Economía

La economía subterránea

Asunción (AIPE)- Algunos empresarios, hartos del perjuicio que les ocasiona el inmenso sector informal o mercado negro que prolifera al margen de la ley y los impuestos, han dado su apoyo a la reforma impositiva propuesta por el gobierno, pese al aumento de la carga tributaria y a sus enormes complicaciones y riesgos. Al igual que el gobierno y el FMI, esperan eliminar el sector informal por la fuerza y así ampliar la base tributaria. Un deseo comprensible, aunque vano. Es como pretender acabar la pobreza por decreto.

La informalidad no se terminará con nuevos impuestos. Los controles, las multas y penas carcelarias la empujarán más hacia las sombras, pero no lograrán eliminarla o siquiera achicarla. Por el contrario, la pesada carga de los tributos y regulaciones y las complicaciones del nuevo sistema impositivo forzarán a muchos a pagar más coimas a los inspectores o dejar el sector legal y pasar a la informalidad, realizando todas sus operaciones en efectivo. Otros pasarán a engrosar la legión de desocupados y hambrientos.

El sector informal no está al alcance de la coerción estatal. En países más serios como Italia, España y Bélgica, con una larga tradición de cumplimiento tributario y respeto a las leyes, una de cada cuatro transacciones comerciales, incluyendo prestación de servicios y contratación de empleados, se realizan en el sector informal, sin que los gobiernos puedan evitarlo. De hecho, en algunos países ricos, debido a la elevada presión tributaria y excesivas regulaciones, la economía informal crece tres veces más rápido que la formal.

En Paraguay la informalidad es tan grande que puede decirse que hay dos países. Uno es el país legal, más pequeño, que abarca alrededor del 40% o menos de la economía, y otro es el país informal, más grande, que abarca el 60% o más. El gobierno estima que la evasión tributaria puede llegar al 70%. Pero la informalidad posiblemente es mayor aún, si a las actividades legales que no pagan impuestos se suman las ilegales, como la falsificación y contrabando.

El predominio de las pequeñas empresas unipersonales, negocios, talleres que emplean trabajadores que cobran en efectivo, dificulta la estimación del tamaño de la economía informal. Apenas una ínfima porción de los trabajadores tiene seguro social, el resto trabaja en la clandestinidad. Precisamente, la razón por la cual las estadísticas oficiales (balanza comercial, desempleo, vivienda) son irreales es porque el gobierno desconoce la economía informal.

Los controles de facturas legales, las multas, cierres de negocios y persecuciones no reducirán la informalidad, como espera el gobierno. A diferencia de la corrupción, la informalidad no se puede combatir solo con el uso de la fuerza. Y si se consiguiera someterla, dejarían de existir muchos bienes y servicios, crecería la desocupación y la miseria y el país caería en el caos social.

La informalidad, al igual que la pobreza, se acabará únicamente destruyendo sus raíces: el estatismo. Es preciso liberalizar la economía, deshacer la vieja cultura del “trámite y la coima” y suprimir la pesada carga de regulaciones en los mercados.

En el mercado laboral, mientras no se flexibilice la legislación y persistan condiciones absurdas y beneficios sociales onerosos y complicados, habrá un fuerte incentivo para la contratación clandestina de trabajadores y demás servicios, y el pago en efectivo. La rigidez laboral junto a la complejidad del nuevo régimen tributario, dificultará cada vez más la creación de empleos legales, en especial, en el sector de los servicios, el de mayor importancia en la economía.

La informalidad es fruto del intervensionismo que crea un círculo vicioso de favoritismo, sobornos, evasión e ilegalidad al otorgar a los funcionarios el poder de inmiscuirse en la economía y decidir caprichosamente sobre la inversión, producción y comercio. Para romper ese círculo es preciso no complicar el sistema impositivo ni perseguir a los pobres, sino modernizar la administración tributaria, combatir la corrupción, bajar los impuestos, desbaratar la burocracia y regulaciones innecesarias y reducir los costos de legalización de las empresas.

La libertad económica es la única que puede ofrecer los incentivos necesarios para fortalecer la legalidad y detener la informalidad, la piratería y el contrabando.

(*): Corresponsal de AIPE en Paraguay y presidente del Foro Libertario.

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