Los Controles de Precios y los buscadores de Rentas:

Los controles de precios, así como el repunte del consumo producto de la relevante inyección de petro-dólares a la economía, explican una situación en la que se han creado incentivos para el despliegue de conductas “oportunistas”.

Sin embargo, el Gobierno no ha sabido leer, ni descifrar lo que la economía ha demostrado acerca de lo pernicioso que ha resultado controlar los precios e imponer sucesivas regulaciones coercitivas por medio de mecanismos de enforcement y punishment.

Más aun, un resultado perfectamente comprobable por quienes tienen que realizar sus compras, es el desabastecimiento en los centros habituales de expendios de alimentos (abastos, supermercados, hipermercados, carnicerías, etc.) y una oferta paralela, realizada por buhoneros a precios libres, en muchas calles de Caracas.

Lo anterior, ocurre porque el normal proceso de producción y comercialización esta siendo afectado por controles de precios que, por el lado de la oferta desincentivan la actividad económica, y por el lado de la demanda incentivan un mayor consumo. Así las cosas, podría esperarse que exista un desabastecimiento derivado directamente de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, lo paradójico de este tipo de regulaciones es que no pueden garantizar que el resultado social sea óptimo, entre otras causas porque resulta imposible que estos mecanismos de regulación garanticen que quienes poseen mayores precios de reserva sean aquellos que demandan. Así las cosas, al existir desabastecimiento producto de la destrucción de incentivos a la producción-comercialización, adicionalmente aparecen incentivos para el arbitraje, una vez que la regulación no garantiza oferta suficiente, ni garantiza que aquellos con mayores disposiciones a pagar efectivamente consuman.

De esta manera, un gran número de productos desaparecen de la estructura convencional de producción-comercialización y son trasladados a un “sistema paralelo” de buhonería, que no añade valor alguno, pero si incrementa los precios, sacando provecho de un juego de arbitraje. El problema social, ni siquiera lo constituye la redistribución de excedentes que pudiera ocurrir entre aquellos que poseen mayor disposición a pagar y los arbitristas, sino la pérdida de bienestar social que proviene de la restricción de oferta que produce la regulación y control de los precios.

Adicionalmente, como estos mercados informales resultan tremendamente imperfectos en información y no obedecen a políticas de precios corporativos, ni a regulación, ni a precios de referencia, el consumidor se encuentra expuesto a cualquier sobre-precio. En específico, las sucesivas regulaciones han provocado que los bienes desaparezcan de un mercado bastante completo con información suficiente (publicidad informativa sobre los precios por cadena), reapareciendo en mercados prácticamente bilaterales entre el buhonero y el comprador. En esta situación el buhonero puede aprovechar: primero el desabastecimiento general, segundo, la informalidad de su “establecimiento” que le permite no tener que preocuparse por acciones públicas, tercero, la existencia de compradores con altos precios de reserva para satisfacer sus intereses de corto-plazo de explotar rentas, cuarto, los eventuales altos costos de búsqueda de los individuos y quinto, el hecho de que los mercados bilaterales sean imperfectos e incompletos, etc.

El punto que queremos destacar en esta reflexión, es que resulta mucho más fácil abusar del consumidor en mercados bilaterales que en mercados bien conformados como los desarrollados por los abastos, supermercados, hipermercados y carnicerías. La destrucción de un mercado que compite en cantidades, explotando economías de escala y alcance y que compite por medio de la publicidad informativa que orienta al consumidor en materia de precios, ha dado paso a un mercado que remarca precios y abusa de la ventaja de su bilateralidad, de la desinformación y de la escasez. Lo anterior, es fácil de visualizar por el lector común. Para los automercados, hipermercados, abastos y carnicerías resulta mucho más difícil poder discriminar a los consumidores adicionales (marginales), una vez que su oferta y sus precios son públicos, publicitados e impresos. Mientras tanto, el buhonero puede discriminar a cada consumidor adicional (marginal) en cada nueva negociación bilateral.

Por otra parte, resulta risible que el Ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, haya realizado un llamado a los empresarios para que inviertan e incrementen su capacidad productiva cuando por citar un ejemplo, la Ley contra la Especulación constituye un tremendo desincentivo para incrementar la producción y la capacidad productiva de las empresas. En efecto, el Gobierno se ha empeñado en acusar a los empresarios de manipuladores de los medios de producción, de acaparamiento, boicot, etc., y por ello, tozudamente ha aprobado la ley antes mencionada. Al amparo de dicha ley, si las empresas aumentaran tanto su producción (estrategia negada por falta de incentivos económicos), como su capacidad instalada y llegara a ocurrir una disminución de la demanda (de hecho el Ministro ha hecho público su deseo de “enfriar” la economía), las empresas tendrán que ajustar su producción a la baja y podrían ser inculpadas de manipulación de los medios de producción al generarse capacidad ociosa. Más allá, lo anterior se está manifestando vía desinversión y desinstalación de capacidad instalada, para evitar así ser sancionados por una “supuesta” y mal definida manipulación de los medios de producción, así como por boicot y acaparamiento. En el caso de las amenazas de punishment ante una supuesta conducta de acaparamiento, lo que se incentiva es un manejo mucho más conservador de los inventarios, lo que podría lesionar a un bien público que estaría representado por la disponibilidad de bienes y servicios. Así las cosas, esta Ley no genera eficiencia en el manejo de los inventarios, por el contrario, si la sociedad está dispuesta a pagar por el bien social que implica una red comercial abastecida, la regulación genera constricción en los inventarios a niveles inferiores a los socialmente deseables. Lo paradójico es que la sociedad podría estar perfectamente dispuesta a manejar mayores niveles de inventarios y cargar con su respectivo impacto en la estructura de costos, eventualmente la satisfacción o disposición a pagar por el abastecimiento, la certidumbre y la disponibilidad podría ser muy superior al costo generado. El problema para un “miope” en políticas públicas es que no pondera este beneficio social por su visión anacrónica y coercitiva de regulaciones basadas en costo, con lo que no se pondera el valor agregado que implicaría mayor calidad por aprovisionamiento oportuno.

Economista UCV
Master en Economía Industrial
Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones
Especialización en Economía del Sector Energía
Especialización en Economía del Sector Transporte
Especialización en Economía del Sector Farmacia
Universidad Carlos III de Madrid
Programa Avanzado en Política de Competencia
Instituto de Empresas
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica