Economía

La vivienda digna debe ser propia

Las democracias del mundo tienen entre sus prioridades otorgar a sus ciudadanos la mayor suma de beneficios y felicidad a través de la legitimación de sus derechos constitucionales, entre ellos la propiedad de la vivienda. En Venezuela el artículo 115 de la Constitución del año 1999 señala que «se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes». Pero en tiempos irreverentes, donde la violación es la norma, la vivienda construida por el Estado no pasa de ser un bien dado en custodia, adjudicado, mientras la familia seleccionada, circunstancialmente beneficiada, mantenga lealtad y obediencia al régimen.

Para que la vivienda obtenga la connotación de digna, debe ser propia. Es la condición indispensable para que la familia se estabilice, evolucione, y planifique el futuro de sus hijos. El documento de propiedad del inmueble adquirido otorga el derecho legal de poseer, ocupar, disfrutar, rentar, vender, dar en comodato, donar, o heredar, respetando los atributos a la libre disposición. Actúa en la práctica como carta de garantía; permite la contratación de créditos para realizar mejoras en el inmueble, invertir en educación, o poner en marcha pequeñas empresas o talleres productivos, dentro o fuera de la comunidad. Es la llave para romper el círculo de la pobreza, lucha que jamás podrá emprender la familia cuyos derechos estén conculcados.

Las leyes y decretos inconstitucionales a través de los cuales el gobierno pretende imponer la propiedad social no son más que una trampa para confundir a las familias que sueñan con un techo propio. El decreto presidencial Nº 6.072, contenido en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, señala pomposamente en su artículo 3 que “garantizará el desarrollo humano integral, la consolidación de la familia, la comunidad y el logro de asentamientos humanos equitativos y sostenibles”, objetivos que no se lograrán en una relación de dependencia con el gobierno que limita a los adjudicatarios de viviendas la posibilidad de progresar libremente.

En los países donde se respeta el derecho a la vivienda propia y a la titularidad de la tierra las familias tienen más opciones para enfrentar sus circunstancias y velar por el futuro de los hijos. En esos hogares se registra mejor salud infantil, menos embarazos adolescentes; deserción y repitencia escolar. Es el caso de Perú que ha encontrado en esta herramienta democrática la vía para doblegar la pobreza, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal En la década del 90 las poblaciones de los asentamientos informales del Perú poseían unos US$20.000 millones en capital inmovilizados debido a la falta de la escritura legal de sus propiedades. Con un préstamo del Banco Mundial por US$38 millones se solventó en 1998 la inscripción legal de más de 1,3 millones de propietarios en un proceso que  sigue en ascenso.

Pero en Venezuela el Presidente determinó que está prohibida la venta de las casas producidas por el gobierno. Se le entrega a una familia un título de adjudicación y no un título de propiedad, y ese bien pasa a ser propiedad colectiva, de la comunidad,  sometida al interés del colectivo, de acuerdo a leyes y normativas inconsultas que insisten en convertir a Venezuela en un gran predio común controlado por el Estado. Cuba, que no es el paraíso de los derechos humanos, intenta mediante la Ley General de Vivienda Nº 65 de transferencia de la propiedad de las viviendas que el Estado construya o queden disponibles, reconocer el derecho de propiedad de las familias sobre sus viviendas.

Ojala que el  Plan Nacional de Regularización de la Propiedad de la Vivienda  del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), para regularizar la titularidad de las viviendas adjudicadas, no se convierta en una estratagema más destinada solamente a calmar la presión existente por el flagrante atropello del cual son víctimas las familias desesperadas por la necesidad de un techo.

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