Impuesto al patrimonio afectaría al sector productivo del país, alertó ONG
Con la aprobación del nuevo impuesto al patrimonio de ciudadanos y empresas, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) podrían estar creando una nueva arma de persecución selectiva en Venezuela, según denunció la ONG Acceso a la Justicia.
El impuesto obliga a los contribuyentes calificados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como sujetos pasivos especiales, bien sea personas jurídicas que sean propietarios o posean activos patrimoniales por más de 100 mil unidades tributarias (UT) o personas naturales por más de 36 mil UT, a pagar desde el 0,25 hasta el 1,5% de su patrimonio, en los términos previstos en la “ley constitucional”.
Este nuevo tributo se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al cierre de cada período, y su pago deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca el Seniat. Las personas naturales y jurídicas cuyos activos tengan un valor igual o superior a 150 millones de UT también están obligadas a declararlos.
Asimismo, quedan exceptuados de este impuesto los inmuebles declarados como vivienda principal, hasta por un valor de 64 millones de UT equivalentes en la actualidad a 3.200 millones de bolívares o poco más de 396 mil dólares a la tasa oficial, así como los bienes destinados a actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras.
Cabe destacar que los bienes sujetos al impuesto no son solo aquellos que estén ubicados en el país, sino también aquellos que tengan en el exterior las personas naturales y empresas calificadas como sujetos pasivos especiales que sean residentes en Venezuela.
Dados los montos involucrados, Acceso a la Justicia puntualizó que este tributo afecta fundamentalmente al sector productivo y, en tal sentido, las pocas empresas en el país que aún tengan activos con los valores antes mencionados trasladarán el costo del impuesto a los precios de sus productos.
¿Cómo afecta al venezolano?
La Ley Constitucional sobre Impuesto al Patrimonio representa una norma de facto y un acto de desprecio a la real participación ciudadana y a la soberanía popular, por ser un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y no la Asamblea Nacional, apuntó Acceso a la Justicia.
“En la práctica se trata de una normativa inconsulta e inconstitucional, que puede ser usada como otro medio más para justificar el ataque y arrebato de sus bienes a las personas en un país donde la ley es lo que determina en realidad el funcionario de turno”, añadió la ONG.
De este modo, cuando a causa del pago de este írrito impuesto aumente aún más la fuga de empresas y la desinversión, así como la ya gigantesca inflación, se tendrá la evidencia objetiva que el propósito de tal “ley” no son los grandes patrimonios, sino el de todos los ciudadanos.
