Insólito manejo de emisiones de papeles negociables por parte del sector oficial

En este grato país de las siempre palpitantes sorpresas, no solo por aquello de que se vive de milagro y se muere en cualquier momento, o como se diría en lenguaje de los títulos valores: “ Sin aviso y sin protesto”, no tiene porque asombrarnos el que las emisiones de papeles negociables, bonos y similares por parte de entes públicos, incluyendo los amparados por la República, sean manejados de manera tan irresponsable e indeseable y con absoluto desprecio de la buena fe de quienes incursan en los mercados de valores, inclusive, con gran asombro para inversionistas extranjeros que suelen también resultar taimados.

De ese tipo de barbaridades daba cuenta recientemente la prensa nacional y reportes a nivel de los grandes mercados donde se negocian inversiones y papeles a nivel internacional, y desgraciadamente para evidente descrédito de nuestro país y su empeño en el crecimiento financiero, me refiero evidentemente al llamado caso BANDAGRO.

Se referían dichos comentarios, como podemos imaginarlo al caso de los bonos o papeles de aquel tristemente recordado Banco del Estado para el manejo del agro y la cría, los que según se comenta en los corrillos financieros, parece que habiendo sido emitidos con todos los requisitos de Ley, fueron sustraídos ilegítimamente de las arcas y lugares de natural custodia y negociados taimadamente en los mercados bursátiles.

Resultado de tan insólito proceder es la reclamación planteada por un ciudadano italiano, quien asistido por un conocido abogado intentó formal reclamación para proteger sus intereses, y luego de haber cumplido requisitos que acreditaban la pureza de los títulos en posesión de su cliente y con ello su origen legal y debida puesta en circulación pudo recaudar esa inversión, pero de otra parte, había otra gran cantidad de dichos instrumentos que no fueron cabalmente honrados con su pago.

Quiero destacar que situación casi idéntica ocurrió con una emisión de deuda pública negociada para refinanciar la deuda interna de la Republica a finales del gobierno de Caldera, y la que en forma casi idéntica salio a los mercados financieros aparentemente de manera incontrolada o sorpresiva para el instituto custodio de dicha emisión, y luego se ha desconocido la legalidad y virtualidad de dichos documentos, cometiéndose arbitrariedades tan soberanas, como la de que los inversionistas sorprendidos en su buena fe que inclusive han concurrido, no para exigir fueran honradas tales negociaciones, sino simplemente, tal como lo contempla el procedimiento legal, para constatar la veracidad y pureza de los instrumentos, hasta se han visto privados de su libertad ilegalmente y han perdido la posesión de sus títulos, la cual adquirieron de buena fe y en los mercados internacionales.

En un caso en el que intervinimos profesionalmente, presenciamos lo absurdo e ilegal del procedimiento cumplido al haber tenido que defender a los inversionistas del procedimiento arbitrario por el cual se les privó ilegítimamente de su libertad e igualmente se les arrebató sin razón alguna sus títulos, esto es, de la prueba de sus inversiones, sin formula de juicio y confiscatoriamente ( esto es, se les arrebato ilegalmente de la posesión que mantenían sobre tales papeles o títulos) y adicionalmente, de manera abusiva y contraria a la Ley por igual se les privó de su libertad, llegando a tal grado el abuso, que hasta los funcionarios fedatarios que intervinieran legalmente en el procedimiento de presentación se vieron retenidos y privados de su libertad durante largas horas.

Lo adicionalmente insólito y descarado, es lo que en ambos de los citados casos viene ocurriendo, esto es, que los entes emisores de los papeles o la República responsable en último término de la emisión, manejo y colocación de dichas emisiones y de sus pagos y negociaciones, aun a sabiendas de tan anómalas situaciones, y omiten advertirlo y difundirlo al público y colectividad financiera, creando con ello falsas expectativas de su legitimidad y en definitiva incurriendo con ello, si a ver vamos, en connivencia con los delincuentes que de alguna forma los sustrajeron, negociaron y luego ilegal e irresponsablemente aplican los abusivos e ilegales procedimientos para confiscar dichos papeles, causando considerable daño a los terceros adquirentes de esos documentos en los mercado ordinarios donde se los negocia eventualmente de absoluta buena fe.

Lo que ocurre, con clara evidencia es que ese silencio resulta cómplice de los que prevalidos quien sabe de cuales privilegios han tenido acceso a la emisión y manejo de dichos instrumentos ilegalmente, los han sustraído y luego negociado con terceros ajenos a dichos manejos, y que de buena fe los han adquirido en sus mercados naturales.

Tan reprochable situación por lo visto se ha hecho rutina en nuestro país, con grave descrédito de su buen nombre internacional y poniendo en evidencia un notorio abuso contra los que negocian e intercambian estos documentos como inversionistas.

El aludido caso Bandagro es insólito, pues según las noticias filtradas a la prensa nacional e internacional, si bien en un momento dado el manejo de dicha colocación fue considerado ilegal, luego de efectuados procedimientos de experticia legal, para acreditar su legal existencia, y habiéndose producido con ello una orden gubernamental para que se honrase, nuevamente se objeto su circulación y quedaron otros titulares de dichos instrumentos, con idéntica emisión. sin poder recobrar sus inversiones.

Para colmo de males, en el tapujo intervino hasta un conocido Ministro entonces de turno en el enchufe oficial y quien ha guardado absoluto silencio, pero cuando menos mas honorable que el de quien fungía como titular del instituto emisor de aquellas, quien alega simple y cómicamente no haber estampado su firma en instrumento alguno, desconociendo que en estos casos hasta se admiten firmas troqueladas.

No hay derecho que continúen ocurriendo estas cosas con absoluta impunidad sin que existan responsables y encima se haga bulla y cacaree de las buenas intenciones para evitar la corrupción, vagabunderías y abusos por parte de funcionarios públicos.

Queda pues Juan Pueblo debidamente prevenido e informado de tan incorrectos como censurables procederes y ya sabe a quienes debe exigir responsabilidad por su obvia e imperdonable conducta culposa, quienes no serán precisamente los “indeseables capitalistas” que manejan dichos negocios, y a quienes seguramente se pretenderá echar la culpa, sino a la irresponsabilidad insólita del gobierno y de las autoridades que deben controlar la emisión, custodia y colocación de dichas emisiones financieras.

Ojala que no ocurra nada similar con los recién puestos en circulación bonos de PDVSA, pues serán muchos los idiotas estafados y taimados.