La bondad del Gobierno tiene un efecto perverso

Ella  es agente de bienes raíces. Es día iba a trabajar, a mostrar uno,  dos, tres apartamentos en la tarde, los que sean, como hace siempre desde hace años,  porque hay que conseguir ventas. Hay que pagar la casa, el mercado, en fin.

Las ventas siempre están flojas  en  enero y febrero, pero este año, me dice, están peor. No se mueve ni una paja. Sin embargo hay que salir igual todos los días, porque el que no insiste, no logra. Así ha  conseguido  mantener  su nivel de vida todos estos años. Sus clientes son     ejecutivos de compañías que  se establecen en Venezuela y  tienen que darle vivienda a su personal.  O extranjeros que  quieren  mudarse.

Los preferidos son los europeos y los norteamericanos. El precio puede subir lo que se quiera  sin complicaciones  después que se hacen los contratos de compraventa. Los compradores sí son muy cuidadosos. .Hay que mostrarles muchas opciones, que probablemente sean discutidas hasta con la casa matriz, pues las condiciones de la casa forman parte de sus beneficios contractuales . Determinadas zonas, seguridad , exclusividad y proximidad a su centro de trabajo son las líneas directrices de su trabajo.

Generalmente  el grupo de agentes inmobiliarios   y compañías entre las que  se mueve no le vende ni alquila   a  cubanos, ni a iraníes. O tratan  de evitarlo en lo posible. Pero hay una prohibición absoluta:   hacer negocio con venezolanos, por más  dinero que tengan.

“En eso, nosotros los venezolanos estamos embromados. .No nos venderán nunca. Hay muchos problemas con nosotros. Y menos con la nueva disposición esa que no permite los desalojos.

Uno creería, en  primera instancia que esto no nos afecta. Estamos hablando de un mercado que se mueve en dólares,  para personas con ingresos que le permiten un nivel de vida equiparable al de los millonarios o multimillonarios venezolanos. Lo problemático es que eso es una pálida sombra del derrumbe catastrófico  que ocurrió el fin de semana  pasado  en el mercado de vivienda de alquiler en Venezuela,  cuando la Comisión Judicial prohibió los desalojos.

Si ya los dueños de apartamentos o casas en  alquiler y las inmobiliarias  estaban “moscas” porque el año pasado se discutía y se llegó a repartir  en la AN una ley de Inquilinato que hacía difíciles , por no decir imposibles los desalojos, con la  decisión de la  Comisión Judicial, un órgano administrativo  y ejecutor,  se cierra el mercado de vivienda de alquiler, además de declarar de hecho  infinidad de  agravios  y  litigios, puesto que  pasan de centenares los inquilinos que no solo han relegado a último lugar de sus presupuestos el pago de  la vivienda, sino que se han declarado abiertamente en posesión del apartamento, el cuarto o la casa  en la que estaban arrendados.

Se trata de un efecto perverso, como tantos otros que provienen de la ejecución de las políticas del gobierno, supuestamente de un bondadoso socialismo cuasi angélico: se ubica a los damnificados en las oficinas públicas, hasta en Miraflores y salen perjudicados los empleados a quiénes les quitan sus espacios. Prueba de ello la manifestación de esta semana de los empleados públicos de tecnología de la Vicepresidencia, quiénes se quejan de maltratos. Otros se  molestan  porque los ubicaron en los comedores, o  arrinconaron a todo el mundo en dos oficinas para meter en el resto a  ocho familias, o los pusieron en comisión para limpiar baños y tender camas.

El gobierno dice que apoya a los damnificados  y por eso los   envió  a hoteles en todo el país . Así dejó sin pan  a  centenares de trabajadores  de esos hoteles y de otras empresas conexas con el turismo hotelero. Dicen que los damnificados están muy bien instalados   y resulta que la comida que les llevan es de mala calidad, porque   los  encargados de llevársela, dicen que compran una cosa, se roban el dinero y dan otra. Compran enseres  para ellos y  presentan facturas por el doble y el triple, para cogerse los reales.

  Y por otra parte, sin viviendas de alquiler y con miles de casas destruidas por inundaciones, se encoge y se encarece aún mas el mercado para los aspirantes a inquilinos. No he hablado  todavía ( es tema de otro artículo) del  derecho conculcado  de aquellos que tienen casa propia o se dedican a alquilar, o a construir y vender.  Además del repugnante uso político que se hace de la ley Habilitante: o se  la apoya o se está contra los damnificados, cuando se habilita  en realidad para  legalizar la rapiña contra el derecho de propiedad y contra los derechos humanos de los venezolanos que necesitan un techo así como también  para conculcar otros derechos, como ha sido la historia reciente en Venezuela.