La Privatización de PDVSA con la venta de CITGO

El petróleo de la “revolución”

La reputación de Venezuela como mercado petrolero estable constituía un importante capital que repercutía positivamente en la generación de contratos por venta de hidrocarburos, la credibilidad era un activo en el balance petrolero venezolano, sobre todo porque una porción importante del mercado petrolero en el mundo, OPEP, y los países en la cuenca del Caspio era inestable bien por crisis políticas, conflictos religiosos y carencia de controlabilidad democrática. Sin embargo ese status terminaría algún día.

La “revolución bolivariana” hoy declarada socialista, y de indudable sesgo marxista, fulminó el carácter laico que caracterizaba al Estado venezolano que fundaba su incentivo rentista en el ejercicio de sus ventajas comparativas, independiste de que detrás de ese proceso de maximización de la renta fiscal petrolera estaba la propiedad estatal. El canon ideológico de la revolución cambio esos objetivos, tomando el riesgo de una disminución del volumen de renta petrolera dado que el capital de credibilidad y estabilidad cae fulminado por ese ejercicio ideológico.

Petróleo inestable, petróleo más barato!

En ese sentido, Venezuela, en un periodo de tiempo relativamente corto,  se convirtió en un mercado de hidrocarburos inestable, impredecible, forzado a la búsqueda apurada de una diversificación de los mercados sin que ello tenga necesariamente  un impacto positivo en cuanto a los precios que el mercado estaría dispuesto a pagar por los hidrocarburos venezolanos. Por ello podemos ver al gobierno deambulando por el mundo para firmar acuerdos bilaterales para colocar el petróleo a cambio de bienes y servicios, con lo cual definitivamente veremos caer la renta fiscal del petróleo implícita en estos esquemas de trueque firmado por doquier.

La inestabilidad se expresa no sólo en lo político, acción y reacción en virtud del ritmo de violencia institucional natural que impone toda “revolución”; sino también  por el drástico –aunque legal- cambio en las reglas del juego y en las instituciones que rigen el negocio petrolero, ahora marcando un estatismo rígido y el paroxismo de un régimen rentista que apuesta todo al petróleo y a la renta que este produce, pese a que su comportamiento político de la revolución, a todo evento, conduce inexorablemente a una reducción de la renta fiscal petrolera, el mercado, inclusive los ”amigos” no tardarán en pasar la factura de menores precios porque habrá apuro en colocar la oferta petrolera, dado los conflictos políticos que separan al mercado americano de la potencialidad productiva de Venezuela.

Nuevas reglas en el petróleo: estatismo a ultranza anticapitalista.

Las nuevas reglas en el negocio petrolero colocan las regalías o royalty en niveles de apetencia rentista impidiendo al mismo tiempo la conformación de estructuras organizativas –empresas- en el negocio petrolero con mayoría de inversión privada, al mismo tiempo que privilegia la participación de empresas del ramo con participación de capital extranjero. El negocio petrolero aparece por norma constitucional y fuerza de la ley prácticamente vedado al inversionista venezolano.

El sesgo anticapitalista que rige lo petrolero –además de las políticas públicas a todo lo económico- se sienta en el apetito rentista que pague una voracidad fiscal ilimitada. La mayoría de los acuerdos petroleros firmados por el gobierno con socios comerciales tiene la característica básica de anticapitalismo, dado que esos acuerdos se han firmado casi exclusivamente con empresas petroleras estatales, de hecho el diseño de Petro-América, la propuesta del presidente Chávez,  es la de una empresa estatal, similar a las que abundan en la OPEP.

El falso dilema de vender o no vender petróleo a EU

Entre otras perturbaciones producidas en la economía por debilitamiento de los derechos de propiedad, la “revolución” ha producido severos incidentes de violencia política, los que entre otros, produjeron el paro petrolero del 2002 – suerte de suicidio político en los anales de la historia politica y económica venezolana- con la interrupción de la producción, refinación y transporte del petróleo a los mercados internacionales; sin descontar ciertamente de una abundante retórica revolucionaria antiimperialista, fenómeno bizarro porque se menosprecia la demanda por hidrocarburo del propio “mercado imperialista”, no sólo nuestro mayor cliente, sino también el más rentable de los mercados petroleros con que dispone la oferta venezolana.

Abandonar el mercado americano, por iniciativa propia, o del país del norte, implica en lo hechos unos cuantos dólares menos por bárril en términos de renta petrolera, lo cual después de todo no sería negativo si a las manos de los políticos que administran el presupuesto llega menos dinero petrolero que reduzca la voracidad fiscal por renta petrolera.

Los “fantasmas” de la privatización
Es en este parte donde aparece la anticipada oferta de venta de CITGO componente importante en la integración vertical del negocio petróleo, en este caso propiedad del Estado Venezolano. El gobierno ha puesto en marcha un mecanismo político alrededor de un evento mercantil que puede ser normal en cualquier mercado pero que a todo evento implica y trae consigo un mecanismo de desvalorización de ese importante activo petrolero.

Sin embargo, la privatización de un activo estatal, un hecho mercantil corriente en los mercados, tiene implicaciones contradictorias frente al marco jurídico y político que teje las reglas de juego en el negocio petrolero venezolano, y hasta el discurso nacionalista y estatista del actual gobierno, cuya política “petrolera” se ha diseñado en contracorriente a cualquier asomo de privatización del negocio petróleo venezolano, fantasma utilizado en la discusión politica y en oportunidad de la sanción de la nueva constitución y ley de hidrocarburos.  
Más allá de los parámetros ideológicos que impongan el nuevo curso de la política  petrolera venezolana, la compra y venta de activos petroleros debería ser un hecho normal en los mercados. Los estados/gobiernos –tanto de países desarrollados como en desarrollo- han emprendido en las últimas décadas la privatización de empresas públicas de bajo o ningún retorno económico en virtud de los incentivos rentistas y las ineficiencias propias de la economía del Estado que acostumbran quebrar empresas públicas; unido a las causas y razones de naturaleza fiscal y de finanzas públicas que podrían ser solventadas con la venta de activos en manos del Estado.

Un incentivo rentista privatiza CITGO: la voracidad fiscal

En este entorno institucional, político y económico, el gobierno ha anunciado la intención de privatizar CITGO, sin que se conozcan razones, financieras o económicas que justificarían la venta de ese activo; un evento mercantil  normal en cualquier mercado y que no debería tener mayores implicaciones o consideraciones políticas, si no fuera por la evidente voracidad fiscal que ha mostrado el gobierno en estos años de bonanza petrolera y que le ha llevado a incrementar el gasto público en seis años en cerca de un 405 en términos reales.

El gasto público ha quintuplicado el propio crecimiento de la economía  como un todo, deuda, inflación y renta petrolera han desplazado el peso de la economía del sector privado hacia el Estado, fenómeno interesante que marca el proceso de descapitalización del sector privado venezolano; es decir, de sus empresas y gente.

Sin una diagnóstico que justifique financiera y económicamente la venta del activo CITGO, como lo tendría por ejemplo tendría una reestructuración de la deuda pública, que podría disminuir a niveles que transmita estabilidad en las  finanzas publicas que sería posible con los proventos financieros que generaría esa privatización, y tomando en cuenta el incentivo rentista –fiscal- implícito en la venta del activo petrolero del  gobierno es evidente que la venta de CITGO, estaría únicamente definida por la voracidad del gasto fiscal, alimentado esta vez un shock de ingreso que montaría la factura por liquidación del activo petrolero.