculo que originan datos diferentes sobre variables semejantes. El caso de los recursos recibidos y utilizados por el Fondo de Desarrollo Nacional
(Fonden) es una muestra patética. Tras la reforma fraudulenta del la Ley del BCV el 25 de julio de 2005 que posibilitó la creación de ese fondo, hasta ahora en Venezuela se desconoce sus estados financieros, de forma tal que se pueda identificar los aportes realizados, el monto desembolsado y el capital disponible. Adicionalmente, sería conveniente conocer cuánto de lo erogado se ha dedicado al financiamiento del componente local de los proyectos de inversión. Todo ello está sumido en un profundo misterio detrás del cual campea la discrecionalidad y la voluntad del Presidente de la República como criterio último y definitivo para la asignación de los recursos. Esta opacidad no es un fenómeno nuevo atribuible a Nelson Merentes, viene de más atrás pero él la ha exacerbado hasta convertir al despacho de las finanzas públicas de Venezuela en un coto cerrado con lo cual ha pasado a ser el lugar común de los comentarios cuando se platica acerca de presuntas irregularidades administrativas y del porcentaje corruptor.

Con relación a las operaciones que ha venido realizando el Ministerio de Finanzas con los bonos argentinos y las llamadas notas reestructuradas, si estuviésemos en una nación con instituciones y no con caricaturas de ellas, ya se hubiese iniciado una averiguación por parte del parlamento o de la Contraloría General de la República. Como es conocido, el Gobierno compró títulos de deuda pública de Argentina por más de US$ 3.000 millones los cuales negoció en el mercado local con algunas instituciones financieras. Así, esos títulos fueron vendidos en dólares al tipo de cambio oficial de Bs./US$ 2.150 a los bancos nacionales o extranjero que operan aquí, por parte del Ministerio de Finanzas, con una prima (un porcentaje sobre su valor de adquisición al Gobierno de Argentina) de donde se derivó obviamente una ganancia, montante a la diferencia de los dos precios. Posteriormente, los bancos involucrados en la operación liquidaron los bonos tanto internamente como en el exterior y con las divisas obtenidas concurrieron al mercado paralelo donde obtuvieron una tasa de cambio de aproximadamente Bs./US$ 2.500 para el momento de la operación. Ese subsidio cambiario no lo obtiene nadie en Venezuela salvo quienes transan esos bonos con el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas nunca convocó a subasta pública para adjudicar esos bonos, sino más bien lo hizo de forma discrecional.

Algo similar ocurre con las notas reestructuradas. Este instrumento financiero es un producto derivado que se forma a partir de un bono de deuda pública emitida por el Gobierno de Venezuela. De esta manera, una institución financiera del exterior que adquiere ese título emite una nota con base en el papel de deuda original la cual transfiere al Ministerio de Finanzas o al entre público correspondiente. En Venezuela han estado muy activos en estas operaciones el Ministerio de Finanzas y Bandes. Esas notas son asignadas sin que la cartera de las finanzas públicas de Venezuela o Bandes sigan un procedimiento conocido y claro para quienes concurren a ese mercado. Una vez que el sistema bancario adquiere las notas al tipo de cambio oficial, continúa con el procedimiento anteriormente descrito: los vende en el mercado paralelo y realiza una ganancia extraordinaria. De esta manera, el mercado de divisas paralelo siempre está desabastecido toda vez que esas notas no llegan al demandante final, todo cual se traduce en presiones alcistas de la cotización del dólar.

Otro tanto ocurre con operaciones financieras entre la Oficina Nacional del Tesoro y parte de los bancos, donde la colocación de los fondos públicos no se guía por un procedimiento conocido al predominar la discrecionalidad, ello es un incentivo para que comisionistas y agentes financieros forcejeen por la disposición de tales fondos en unos bancos y no en otros. Por tanto, determinados sectores con influencia en las altas esferas del Gobierno habrían obtenido cuantiosos beneficios de estas transacciones en detrimento del patrimonio nacional.

El caso Bandagro

El cadáver insepulto del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) todavía ronda por el Ministerio de Finanzas. El caso es que aparentemente existen unos bonos que emitió ese banco y que fueron cerificados por el Ministerio de Finanzas cuando la gestión de Tobías Nóbrega y sobre esa base la entonces procuradora general de la República, Marisol Plaza, dictaminó que los bonos eran legítimos y que había que pagarlos. Luego el Ministerio de Finanzas reconsideró su decisión y con un nuevo dictamen que anuló el anterior, lo que llevó a los acreedores a litigarse con Venezuela en una corte del estado de Ohio, en Estados Unidos, donde al parecer la un juez les ha dado la razón. Cuando el tema retornó a la opinión pública nacional, una de las involucradas, la ex procuradora, el viernes primero de diciembre de 2006 en entrevista concedida al diario El Nacional, se exime de responsabilidades e inculpa al ex ministro Nóbrega, cuando afirma frente a una pregunta de la periodista: “Entonces ¿la falla inicial viene del Ministerio de Finanzas? Sí. Y yo debía confiar en lo que él me enviaba porque no le puedo decir a un ministro que es mentira lo que él dice”. Más adelante, para librarse de culpas, dice Plaza: “¿A quién le correspondía determinar la validez de los bonos? Al Ministerio de Finanzas con auxilio de los organismos”. Lo cierto es que Venezuela ha tenido que pagar por ese caso una suma importante en divisas por concepto de gastos y costas procesales y lo que es peor de peder el juicio deberá cancelar una suma que excede los US$ 1.000 millones.

Las memorias proscritas de CAP

La publicación de un conjunto de relatos que Carlos Andrés Pérez contó a Roberto Guisti y Ramón Hernández es una pieza política de lectura obligatoria. Se ve a un CAP de mentalidad progresista, desde el punto de vista conceptual, y exhibe ciertas cualidades que no eran perceptibles en él. Se define como un hombre del socialismo democrático. En materia política muestra habilidad para defender su obra de gobierno y la actuación que mantuvo cuando fue ministro del Interior en la administración de Rómulo Betancourt. En lo relativo a las inversiones extranjeras dice “teníamos temor a las inversiones extranjeras; que vinieran a recolonizarnos y tomar nuestra riqueza”. Acerca de su primer gobierno plantea que lo correcto era devaluar el bolívar en 1974 para impulsar las exportaciones pero le faltó decisión. Sobre el rol del Estado en la economía suelta idea: “En Venezuela no se entendía la necesidad de una profunda reforma de nuestra economía, seguíamos dentro de los patrones del subsidio, del proteccionismo”. En la defensa de su gobierno no reconoce el problema en que metió al país con un endeudamiento absolutamente injustificado y sobre la corrupción, la descarga sobre algunos de quienes fueron sus ministros.

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