Economía

Las secuelas del robo revolucionario

Una de las últimas decisiones nefastas del Gobierno de Chávez fue la promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos y la consecuente apropiación indebida de las empresas de servicios petroleros del Lago de Maracaibo y del Oriente del país.

Durante el paro petrolero (diciembre 2002 – enero 2003) los procesos vitales de la petrolera se fueron deteniendo y sacando de operación planificadamente y de manera gradual. Además, el personal responsable de esos procesos se ciñó a las más estrictas normas de seguridad a fin de minimizar eventuales daños.

Sin embargo, cuando el Gobierno, botó a sus 20.000 profesionales y reabrió las actividades, encargó a personal inexperto, pero subyugado a su proyecto, para poner en marcha de nuevo los complejos procesos de la petrolera. Este personal obvió elementales procedimientos y ocasionó graves daños en pozos y equipos, muchos de ellos irreparables. Las consecuencias son harto conocidas: pozos inactivos, equipos fuera de circulación convertidos en chatarra, accidentes mortales y sobre todo, un bajón de cientos de miles de barriles diarios en la capacidad de producción.

Ahora, se confisca abruptamente a las empresas encargadas de la inyección de agua, gas o vapor del país, a sabiendas de que éstos son procesos muy complejos. El Gobierno está en pleno conocimiento de que este proceso requiere de mano de obra especializada, calificada y tecnificada y que por ello esa tarea era encomendaba tradicionalmente a empresas muy especializadas, que ahora son sacadas del juego. Al asumir PDVSA esta función, su falta de experiencia podría acarrear una merma de 1.050.000 barriles diarios, es decir, la mitad de la producción actual de lo que dice el Gobierno que se produce en el país.

El daño además se extiende a decenas de pequeñas y medianas empresas especializadas en procesos específicos con experiencia de 20, 30, 40 y hasta de 80 años, que también han sido objeto del despojo revolucionario, y que ha generado desempleo y desespero en la zona productora de Venezuela.

Lo que no se entiende es porqué el Gobierno quiere matar a la gallinita de los huevos de oro, que le ha permitido comprar conciencias y atornillarse en el poder.

Unos dicen que es porque PDVSA está quebrada y no quiere pagar las altas sumas que debe. Otros aseguran que es porque el Gobierno es enemigo acérrimo de todo lo que sea propiedad privada. Algunos consideran que la visión del Gobierno es cortoplacista, sesgada y omnipotente, lo cual lo ciega para ver el negro futuro que está gestando para el país. Los más mal pensados, creen que es un pase de factura a una población que le ha negado el voto en cada elección que se ha realizado, y que lo que busca es quebrar al estado Zulia para luego tomarlo por asalto. Muchos más sostienen que es todo lo anterior junto.

En lo que todos concuerdan es que este nuevo atropellamiento y tropelía es una soberana metida de pata que sólo traerá: Más demandas para PDVSA y para el país en tribunales internacionales; encarecimiento de la capacidad de endeudamiento o la exclusión de PDVSA de mercados de crédito; el congelamiento de los planes de algunas petroleras de invertir en los proyectos de producción de gas costa fuera, mejoradores y producción en la Faja del Orinoco; incremento de los costos operativos; mayor destrucción de la capacidad de producción y, por ende, un colapso más rápido de la estatal.

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