La crisis financiera y el ataque a la propiedad
Al teniente coronel y al coro de acólitos que lo acompañan se les hace la boca agua hablando de la crisis financiera por la que atraviesan los Estados Unidos. Parecen profetas apocalípticos hablando del fin del Imperio y de los estertores del capitalismo. Si tuviesen un poquito de sentido autocrítico, se darían cuenta de que lo que ocurre en el Norte ha pasado muchas veces en Venezuela durante los últimos diez con la banca estatal, sólo que en una escala infinitesimal. ¿Cuántas veces ha quebrado el Banco Industrial de Venezuela y cuántas las ha reflotado el Gobierno? Según los entendidos en la materia, por lo menos cuatro veces. El sistema de microfinanzas, que tiene en su vértice al Banco del Pueblo Soberano (creado para financiar proyectos socioproductivos) y al Banco de la Mujer, ha sido un desaguadero por donde han navegado centenas de millones de bolívares fuertes, sin que nadie pueda responder por el destino y la utilidad de esos recursos. Lo único que ha impedido la quiebra y el cierre de esos “bancos” es la inagotable chequera petrolera en manos del mandatario. En otro país sin los recursos del nuestro y con instituciones más serias, la “crisis” del sistema financiero estatal habría provocado consecuencias lamentables, pues las causas del deterioro de los bancos mencionados son similares a las que han desatado la debacle en EE.UU.: la irresponsabilidad en la entrega de créditos y los altos niveles de morosidad.
El comandante ve la paja en el ojo ajeno, pero es incapaz de detectar la astilla en el suyo. El lamentable episodio que sacude al mundo bursátil norteamericano y europeo le sirve de excusa para reivindicar el comunismo y renovar sus ataques a la propiedad privada. Esta arremetida comienza hace casi diez años. Desde el comienzo del régimen, el jefe del Estado y muchos de sus allegados se apropiaron de la infeliz frase de Proudhon, el atolondrado socialista utópico de mediado del siglo XIX, la propiedad es un robo. Inspirados en este exabrupto que refleja una supina ignorancia de la historia humana, desde 1999 el Gobierno estimulan invasiones de tierras, inmuebles urbanos, fincas y haciendas, toma de fábricas y embotelladoras de refrescos. Todo esto condimentado con amenazas continuas a los empresarios, no importa que sean grandes, medianos o pequeños. El “robo famélico” y frases como “ser rico es malo” y “ser pobre es bueno”, proclamadas por el primer mandatario en varias de sus primeras interminables cadenas, forman parte de la campaña para desprestigiar la propiedad privada y, al mismo tiempo, resaltar las bondades del regreso a la propiedad estatal y colectiva, aspecto clave del socialismo del siglo XXI.
La artillería contra la propiedad arrecia con motivo de la reforma constitucional votada el 2-D. En ese proyecto se suprime el texto con el cual comienza el Art. 115 de la Constitución, “se garantiza el derecho de propiedad”, y se sustituye por una redacción imprecisa y confusa: “se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad”, a saber: propiedad pública, propiedad social, propiedad colectiva, propiedad mixta, y, finalmente, propiedad privada. Las dudas que el proyecto deja en torno a la propiedad privada es uno de los talones de Aquiles que permite que, a pesar del inmenso ventajismo y abuso, la postura democrática que aboga por la libertad en todos los campos, triunfe ese memorable día. Todos recordamos la cara del modesto portugués que temblaba frente a la posibilidad de perder su carnicería en manos de unos burócratas incompetentes y desalmados.
El terror que generó en la población el ataque manifiesto a la propiedad en la reforma constitucional, no ha sido suficiente para convencer al jefe del Estado de que los ciudadanos de todos los estratos sociales, quieren ser propietarios privados de los activos que les pertenecen. Ahora de nuevo apunta contra la propiedad en las leyes del paquetazo. Esa embestida cruza de modo transversal la mayoría de los decretos, sin embargo, donde el problema se agudiza es en las siguientes: Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, Promoción y Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Industria y Unidades de Producción Social y Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Como dice Nelson Socorro, en los decretos leyes se elimina la noción unívoca de derecho de propiedad y se retoman, ampliándolas, las formas de “propiedad” nebulosas presentes en la reforma rechaza el 2-D: propiedad colectiva, propiedad social, propiedad cogestionaria, propiedad mixta, propiedad asociativa, propiedad comunitaria, propiedad pública y propiedad individual. Esta última es la más parecida a la propiedad privada; sin embargo, el hecho de que se le llame “individual” podría significar que al morir el propietario el bien no pase a sus herederos naturales, sino al Estado.
En los decretos leyes del paquetazo domina un enfoque confiscatorio, punitivo y claramente represivo del proceso productivo. La iniciativa privada es culpable de antemano. Ni siquiera se le concede el beneficio de la duda. Desde una perspectiva izquierdista completamente desconectada de los procesos reales y de un voluntarismo para nada inocente de un grupo de burócratas autoritarios, alejados de la producción directa de bienes y servicios, se pretende regular hasta en sus más mínimos detalles el comportamiento de mercados complejos. A los Consejos Comunales se les concede un poder desmedido e inconveniente. La cooperación entre el Estado y la iniciativa privada, esencial para lograr el crecimiento económico y el desarrollo integral de la sociedad, queda anulada por una visión antagónica que fomenta la lucha de clases, en vez de propiciar la cooperación entre agentes que se necesitan mutuamente.
La colectivización de la economía, en la fracasada y superada tradición impuesta por Mao en China, pretende implantarse por la fuerza de los petrodólares, en un país que por su gigantesca riqueza petrolera y por la calidad de sus recursos humanos, bien podría convertirse en una nueva potencia económica regional y, por qué no, mundial.
Las grietas del sistema financiero norteamericano no pueden admitirse como válidas para descalificar los efectos benéficos de la propiedad privada, ni, mucho menos, para reivindicar un sistema tan oprobioso como el comunista.
