La Re-nacionalización y sus consecuencias

(%=Image(2243207,»C»)%)

Una vez que ciertas dudas se disipan tras el discurso del presidente Chávez en la toma de juramentación y toma de posesión de las respectivas carteras ministeriales el 09 de enero de 2007, otras incógnitas se plantean.

Por ahora, parece que a la economía venezolana le depara un modelo económico, que en el mejor de los casos será un híbrido entre socialismo y capitalismo, en el cual coexistirán empresas públicas y privadas “compitiendo entre sí”. Sin embargo, aquí cabe una duda razonable de importancia trascendente, no para el modelo adelantado por el presidente Chávez, sino para el bienestar social de los venezolanos. ¿Podrán competir o mantenerse produciendo empresas que operen en mercados donde existan empresas públicas o re-nacionalizadas?. Recordemos que el primer capitalista en Venezuela, con especialmente en la actualidad, es el Estado y el Gobierno Nacional. Así las cosas, aquellas empresas en propiedad del Estado cuentan con un ingente de financiamiento nunca comparable con la capacidad de cualquier privado. De esta manera, las empresas, que sean re-nacionalizadas no contarán con los incentivos privados que presionan hacia la consecución de beneficios y por tanto de una producción eficiente, en específico en aquellos mercados contestables o regulados vía mecanismos de price-cap.

(%=Image(9519550,»R»)%)

Lo anterior, significa que el Estado, al cambiar los objetivos de las empresas re-nacionalizadas, pasando a ser de máximos beneficios a máxima difusión y prestación de los servicios públicos, determinará mark-ups eventualmente negativos si se cuenta con una renta petrolera para financiar la gestión del Estado empresario y no existe ningún mecanismo de eficiencia económica

La configuración de una coyuntura como la anterior, en términos técnicos, podría ubicar a las empresas en manos del Estado en un nivel de producción donde los costos marginales superen a los costos medios. Así las cosas, existiría una fijación de los mark-ups, aunque referencial o marcador por parte de las empresas del Estado. Estos mark-ups que incluso podrían ser negativos, constituyen una transferencia del resto de la economía y de los venezolanos hacia aquellos clientes de estos servicios públicos. Sin embargo, pensemos que el Estado considera de tal trascendencia el servicio público prestado que debería ser a toda costa ser subsidiado por toda la sociedad. Sin embargo, lo anterior supone que primero los consumidores no poseen preferencias formadas sobre este servicio público y luego que estos servicios públicos deberían generar unas externalidades positivas que superen con creces el costo del financiamiento público. Igualmente, el Estado podría partir del argumento de que los demandantes de este servicio público poseen unas restricciones presupuestarias que no permiten ser incluidos en el mercado.

Aun cuando el último punto constituye un objetivo de política pública importante, debe considerarse que una política como la propuesta anteriormente no resulta eficiente, ya que existirán demandantes con capacidad de pago y precios de reserva lo suficientemente altos como para pagar precios y mark-ups de libre mercado.

En contraste, existiendo preferencias formadas, se estaría creando una tremenda ineficiencia financiada por todos los venezolanos, proveniente del hecho de que los precios de reservas inferiores a los costos unitarios podrían ser satisfechos. Lo anterior significa que el Estado estaría proveyendo servicios públicos que cuestan más producirlos comparados con la disposición a pagarlos por parte de algunos consumidores. De hecho, especial cuidado tendrá que tenerse, porque esta ineficiencia constituye un tremendo costo de oportunidad para los propios beneficiarios de los subsidios o de la reducción de los mark-ups, los cuales podrían tener en mente usos alternativos a los subsidios con niveles de satisfacción superiores.

De esta manera llegamos a una situación en la que las empresas del Estado estarían produciendo a un nivel superior a su Escala Mínima Eficiente. En esta situación y ante un control de precios o mark-ups que se enfoque en políticas de inclusión social, se estaría configurando una conducta de precios “predatorios” por parte del Estado. De hecho, se estaría haciendo al sector económicamente insostenible o inestable. Obligando a las empresas competidoras a tener que salir del mercado. Lo peor de esta situación es que la inclusión forzada de demanda que posea precios de reserva inferiores a los costos unitarios de producción, constituye una perdida de utilidad para toda la sociedad y especialmente para los directamente beneficiados con esta política pública de nacionalización y subsidios de empresas y consumo.

¿Cómo podrán competir las empresas privadas? ¿No constituye esta situación una competencia desleal por parte del Estado? ¿Cómo se mantendrá el sector y proveerá de servicios públicos al resto del mercado?

Si los precios y mark-ups son fijados por el Gobierno, las empresas privadas tendrían que ser igualmente subsidiadas y financiadas. ¿No prestan estas empresas el mismo servicio para el mismo mercado? La única forma que existe para hacer sostenible al sector de forma conjunta será subsidiar a las empresas privadas.

Una segunda alternativa sería permitir que las privadas actúen libremente en la fijación de los precios, pero ante una demanda residual pequeña los mark-ups fijados por estas empresas tendrían que ser extraordinariamente elevados. Esta alternativa parece ser poco factible, además de políticamente complicada para su aprobación.

Una tercera alternativa, es que el subsidio del sector provenga del propio sector. Si el regulador permitiese que se realice discriminación de precios, y esta fuese factible al existir demandas diferenciables, se podría hacer auto-sostenible el sector, sin tener que despilfarrar renta petrolera que generalmente demanda usos alternativos prioritarios (salud, educación, infraestructuras e inversión pública). Esta alternativa, incomoda para reguladores ortodoxos, no requeriría de re-nacionalización alguna, a la par que no se estaría generando situaciones de pérdida de bienestar social comparado con la situación de re-nacionalización.

Adicionalmente existe el problema agente-principal ente los administradores de las empresas públicas y el Estado, especialmente en países como Venezuela donde las funciones contraloras son prácticamente inexistentes.

Debería discutirse como se instrumenta una política de inclusión social, toda vez que el remedio puede ser peor que la enfermedad.

(*)Economista
Master en Economía Industrial
Especialización en el Sector Telecomunicaciones
Especialización en el Sector Energía
Especialización en el Sector Transporte
Especialización en el Sector Farmacia
Universidad Carlos III de Madrid
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica