Economía

La injusticia salarial en Venezuela

La simple observación de la estructura salarial de Venezuela sugiere que existe una enorme injusticia entre los diferentes tipos de empleados públicos y en las distintas categorías de cargos de los servidores del Estado. Para quienes profesamos la igualdad de oportunidades y estimamos la justicia social como principio y referencia vital, es absolutamente intolerable las profundas diferencias entre las remuneraciones de profesionales con elevada calificación y las que devengan jefes de institutos, presidentes de empresas del Estado, ministros o diputados. Una sociedad se orienta por postulados de solidaridad cuando remunera adecuada y efectivamente a su capital más preciado, sus recursos humanos, y no cuando hace de la retórica y la demagogia un episodio de permanente hipocresía. Tan valioso para un país es la labor que desempeña un general o coronel de la FAN como el de un maestro o un médico y por tal razón no debería existir discrepancias sustanciales entre los sueldos que se perciben, a menos que para la sociedad que financia esos salarios con sus impuestos sea más importante el acto bélico que la acción de enseñar, educar y salvar vidas. Similarmente, una jornada de trabajo educativa o sanitaria debería tener mayor ponderación de una comunidad como la venezolana que la faena de diputados cuyo único hecho relevante consiste el levantar la mano como señal aprobatoria de una instrucción recibida, por un poder distinto del legislativo.

Buena parte del deterioro del ingreso de los asalariados obedece a un alza sostenida de los precios, de forma tal que el poder de compra no resiste el ritmo que la inflación le marca a la economía en Venezuela. Sin embargo, en un ambiente inflacionario la manera de preservar el salario real es ajustando el salario nominal o garantizando un esquema de seguridad social que se traduzca en mayor capacidad de compra para los asalariados, en el entendido de que un trabajador con una amplia protección social no tendría que realizar gastos adicionales en atención médica, educación, recreación y esparcimiento. Pero ello dista mucho de ser el caso de Venezuela, donde en los hechos la salud pública mantiene deficiencias estructurales que ha hecho de las pólizas de salud privadas la razón de ser de la prestación de los servicios médicos. Por ello, entre otras razones, los trabajadores en Venezuela deben dedicar parte de su salario al financiamiento de sus propios planes de salud. Lo mismo sucede en la educación, donde los estándares de calidad y extensión del servicio que ofrece el Estado venezolano han desmejorado tanto que ha forzado a parte importante de las familias a procurarse por sus medios la educación de sus hijos.

La consideración sobre la estructura salarial en Venezuela pareciera indicar que existen empelados de primera y empleados de tercera categoría, como se aprecia en el cuadro.

Remuneraciones totales mensuales

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Incluye: primas de antigüedad, aguinaldos, bono de vacaciones y otras compensaciones

Esa aberración en la composición de las remuneraciones es indigna para un país que enarbola la igualdad como premisa y valor social, por cuanto lo que está generando es una discriminación que hace a esa sociedad absolutamente inviable, al destruir el incentivo y la motivación al trabajo. Cuando esos incentivos desaparecen lo único que le queda al gobierno es el exhorto al sacrificio y la apelación absurda a gestas heroicas para tratar de llenar el vacío que no puede ser cubierto con una remuneración apropiada. Lejos de esta descripción subyace la sugerencia de que todos los empleados deban percibir el mismo sueldo. Se trata más bien de ir avanzando progresivamente hacia un esquema que favorezca la capacitación laboral y con ella las mejoras de las remuneraciones sin que se observe las odiosas diferencias salariales entre el personal con similares calificaciones. Así, hay que imprimirle una nueva tónica, cargada de principios justicieros, a la política salarial en todas las instancias de la Administración Pública Nacional si es que de verdad de aspira a un país más igualitario.

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