La propiedad ha muerto
De la noche a la mañana cualquier ciudadano venezolano puede perder su propiedad. Puede ser un pequeño estacionamiento, un terreno, una finca, un comercio y ahora hasta su vivienda. No importa el tamaño y el uso que tenga. Tampoco tiene que ver si en ese espacio habita una o varias familias que han hecho su vida sobre la base de esa propiedad. Si a la «comuna» se le antojó apropiarse de ese bien, no hay nada qué hacer, el desalojo es de inmediato y ni tiempo hay para recoger las pertenencias personales.
Es así que con los llamados presidenciales a tomar propiedades y las nuevas leyes inconstitucionales, sobre poder comunal, grupos oficialistas están haciendo de las suyas y tienen amenazados a toda una población que luce indefensa ante el robo diario, abierto y descarado que ocurre con el aval de autoridades judiciales y la Fuerza Armada Bolivariana que ya no se puede llamar nacional porque no pertenece a toda la Nación sino a un partido político.
En nombre de un supuesto pueblo que dicen representar, han tomado propiedades apoyados en las milicias y la GNB. Generalmente son grupos pequeño de diez a veinte comuneros que nadie los eligió, que no han sido legitimados por algún proceso electoral o algún evento que los legalice como representantes de alguien, pero han sido certificados por el Gobierno como representantes del pueblo y con ese «aval» se adueñan de propiedades que han sido el sustentos de familias enteras por muchísimos años.
Así se está viendo en el Zulia, en Yaracuy, en Lara, lo hemos vivido en el Distrito Capital, en Miranda, en los llanos y ahora en casi todo el país.
Ante esa arremetida no hay ley que valga, no hay documento que medie para que sea resarcido el daño patrimonial. El esfuerzo personal de construir un medio de vida se castiga mientras se premia la flojera, la desidia y la viveza de quienes ven, que más fácil es invadir a otro que el esfuerzo por construir una mejor calidad de vida. Hay familias y grupos enteros que se dedican a invadir, reparten a familiares en distintas invasiones a ver qué cae por allí, luego de poseído el bien lo negocian a terceros.
Estas confiscaciones dirigidas desde el Gobierno a su paso lo que dejan es desempleo e improductividad. Obtienen créditos del Gobierno, lo consumen, no lo pagan y tampoco producen. Se trata de una actividad parasitaria en la que están prescritas las palabras trabajo y desarrollo.
Las nuevas leyes aprobadas en diciembre han creado un Estado paralelo que dirige el Presidente y que no se rige por la Constitución. «El Estado Comunal» se abre camino con la fuerza de las armas derribando derechos y libertades.
