La desestatificación del Estado: Propiedad y Operación petrolera
Ante una pregunta que le hicieron, al entonces Presidente de PDVSA, éste respondió que no era descartable que se pudiera discutir la posibilidad de vender un porcentaje pequeño (15%) de las acciones de PDVSA al sector privado. Hubo de inmediato las reacciones “nacionalistas” de quienes se han opuesto siempre a esta posibilidad.
Como en Venezuela algunos acostumbran sustituir con descalificaciones inmerecidas a las argumentaciones serias sobre problemas complejos voy a intentar un nuevo enfoque, para discutir la propiedad del petróleo en Venezuela, desde un punto de vista metodológicamente diferente.
Para comenzar dividiré el problema en dos vertientes: 1) La propiedad de los yacimientos petroleros 2) La operación de esos yacimientos para extraer el petróleo, ya sea por vía de concesión de la Nación, convenios de asociación entre una empresa del Estado y una o varias del sector privado o, convenios operativos entre empresas del Estado y empresas privadas. No entraré a distinguir entre estas modalidades, ya que todos sus postulados obedecen al mismo principio de que un tercero opere y produzca unos yacimientos propiedad de la Nación.
La propiedad de los yacimientos (¿Estado o nación?)
Comencemos por aclarar que en ninguna de las modalidades
de participación privada en la industria petrolera, recomendadas a la fecha, desde simples contratos de operación, hasta una posible venta de acciones de PDVSA o de sus filiales, se ha sugerido que, como parte de la transacción, la propiedad de los yacimientos pase de la Nación al sector privado. Por lo tanto, en ese contexto, no se puede hablar de una desnacionalización de la propiedad del petróleo. Lo correcto sería referirse a una “desestatificación operativa”, que es de lo que verdaderamente se trata. Más adelante retomaremos este aspecto de la discusión.
Soy de los que he sostenido y sostengo que en la definición de propiedad de los yacimientos petroleros de Venezuela hay una perversión interpretativa que nos ha conducido a la creación de un Petroestado, ya definido en múltiples ocasiones, cuyas características principales son: 1) Es un Estado distribuidor de todos los dineros (riqueza es otra cosa) que genera la explotación de nuestros recursos naturales, entre los cuales, tiene lugar preponderante el petróleo. 2) Por ser el gran distribuidor el Estado es, a la vez, la institución más poderosa del país y como tal desestimula el crecimiento y fortalecimiento de otras instituciones propias de los sistemas democráticos y en las cuales descansa la solidez de ese sistema. 3) Busca consensos artificiales, por la vía de asignación de favores (dinero y prebendas)) e impide que se establezcan reglas claras para la solución de los conflictos interinstitucionales, siempre presentes en un sistema político que estimule la libre discusión de las ideas. 4) La peor de todas: Dadas las características anteriores, impide la generación de riqueza por los ciudadanos, al negarles acceso y participación directa en los recursos naturales que son de todos (Petróleo, oro, diamantes, aluminio, acero, hierro, etc) y a su transformación en productos industriales. La consecuencia es que no se ofrecen en el país alternativas para el ahorro de los venezolanos, que no sean los depósitos en bancos o su envío al exterior, donde contribuyen a generar las riquezas de otras sociedades.
No podemos –pues- hablar en propiedad del petróleo como un bien nacional y, por lo tanto, no se puede desnacionalizar a lo que nunca ha sido nacional. Hay que definirlo -entonces- impropiamente, como un bien del Estado. Para corregir esto, lo primero que debemos hacer es nacionalizar al petróleo, aclarando en nuestra Constitución y en nuestras Leyes que la propiedad de los yacimientos es de la Nación (todos nosotros) y no del Estado (la representación política y jurídica de la Nación).
Bien está que el Estado sea quien norme la explotación de lo que es de todos y cobre impuestos sobre las ganancias que produzca esa explotación. Pero, lo que no debe hacer, es considerarse el propietario de los yacimientos, cobrar la regalía como si de verdad, fuese el dueño y además -como mencionaré más adelante- operar él mismo lo que impropiamente supone que es de él. O sea que el Estado es dueño, operador, cobrador de regalía, recaudador de impuestos y distribuidor de los dineros que genera el negocio petrolero. No hay pesos y contrapesos en la explotación y administración de nuestro principal recurso y sería casi un milagro que cualquier Estado, con todo ese poder concentrado en sus manos, pudiese resistir la tentación de convertirse en el Petroestado, en el cual se convirtió el Estado Venezolano. Por lo tanto, si esta relación entre el Estado, la sociedad y el petróleo no se modifica en Venezuela, de nada servirán las medidas para buscar equilibrios macro-económicos y una mayor justicia social.
La naturaleza y la estructura misma del Petroestado, atentan directamente contra cualquier medida que busque mejorar la situación económica y social de nuestros ciudadanos. Esta conclusión está a la vista de quien no cierre los ojos ante la realidad. El Petroestado sobrevivió mientras sus recursos le alcanzaron para crear una ilusión de falsa felicidad entre los venezolanos. Pero hizo agua rápidamente cuando al no alcanzarle ya los recursos del petróleo, para mantener el espejismo de bonanza, tuvo que acudir a la sociedad para que ésta contribuyera con la disminución de su patrimonio al sostenimiento del sistema. El problema fue que se encontró con una sociedad, consecuencia de la propia gestión del Petroestado, improductiva y mal educada para el trabajo. Con grandes diferencias de ingresos entre los distintos estratos sociales y totalmente abúlica e inculta políticamente. La cual -por una parte- resucitó con Caldera la mejor esperanza populista que, en nuestro país representó el Petroestado y -por otra parte- aplaudió después unas medidas incompletas de modernización del Estado. Pero alimentó el secreto deseo de que ese chaparrón fuese temporal para que pudiésemos volver rápidamente a las “delicias” del Petroestado, delegándole de nuevo, al Gobierno/Estado la solución de todos los problemas. En eso estamos ahora. Pero más temprano que tarde entenderemos que nuestro problema es reestructurar nuestra relación Estado/Sociedad para que esta última pueda transformar el dinero de la explotación petrolera que hoy recibe el Estado, en riqueza permanente, mediante el ahorro, la inversión y la creatividad de todos los ciudadanos. Para ello se requieren modificaciones profundas en nuestra manera de pensar, la elaboración de una composición de las diferencias entre Estado y Nación y una estructura legal que responda a nuestras nuevas metas y objetivos como país.
En lo relacionado estrictamente con el petróleo (Cualquier cambio verdaderamente sustantivo tiene que empezar por eso), se requiere:
Definir explícitamente en la Constitución y en las Leyes que rigen la materia de hidrocarburos que: 1) Los yacimientos petroleros son propiedad de la Nación, es decir, de los nacionales: de todos nosotros. 2) El rol del Estado es el de administrar el buen uso de los yacimientos, propiedad de la Nación, y ejercer los limitados derechos, que le otorguen los ciudadanos, a participar en las ganancias que se generen por la explotación de estos yacimientos, por el sector privado nacional e internacional, vía el Impuesto Sobre la Renta y otros impuestos que deberían estar definidos taxativamente. (Un ejemplo de lo impropio de la actitud del Estado en lo relacionado con la propiedad de los yacimientos petroleros, lo encontramos en el Artículo 302 de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lee así: “El Estado se reserva, mediante la Ley Orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera…” ¿Qué es eso de que “el Estado se reserva”?. El Estado no tiene derecho de autoreservarse nada. Los derechos y deberes del Estado se los fijamos los ciudadanos a través de una Constitución aprobada en Referéndum popular y de unas leyes aprobadas por nuestros representantes electos, presentes en los diferentes cuerpos legislativos de la Nación. Ese “desliz” no es de forma. Refleja el verdadero sentir de los constituyentes, brazos ejecutores dóciles y subordinados a los caprichos estatificadores del Jefe del Estado, quien –a su vez- representa fielmente una perversión política-interpretativa muy nuestra: Lo único que es nacional es lo que pertenece al Estado, ignorando que lo que es de los nacionales es siempre de todos nosotros y lo que es del Estado puede reservársele a unos pocos.
Regular el pago de la regalía para que ésta no vaya a las arcas del Estado. Su producto debería asignarse a crear fondos especiales para educación, salud, pago de la deuda externa y otros fines similares. Estos fondos serían administrados por instituciones profesionales auditadas por empresas internacionales especializadas.
Incorporar en cualquier nuevo proceso de Apertura Petrolera, donde se invite a participar al sector privado, condiciones financieras y corporativas que le permitan a las empresas venezolanas del sector que manufacturan bienes y le prestan servicios a la industria petrolera concursar, en forma de consorcios, sin las desventajas estructurales que le impidieron participar activamente como socios potenciales en las modalidades anteriores de la Apertura (Entre ellas, la de tener que clasificar como empresas individuales antes de poder firmar convenios de asociación entre ellas mismas).
Estas decisiones y algunas otras, conducirían a la verdadera nacionalización del petróleo en Venezuela. Los que confunden estatificación con nacionalización, deberían preguntarse lo siguiente: Cómo puede calificarse de nacional una industria -como la petrolera- a la cual los nacionales (los venezolanos) no tienen acceso. Ni como propietarios. Ni como beneficiarios directos, sin intermediación oficial, de los beneficios que ella produce. Ni como operadores, salvo en lo dispuesto dentro de la llamada Apertura Petrolera, hoy prácticamente eliminada, en el nuevo Plan de Negocios de PDVSA en lo relacionado con el petróleo (Se mantiene para el gas, la industria petroquímica y el carbón).
Las operaciones de la industria petrolera
Soy de los que cree que la estatificación (no-nacionalización) de la operación petrolera, el 1ero. de enero de 1976, fue útil para que los gerentes petroleros venezolanos comprendieran mejor a su industria y para que el sector político entendiera que lo verdaderamente importante del acto estatificador no fue la toma de los activos petroleros y su operación por el Estado. Lo verdaderamente importante fue la conquista directa de los mercados petroleros internacionales, donde se vende el petróleo venezolano, por parte de PDVSA. Ese aspecto hay que cuidarlo mucho. Cuando lo que se privatice sean empresas de extracción o transformación de materia prima, habrá que asegurar la transformación “aguas abajo” en Venezuela de esa materia prima cuando eso sea rentable y obtener una participación en los canales de comercialización, distribución y mercadeo en los mercados internacionales, cuando se trate de un bien exportable (petróleo, aluminio primario, olefinas, hierro, etc). El ejemplo más claro es –precisamente- el del petróleo. A través de nuestras inversiones en Europa y Estados Unidos, tenemos mercados propios para nuestros crudos y –a la vez- la seguridad de obtener parte del valor agregado de la transformación externa de esos crudos en productos más rentables. Debemos asegurarnos que las nuevas asociaciones no nos regresen a nuestra situación pre-estatificación, de simple vendedores de materia prima sin mercados que pudiéramos llamar propios. Ahora, con esos conocimientos y esas particularidades, es hora de cambiar el esquema.
La operación
Primero, entendamos que aun si privatizáramos a PDVSA en un 100%-opción que no recomendamos- estaríamos privatizando solamente a la operación petrolera, hoy ejecutada por el Estado. No estaríamos desnacionalizando el petróleo, puesto que los yacimientos petroleros continuarían siendo de la Nación (espero) o del Estado (como es hoy, de hecho).
Si vamos a desmontar al Petroestado, lo cual es una necesidad inescapable, hay que cambiar la noción del Estado propietario por el de la nación propietaria y la del Estado operador, por la del Estado regulador, coordinador y promotor. Cuando el Estado es además de operador, un ente centralizador de la operación, el problema se agrava. Por eso, con toda razón conceptual, aunque en la práctica no se mueva con la velocidad requerida, el Estado había decidido (Esa política no está –ahora- muy clara):
1) Privatizar tanto en la propiedad como en la operación, aquellas actividades que no le son propias (Hoteles, líneas aéreas y algunas otras industrias).
2) Descentralizar la operación, de aquellas actividades que siendo propias del Estado en su conceptualización filosófica, se cumplen mejor delegando regionalmente la implantación de las tareas. (Educación. Salud. Construcción de infraestructura y seguridad).
3) Por último, parecería lógico que se cerrara el círculo, privatizando la operación, de aquellas actividades relacionadas con los recursos naturales de Venezuela cuya propiedad no se puede transferir de la Nación al sector privado (Hidrocarburos, minas y otras riquezas del subsuelo).
Sin que esto signifique que la Nación no pueda entrar en asociaciones con terceros, u otorgar concesiones que le den al sector privado derechos temporales de explotación de nuestros recursos naturales, siempre y cuando de esa explotación se beneficien visiblemente los propietarios de esos recursos (todos los nacionales).
La nueva Pdvsa
Quizás debería más bien decir las dos nuevas PDVSA. Estoy consciente que lo mejor para los venezolanos sería utilizar a toda PDVSA como una palanca financiera importantísima para el país. Ello se podría lograr con mecanismos como el propuesto por Francisco Monaldi que resume a continuación el propio autor:
En términos generales, se trata de que el Estado aporte las acciones de PDVSA (o de sus subsidiarias) y las otras mercadeables que posee, a un sistema de fondos mutuales o de inversión, un tercio del cual, mediante “Certificados de Participación”, será repartido entre los ciudadanos mayores de 18 años.
Otro tercio será distribuido oportunamente entre municipios y estados para incentivar la inversión productiva local. El resto lo mantendrá el Estado como patrimonio liquido para lograr la estabilidad macroeconómica, desarrollar un sistema financiero eficiente y recuperar la autentica soberanía económica, conculcada por nuestra aparente debilidad actual.
A continuación se presenta un escenario ejemplificativo de la aplicación de la idea:
1) Inscripción en la Bolsa de las empresas del Estado capaces de someterse al escrutinio del mercado, creando previamente acciones A y B, con y sin voto respectivamente. Solo a estos efectos estimaremos el valor de capitalización de PDVSA, Pequiven, Edelca, Venalum y el resto de las empresas “mercadeables” en 130 millardos de dólares, de los cuales 20 conformarán la mayoría de las acciones tipo A, que quedarán en manos del Estado para asegurar su control. De los $110 millardos restantes, se venderán 10 para marcar su valor y financiar el cambio y el resto, más un monto en acciones de compañías privadas inscritas en la Bolsa conformarán un Fondo Venezuela, expresión neta y fiel de toda nuestra economía, el cual invertirá solo en acciones locales y estará dirigido al vigoroso mercado externo de fondos que buscan diversificar su cartera. A los efectos de nuestra propia diversificación, incorporaremos el Fondo Venezuela a un Fondo Permanente de los Venezolanos (FPV), poderoso imán del ahorro interno y externo, que canalizará hacia acciones y títulos compensatorios el riesgo petrolero. La clave de tales fondos reside en que no venden sus acciones originales, comprando los nuevos valores diversificadores de riesgo con los dividendos y el ahorro captado. Así, los venezolanos nos quedamos con “el chivo y el mecate”. 2) Un monto de $40 millardos (1/3 del total) será distribuido entre los 11 millones de venezolanos mayores de 18 años, correspondiendo a cada uno unos $3.600 (Bs. 2,5 millones) o sea, varias veces el patrimonio actual de la mayoría que no podrá ser vendido sino en determinadas circunstancias (retiro, pensiones, educación, especializada, microempresas) pero cuyos dividendos serán disponibles y por los cuales los ciudadanos pagarán impuestos, incorporándose a la red de interdependencias que teje la Nación. 3) Otro tanto será distribuido oportunamente por partes iguales entre las 24 gobernaciones y las 330 alcaldías o mancomunidades ad-hoc, en forma progresiva y en la medida que se produzca el adecuado proceso de aprendizaje y maduración en cada una de las entidades. A cada gobernación correspondería un promedio de $830 millones y a cada municipio unos $60 millones (repartidos con criterio similar al del Situado), destinados a crear fondos mutuales cuyo objetivo sea promover y apalancar nuevas inversiones locales en empresas inscritas en la Bolsa. Las regiones competirán para atraer inversión y los ciudadanos podrán convertir parte o la totalidad de sus acciones del FPV en acciones de los fondos locales, premiando a los más eficientes. Una nueva manera de votar a través del bolsillo”.
¡Bien por Monaldi! Sin embargo, parece que no estamos preparados todavía para un paso de esta naturaleza, lo cual no impide que empecemos a hacer lo que estoy seguro podemos hacer ya.
Lo primero será estructurar a PDVSA corporativamente en empresas filiales separadas de acuerdo a la estructura fiscal que les debería corresponder. Es decir, 67,5% de tasa impositiva para los sectores de exploración y producción y 34% para las otras actividades petroleras, comparables en sus costos/beneficios a otras actividades comerciales e industriales no petroleras.
Sugiero crear dos grandes Vicepresidencias.
1) Vicepresidencia de Exploración y Producción. Bajo la cual se colocaría una gran filial dedicada a estas actividades. La tasa impositiva sería del 67,5%. Además estarían bajo esa Vicepresidencia las empresas responsables por las Asociaciones Estratégicas, las de Convenios Operativos y las de Asociaciones de Ganancias Compartidas. Todas ellas sujetas al ISLR a la tasa del 34% o del 67,50% según fuera el caso. De esta manera una Vicepresidencia tendría bajo su supervisión a todas las filiales de PDVSA dedicadas a la exploración y producción de petróleo y cada empresa sería una corporación, sujeto fiscal independiente, a la cual se le aplicaría la tasa impositiva más adecuada. (Para simplificar la estructura corporativa se pudieran agrupar en sólo dos empresas las actividades de exploración y producción. Una que incluiría las actividades sujetas a una tasa impositiva del 67,5% y otra que agruparía a aquellas actividades sujetas a una tasa impositiva de 34%).
2) Otra Vicepresidencia. Bajo la cual estaría:
Una gran empresa que incluiría refinación, transporte, comercialización, suministro y mercado interno. Esta empresa pagaría 34% de tasa impositiva.
Una filial de “Servicios Técnicos”. (Ingeniería, procura de equipos y materiales y gerencia de construcción). También pagaría 34% de tasa impositiva.
Las funciones de apoyo, típicas de una corporación compleja como servicios legales, recursos humanos, finanzas, etc., estarían concentradas en el Holding petrolero (Pdvsa) dueña de todas sus filiales.
En las filiales así creadas, salvo en el Holding Pdvsa y la gran empresa de Exploración y Producción, se permitirá la participación privada, a través del mercado de capitales, bajo la modalidad simple de una emisión de acciones limitadas para establecer su valor de mercado y atomizadas para que sean accesibles al ahorrista local. Otras acciones pasarían a formar parte de Fondos mutuales como los ya descritos por Monaldi. En los casos que se considere necesario el Estado podría mantener control sobre algunas de estas empresas. Por ejemplo, la gran empresa de Comercio, Refinación y Mercado Interno, podría caer bajo esta categorización. No así la “Empresa de Servicios” que podría ser de mayoría privada.
Las ventajas serían obvias y se lograría uno de los objetivos mencionados públicamente, en varias ocasiones, por el actual Ministro de Energía y Minas, Dr. Alí Rodríguez: La participación en la industria petrolera del capital nacional. Pero no sólo el de las grandes o pequeñas empresas, sino también la de los grandes y pequeños ahorristas venezolanos quienes –como ya hemos señalado- no tienen verdaderas opciones para contribuir con sus ahorros al desarrollo nacional.
La otra ventaja sería concentrar las actividades petroleras, distintas a las de exploración y producción, en filiales que compitan con empresas que se dediquen a estas actividades en otros países y con empresas comerciales e industriales no petroleras de Venezuela. Podríamos, entonces, dedicarnos a desarrollar en el país las actividades “aguas abajo”, como la refinación y el mercado interno que le dan valor agregado a nuestros productos primarios. Aumentaría la inversión, la presencia del capital nacional, la creación de empleos y la contribución al Fisco, al vender productos de mayor valor.
La creación de consorcios para la ejecución de proyectos específicos entre la ingeniería nacional privada y la empresa de “Servicios” (ingeniería) de PDVSA, resultaría en una combinación capaz de competir de tú a tú con la ingeniería extranjera. Sin que esto signifique que para megaproyectos o aquellos de muy alta tecnología no podamos contar con las grandes empresas mundiales de este ramo.
Esta estructura, que ahora se propone para Pdvsa, se parece algo a la que se intentó bajo el gobierno anterior. Sólo que en esa ocasión se perdió la verdadera ventaja de la Reestructuración: darle un tratamiento fiscal adecuado a las diferentes actividades del sector petrolero nacional. Más aún, la posibilidad de la participación del sector privado está prevista en el Artículo 303 de la Constitución vigente: “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas o cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A
Resumen y conclusiones:
1) Hay que desmontar al Petroestado y para ello un paso importantísimo es cambiar la naturaleza y la estructura de la relación Estado/ sociedad/ petróleo.
2) Hay que establecer claramente que los recursos naturales del país, sobretodo el petróleo, son propiedad de la Nación (todos nosotros) y no del Estado.
3) Al no transferir la propiedad de los yacimientos petroleros, de la Nación al sector privado, no habrá “desnacionalización”, de la industria petrolera, cualesquiera que fuese la estructura operativa para la explotación de esos yacimientos.
4) Hay que reestructurar a PDVSA con el fin de estimular constitucionalmente la participación nacional en aquellos sectores del negocio petrolero que no sean los de Exploración y Producción y darle a cada actividad de la Corporación el tratamiento fiscal adecuado. (Que conste que no veo nada criticable en que se le el mismo tratamiento de capitalismo popular a la gran empresa de Exploración y Producción. Pero, ante la enorme dificultad de “vender” políticamente ese mecanismo, creo que no debemos posponerlo todo, porque no se puede hacer todo ahora).
5) El 1ero. de enero de 1976, no hubo una “nacionalización” de la industria petrolera, lo que hubo fue la “estatificación” de su operación. Por lo tanto, si ahora pasáramos esa operación al sector privado nacional, parcial o totalmente, entraríamos en un proceso de “desestatificación operativa” de la industria petrolera. Más no de “desnacionalización”, por las razones ya dadas. Si acaso hubo desnacionalización fue -precisamente- el 1ero. de enero de 1976, cuando se les retiró a tres compañías nacionales, (Mito Juan, Petrolera Las Mercedes y Talón), propiedad de ciudadanos venezolanos el derecho de seguir operando los campos petroleros donde estaban establecidas. En esa acción hubo un claro acto desnacionalizador en aras de favorecer la tendencia estatificadora del Petroestado. La consecuencia ha sido que ahora esos campos, están siendo operados por empresas extranjeras.
Finalmente, debo pedirle al liderazgo político y al de la sociedad civil emergente del país, un esfuerzo genuino por romper con los viejos esquemas mentales, para poder examinar, sin complejos, la naturaleza de los cambios profundos que como sociedad debemos implantar a muy corto plazo.
Y si el petróleo, para bien o para mal, ha sido el protagonista principal y el más importante financiador de nuestra ya agotada estructura política/social, creo que es -precisamente- su presencia y relevancia en nuestras nuevas relaciones como sociedad, lo que hay que examinar primero.
De lo contrario, las urgencias le cambiarán el rol al petróleo, sin participación ciudadana, y -de nuevo- “los menos” serán los beneficiados. En este sentido, es bueno recordar que el aumento considerable de la deuda pública externa e interna del país, sin que ésta venga acompañada de una modernización de nuestro aparato productivo, nos puede llevar, algún día, a tener que entregar las llaves de PDVSA como pago de nuestros compromisos. Tendremos –entonces- que hacer mal, por necesidad perentoria, lo que pudiéramos haber hecho bien, mediante una planificación acertada. Sólo que, entonces, como en el caso de las empresas petroleras Mito Juan, Talón y Petrolera Las Mercedes, le habremos entregado de nuevo a los de “afuera” lo que hemos debido conservar para los de “adentro”. Parece –entonces- que algunos críticos de nuestros gobiernos tienen razón: Las democracias imperfectas prefieren el capital extranjero al capital nacional. No tiene dolientes en el país y no es activista político.
Lo que los partidarios del retroceso histórico no quieren entender es que definir la propiedad de los yacimientos petroleros como de la Nación y abrir PDVSA a la participación colectiva de los venezolanos, mediante la creación de Fondos Mutuales, reforzados si se quisiera con el producto de la regalía petrolera, es mucho más nacionalista que perpetuar la nefasta práctica de concentrarlo todo en el Estado para beneficio exclusivo de unos pocos.
Por otra parte, privatizar la operación petrolera (Pdvsa), total o parcialmente, y dejar al Estado como receptor único de los beneficios de esa actividad no cambiaría la relación actual Estado/sociedad/petróleo. Abrir la operación del petróleo al mercado de capitales es un paso en la dirección correcta, pero pasar la propiedad del petróleo del Estado a la Nación, es el giro definitivo para la eliminación del modelo actual.
La pobreza del ochenta por ciento de los ciudadanos de Venezuela avala nuestra recomendación y exhibe el fracaso del Petroestado.
