La Ley Orgánica de Precios Justos será modificada, específicamente en su artículo 59 que se refiere al contrabando, señaló Andrés Eloy Méndez, superintendente de precios justos.
“Seremos más severos y se incorporará la confiscación de todos los activos vinculados a este ilícito (bienes inmuebles, muebles, etc.)”, explicó en una nota de prensa.
El artículo 56 ya establece la confiscación como medida a aplicar cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos procuren la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación.
La legislación no detalla qué tipo de bienes serán confiscados. No obstante, el presidente Nicolás Maduro señaló el jueves en la noche que la sanción no buscará solamente incautar lo que se les consiga a los contrabandistas en flagrancia, sino “ir más allá, por las cuentas de estos grupos económicos, por todas sus propiedades, por todo”.
La posibilidad de incluir estas sanciones ya había sido asomada a finales de agosto por José Gregorio Vielma Mora, gobernador de Táchira, y Darío Vivas, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Expertos advirtieron en aquel momento que la medida constituye una restricción ilegítima al derecho de propiedad privada.
Por los momentos hay que esperar para saber cómo será aplicada la nueva sanción. “Se debe respetar el ordenamiento jurídico, la ley no puede por encima del derecho a la defensa”, señaló Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, quien considera que en los cambios planteados a la ley deben incluirse las cláusulas que correspondan a los tribunales. “No puede ser una sanción administrativa”, expresó.
El abogado Juan Raffalli considera innecesaria la reforma de la Ley de Precios Justos para incluir otras sanciones contra el contrabando, pues este ya está tipificado como un delito penal en otros instrumentos legales.
Agrega que incluir la confiscación de bienes como sanción confirma lo que ocurre en la práctica: “Ya hay confiscaciones de hecho, lo que es inconstitucional”. Señala, además, que la medida será poco efectiva para reducir el contrabando. “No es un problema de tratamiento legislativo, sino de vigilancia fronteriza y de corrección de las distorsiones económicas”.
“Aquí estamos sobreviviendo”, Eleonora Delgado – San Cristóbal
Isabel Castillo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira, dijo no entender la decisión del primer mandatario de extender por 90 días más el cierre parcial nocturno de la frontera para combatir el contrabando de alimentos y mercancías venezolanos hacia Colombia. Señaló que desde los primeros anuncios de la restricción, expresaron por todas las vías su desacuerdo y sugirieron la implantación de otras acciones para contrarrestar los ilícitos de extracción.
Castillo señaló que el cierre de frontera no trajo beneficios porque los anaqueles están vacíos: no hay harina precocida, azúcar, aceite en polvo y otros artículos más buscados de la cesta básica.
“Si hubiese dado resultado ese cierre estaríamos tranquilos. Aquí estamos sobreviviendo. Una vez más le pedimos al gobierno lo siguiente: esas medidas no traen nada positivo, hay otras alternativas para erradicar el contrabando. Las medidas que se implementen siempre deben estar acordes con la realidad”, señaló.
