Los derechos humanos frente a la deuda externa

Organizado por:

Centro de Derecho Económicos y Sociales
Plataforma Suramericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Con el auspicio de:

NCOS
Sesión II

«Deuda y Derechos Humanos»

Reinaldo Figueredo
Relator Especial de Deuda Externa ante la ONU
Ex-Canciller de Venezuela, Ex-Ministro de la Presidencia de Venezuela:

En la presentación que hice como Relator ante la Comisión en el quincuagésimo quinto período de sesiones, me correspondía, y así lo hice, destacar los efectos nocivos y la persistencia de este fenómeno, de qué manera incidía sobre el derecho al desarrollo y la globalización. Ahí es donde yo la ubico, término que prefiero en castellano, más ajustado a ese término es la mundialización. Hablar de mundialización, como tantas otras palabras, es la lengua inglesa que nos impone términos que hay que usarlos para entendernos.

Esa mundialización acelerada de la economía mundial ha acentuado las desigualdades entre las naciones e internamente en el seno de cada uno de nuestros países, vastos sectores sociales, básicamente las mujeres y los niños, se ven más afectados que nunca. Las metas sociales convenidas en foros internacionales a nivel de jefes de Estado, como por ejemplo la Cumbre que se hizo en Copenhague, o la que se hizo en New York sobre los niños, las mujeres, los acuerdos internacionales, convenciones, derechos económicos y sociales de los Estados, derecho al desarrollo, permanecen en la práctica como «letra muerta».

La incertidumbre, así como los graves desajustes de mercado en los países en desarrollo y en los países emergentes o en transición, ocasionan graves perturbaciones a la economía mundial. Muchos países sufrieron contagios generalizados y siempre tenemos la misma respuesta: aislar el fenómeno parcialmente para que sus efectos recaigan sobre los más débiles. La última crisis asiática generó -no espontáneamente- un movimiento de más de 120 mil millones de crédito para que no contaminara la dinámica de esta globalización.

¿Por qué tanta controversia y debate sobre el tema de la globalización? ¿acaso por concepto, dogmatismo? Para algunos, hoy en día, es la única vía para progresar. La integración de las economías en el ámbito mundial no ha disminuido las tensiones sociales. Por el contrario, en América Latina podemos dar muestras palpables de la desintegración social debido a ese fenómeno, no exclusivamente al fenómeno que ciertamente lo oxigena. Todo esto se lo mira y es objeto de deliberaciones. Lo importante es que el diálogo, como lo indica Oswaldo de Rivero, no sea exclusivamente desde posiciones extremas, que son necesarias, sino que converjan según el objetivo de acción. De lo contrario, seguiremos hablando por 100 años más y estaremos en la misma situación.

El uso eficiente, objetivo que supuestamente persigue la liberalización por medio de la globalización no es garantía de solución a los graves problemas sociales que el mundo entero arrastra con la marginación de los pobres. Prevalece una disminución asimétrica, tanto en la distribución de los beneficios como de los costos entre los países, lo que quizás sea más importante entre estratos sociales de población, y ello sin excepción al interior de cada país, ni siquiera de los Estados Unidos.

En un simposio en New York el Jefe de UNICEF, un economista, hablaba de que en los últimos 20 años la economía de Estados Unidos había crecido en un 30%, sin embargo el 60% de la población estaba más pobre que hace 20 años. A caso no es paradójico que a mayor crecimiento, mayor sea la brecha y exclusión entre ricos y pobres. ¿Qué nos correspondería entonces para estimular un proceso de cohesión social, base misma de la sustentación de la globalización? ¿qué podríamos sugerir para incorporar y proteger al propio tiempo a esos segmentos de la población altamente vulnerable y generar en ellos una expectativa positiva en cuanto a su futuro? ¿por qué no hacerles partícipes activos del progreso que supone la mundialización y los beneficios que ese proceso pueda engendrar?

Es en términos de una crisis moral, ética y por consiguiente de derechos humanos que corresponde formular observaciones y buscar correctivos a la globalización, tal como se desenvuelve en la actualidad. La disyuntiva ha de consignarse en función de deuda social versus deuda financiera. Es acaso suficiente la reconciliación de objetivos de eficiencia del mercado con respecto a los derechos humanos. La respuesta que el BM y el FMI ha dado a las denuncias, a la sensibilización de la opinión política, a lo que han hecho estos extraordinarios movimientos de la sociedad civil, el Jubileo 2000 y otros.

En la convergencia y reconciliación de la búsqueda de una eficiencia del mercado global, con la protección social y respeto de los derechos humanos, énfasis especial, a mi criterio como Relator, debe asignársele de manera prioritaria a los niños del mundo entero y, desde luego también, a las mujeres, con el género y todos sus conceptos. Pero, ¿por dónde entramos?, porque si todos nos metemos en un bloque no avanzamos.

No existe justificación alguna en el plano moral y ético para dar preferencia a la lógica de la liberalización de las economías, con miras a asegurar una integración del proceso productivo global por encima de la preservación de los derechos humanos, de la equidad y de la discriminación. La globalización es un proceso mediante el cual los mercados y la producción, en diferente países, se hacen cada vez más interdependientes, gracias al proceso dinámico de bienes y servicios y de flujos de capital y tecnología. Pero, pregúntenle al pobre si conoce lo que es este proceso, vive las consecuencias, y no sabe por qué.

Deuda social, sociedad civil y disminución de la pobreza crítica

En septiembre, el BM y el FMI adoptaron importantes decisiones al insertar el tema de la pobreza en las políticas de ajuste. Aquí empiezo a diferenciarme con lo que, si bien acepto lo de Toussaint, tengo otra función y, por lo tanto, la voy a diplomatizar.

La sociedad civil debe participar plenamente en ese nuevo marco, particularmente en los próximos meses, cuando se elaboren los documentos estratégicos de políticas sobre la pobreza en los 42 países, que servirán de prueba para el nuevo enfoque. No le toca al Ecuador, pero hay una apertura. Si la denuncia hecha a través de la sensibilización que han hecho los movimientos civiles no la aprovechan junto con los organismos internacionales, la apertura se cerrará y servirá únicamente para que hagamos críticas adicionales.

No son situaciones ideales, pero hay que reconocer las fuerzas con las cuales jugamos y la realidad. Lo que está por definirse son las modalidades participativas, la transparencia, como lo dice el señalamiento de este nuevo enfoque, así como la colaboración propiamente dicha desde un enfoque nacional, con efecto permanente y progresivo en la reducción de la pobreza crítica en los países que se verifique la aplicación de una nueva política.

Uno de los temas que me interesa es como proporcionar una guía clara de oportunidades y retos que tendrá ante sí la sociedad civil y como ponerlas al servicio de los demás socios para realizar una auténtica colaboración asociativa. Eso es parte de un proceso, no su final y, para que esta empiece a dar resultados, bienvenidos los radicales. No se está diciendo que no lo haga.

La pobreza crítica, epicentro del ajuste estructural, podría superarse de darse una convergencia activa mediante alguna de las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, que en una primera fase proporcione asistencia y respaldo a los países más pobres en su empeño para dirigir el problema de reducción de la pobreza crítica. Es verdad que en Colonia se adelantó la iniciativa del G-7, comprometiéndolo a aportar nuevos recursos, pero también es verdad lo que afirma Eric Toussaint, la Administración Clinton pidió 1.000 millones de dólares y el Congreso le dio 120.

Lo que si debemos retener es que por primera vez se incluya en el FMI y en el BM el asunto de la pobreza crítica, como un ajuste estructural, porque todos estos problemas pasan por el BM y el FMI, y ahora al incluirlos tiene que ser el elemento central. Vamos a tomarles la palabra.

La iniciativa denominada “HIPC” del año 1996 debía producir un efecto de solución denominado “arrastre persistente del endeudamiento externo.” ¿Cuántos son los países que dentro de un espacio demasiado largo, seis años, pasaron por esa etapa y han cumplido? Uganda junto con Bolivia son los que han cumplido, luego de ser aplaudidos porque se ajustaron a todas las políticas que les dieron, se les cayeron las materias primas y están otra vez en el punto de partida. Entonces, es necesario ver la interrelación para poder dirigir ciertos temas.

Sí, efectivamente, la intención de la facilidad de crecimiento de reducción de pobreza, que sustituye al programa ampliado de ajuste estructural, logra que los países se conviertan en dueños de sus estrategias. Pero ahí vienen las misiones como deben ser, los «dueños», y entonces, ¿por qué no se invita a que no solamente sea la opinión del BM sino también la opinión de la OIT, UNICEF, PNUD, UNCTAD, de las organizaciones civiles, las que dialoguen e insistan con los gobiernos? Si no están recogidas esas opiniones, se debe aumentar la presión de la denuncia nacional e internacionalmente.

Hay una rendija, aprovechémosla, porque es por ahora una de las acciones que podemos tomar. Se deberían tomar acciones mucho más radicales. El PNUD, por ejemplo, acaba de convocar a una reunión interesante donde están invitados la UNCTAD, OIT, UNICEF y las ONGs, particularmente de los HIPCs de Africa, para explicar de qué manera vamos a trabajar juntos, para que esos documentos estratégicos sobre pobreza no sean la respuesta de unas entregas al Comité de Desarrollo, al Comité Interino, al BM y al FMI, y les digan esto es lo que nosotros entendemos por reducción de la pobreza, y no admitirles una nueva farsa. Estos son parte de los pasos necesarios, sin que se abandone la dinámica propia.

La semana pasada, se invitaba al Secretario General de la UNCTAD y al Director a que mandara sus expertos a estos países donde están las misiones del FMI, para que escuchen los criterios que sustentamos sobre el desarrollo, y no solamente los de los economistas formados en grandes universidades que ven bajo el prisma financiero, monetario y neoliberal la solución de todos los problemas del mundo.

El faro de la deuda externa de nuestra región

Nacemos endeudados y a lo largo de nuestra existencia cargaremos con ese faro. Esta tragedia la venimos arrastrando desde la Independencia. Limitándonos a los últimos 100 años, me permitiría recordar los acontecimientos de Venezuela. Desde comienzos de siglo, con las políticas de las cañoneras, quisieron que Francia y Alemania bombardearan el Puerto de la Guaira cuando el gobierno de Castro decretó unilateralmente la cesación de pago. Otros países, como el caso de Argentina, se encontraban en dificultades financieras a principios de siglo, originadas por deudas adquiridas en el siglo 19.

No es necesario hacer una revista histórica de las características del endeudamiento externo, pero si se debe apreciar lo sucedido durante las dos últimas décadas, donde pasamos de 300 mil millones de dólares en el año 1980 a 730 mil millones de dólares a finales del siglo pasado (diciembre de 1999), luego de haber pagado 400 mil millones de dólares. Es un mecanismo diabólico y perverso.

Desde cuando surgió la crisis mexicana y la de los principales países de la región en los años 80, y se le encontró una apresurada salida para que esta no se magnificase en la economía mundial, hemos puesto en práctica toda suerte de ajustes estructurales. Se mencionó una cifra de centenares de ajustes, pero esos ajustes a las políticas de desarrollo realizados tanto por presión cuanto por convicción e intereses no le ha deparado hasta hoy una racional expectativa de superación a nuestros pueblos. Algo anda mal en el mejor de los mundos.

El Estado cumplía (porque ahora lo han obligado a retirarse) con funciones no solo económicas y de equilibrio social que ciertamente podían y debían mejorarse. Hoy ese mismo Estado disminuido y maniatado, pese a privatizaciones masivas, se ve ahogado por el servicio creciente de la deuda. Pretenden responsabilizarnos de manera exclusiva, señalando la ausencia de una gobernabilidad honesta, transparente, eficaz. La verdad es que estamos entrampados.

En la amplitud del endeudamiento, como la historia sin fin, las obligaciones que acarrea esencialmente por concepto de alzas de interés, deterioro de los términos de intercambio, limitaciones que se nos impone en los mercados de nuestros principales socios comerciales y de la creciente remisión de dividendos o de garantías especulativas derivadas de los procesos drásticos de ajustes es que encontramos, en buena parte, las principales causas de esa limitación impuesta a nuestro desarrollo.

No habrá fuerza en el mundo que detenga el despertar de la conciencia de nuestros pueblos de lo que está sucediendo. La deuda externa no puede continuar siendo el negocio del siglo de los acreedores ni de sus intermediarios. La mundialización observada en la década de los 90 le ha dado características aún más perversas al endeudamiento de nuestros países, porque nos tienen agarrados. La armonización de políticas limitan aún más la libertad de acción de los países en desarrollo, estimula contradicciones y conflictos internos. La globalización, tal como la conocemos, no es neutral ni desprovista de motivos secundarios, tanto en sus defectos como vinculada en su propia razón de ser.

Globalizar en su acepción inglesa es «armonizar», darle coherencia, así como consistencia a las políticas que han de sustentarla. Lo que se aprecia en nuestros países es toda suerte de conflictos, contradicciones y lo que resalta en los pocos beneficios del proceso que benefician a los países en desarrollo, recaen sobre pocos países y en pocas manos.

El sacrosanto concepto de eficiencia económica, el que actúa como muro de contención para proseguir con la mundialización, tal como la decían unos pocos, en que la ética, la moral y los derechos humanos brillan por su ausencia, la confiabilidad precaria en la que han vivido nuestras jóvenes democracias se está haciendo añicos y lejos de romper las cadenas de la injusticia en nuestros países, las va profundizando. Esto es en esencia lo que debemos reorientar en este proceso.

¿Cómo apreciar una estructura de confiabilidad precaria que se ve nutrida por esa mundialización en el sector de empleo, por unos rasgos laborales de creciente informalidad en el trabajo de nuestra clase trabajadora? ¿Cómo aceptar las reducciones de trabajo en horas, a la par que las redes de seguridad social se hacen cada día más exiguas, por no decir inexistentes? ¿Cómo reducir las opciones de empleo, en muchos casos, a la creación de zonas de libre exportación que sirven para debilitar la acción sindical y se encuentran en la mayoría de los casos en violaciones flagrantes de los derechos humanos? Porque todos estos aspectos que alimentan la fragilidad laboral, como si en ese mundo globalizado no habría cabida para ellos en su construcción ni en sus beneficios.

La supuesta redistribución de la riqueza, responsabilidad del Estado, se ve mermada por las obligaciones de atender pagos de la deuda, por una parte y por otra, los beneficios que no se retienen en el país, por los propios agentes que los heredan. La inestabilidad a su vez nutre cada día de manera más profunda y extensa los vientos de las confrontaciones y desestabilización social. La mundialización terminará por verse, tarde o temprano, sensiblemente afectada. Espero que más pronto que tarde. No es admisible que la pobreza y la marginalización social no solo en nuestros países, sino en los países industriales sea la tragedia, el común denominador de este proceso.

La deuda externa y el derecho internacional público

Existe un conjunto de iniciativas sustentadas en el derecho, como las que nos convoca a este Encuentro, bajo el ángulo de los derechos humanos frente a la deuda externa y las que son objeto del mandato que sostento como Relator Especial de la Comisión de Naciones Unidas para la Deuda.

En las consultas que me corresponde realizar -y por esa razón estoy aquí- y escuchar para poder reportar, fui invitado a un encuentro en el Instituto Italo Latinoamericano a finales de diciembre de 1999. A ese encuentro asistieron destacados juristas y políticos, entre los cuales estuvo el ex-Presidente Oswaldo Hurtado. Se hizo una reseña de la iniciativa sustentada en el derecho internacional público, propiciada por el Parlamento Latinoamericano y por diversos foros políticos y medios académicos, que tiene como propósito lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, que serán señalados en el quincuagésimo sexto período de sesiones.

Este planteamiento, que ya lleva años y que no ha encontrado todavía respuesta, en parte por lo que decía Oswaldo «quién le pone el cascabel al gato», pero creo que hay una circunstancia donde si tenemos esta u otras iniciativas y las llevamos a un punto de convergencia, las vamos a lograr.

Andrés Franco presentó en un encuentro de los parlamentos latinoamericanos y europeos en el año 1995, en Bruselas, una propuesta que fue acogida por la Unión Interparlamentaria Europea Latinoamericana, en la cual se solicita a los Estados miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países del mundo, a fin de que la Asamblea Internacional de las Naciones Unidas, solicite a la Corte Internacional de Justicia un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa, conforme a los principios generales del derecho contemporáneo.

Allí, quienes años atrás fueron parte de los iniciadores de este proceso como el Embajador de Argentina, Miguel Angel Espeche Gil, los profesores Piel Angelo Catalana y Sandro Esquiapini y el diputado de Italia, Salvatore Kerqui, quien logró que en el año 1998 el Parlamento Italiano (y por una votación casi unánime -menos dos votos-) pidiera al gobierno de Italia que llevara el tema a las Naciones Unidas. El tema fue llevado a las Naciones Unidas, pero lo ubicaron dentro de una Comisión quizás equivocada, la Segunda Comisión, que se ocupa de cuestiones económicas, y nuevamente por razones obvias, el tema no encontró un debate profundo. Pero eso no quiere decir que desaparezca, quizás hay que retomarlo en la Comisión Jurídica.

En síntesis, si la tesis sostiene que el alza de las tasas de interés decidida por ejemplo por la Reserva Federal en el año 1980, cuando nos llevó de unos intereses del 6% al 22% en pocos meses y hecho de manera unilateral por los acreedores, fue lo que en parte causó esta patética explosión de la deuda externa en nuestro países, ello contraviene principios generales del derecho de las naciones civilizadas, reconociendo como fuente del derecho internacional, en el artículo 38, inciso 1c, del Estatuto del Tribunal de la Haya. Este estatuto es parte constitutiva de la Carta de las Naciones Unidas.

Los aumentos arbitrarios de las tasas de interés aplicado a los créditos vulneraron también normas convencionales y consuetudinarias internacionales. El artículo 38, inciso c, reconoce el valor como fuente del derecho internacional que tienen los principios generales del derecho y dice así, «La Corte, cuya función es decidir, conforme al derecho internacional, las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar: a) las convenciones internacionales, b) las costumbres internacionales, c) los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas». La tesis sustentada se apoya en el hecho de que la citada norma del artículo 38, 1, inciso c, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia son traspuestos a la órbita del derecho de gente y reprimen la usura, el abuso del derecho como los que constituye la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad, la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, la inviolabilidad de los derechos humanos y, en particular, el derecho al desarrollo.

Este es todo un campo de acción, al cual debemos alimentar. Estos aumentos de tasas de interés infringen igualmente normas consuetudinarias del derecho internacional general como la «rebus sic stantibus» (cambio fundamental de las circunstancias) a las que se refiere el artículo 62 de la Convención de Viena, sobre los Derechos de los Tratados de 1969.

En lo relativo a los principios del «common law», se menciona la contribución importante de la doctora Cecilia Fresnedu de Aguirre en la obra, “La Autonomía de la Voluntad de la Contratación Internacional”. Me detengo aquí y no hablo de las cuatro vertientes de ilegitimidad del derecho de la deuda externa, porque sencillamente quiero hacer un llamado.

Regreso dentro de unos días a Ginebra y pocos días después saldré para Bangkok, en donde celebra la UNCTAD su Junta 10, Primera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, para ponerlo en términos suaves o diplomáticos, quizá por deformación como Ex-Canciller, por la falla que hubo en Seattle, siendo prudente. Pero la verdad es que allí también se reúne la Comisión Interparlamentaria y quisiera saber si dentro de sus países los parlamentarios que van a concurrir, junto con los parlamentarios europeos y de otros países, van a tomar por ejemplo estos temas de orden jurídico agregado a los temas sobre la imposibilidad del pago de la deuda, por parte de los países en desarrollo. Creo que es imprescindible que aquello se haga, porque si no lo hacemos, ¿cómo responde el sistema de Naciones Unidas? Creo que este sistema está dando algunas pequeñas indicaciones.

Los relatores somos individuos y tenemos algún criterio de independencia sujeto al mandato que nos han dado. Las organizaciones son intergubernamentales y tienen su Consejo donde están sus gobiernos y les dicen qué es lo que tienen que hacer. La sociedad civil tiene su propia expresión y su propio dinamismo, pero todos debemos converger hacia un mismo punto.

Comentario

Empiezo con una pregunta que tiene mucho que ver con el tema de este evento sobre el derecho y la deuda: ¿para qué siguen pagando sus deudas los países más endeudados del Sur? ¿para qué pagan deudas tan desacreditadas, injustas, ilegitimas, deudas que representan amenazas a sus sistemas políticos y económicos? ¿para qué, cuando ya existe una historia del no pago, en los países del norte, igual que el sur, y cuando existen argumentos fuertes que el no pago puede resultar mejor para estos países? ¿por qué no hay ningún país tomando la línea del no pago y más bien cuando un país como Ecuador -por razones fuera de su control- decide no pagar, es más una muestra de vergüenza que orgullo o iniciativa?

Creo que hay varias razones: incluso argumentos económicos razonables, presiones políticas fuertes de los países del Norte, intereses personales de los gobiernos, etc. Pero hay una razón que frecuentemente se ha dejado de lado: la ley, como fuerza social, que da un manto de credibilidad a la deuda.

La ley es algo que respalda completamente a los acreedores, con el mensaje fuerte de que la deuda, a pesar de que puede causar mucho sufrimiento, puede ser hasta injusta, pero es “correcta” porque es legal. Es una gran falla del movimiento en contra de la deuda que no ha focalizado más atención en los argumentos legales y de derechos humanos y más bien ha dejado esta rama en favor a argumentos más morales o económicos.

Creo, entonces, que ese es el reto de los grupos de derechos humanos y el movimiento en contra de la deuda: empezar a socavar esta imagen de legitimidad de la deuda a través de argumentos legales y así abrir un espacio para pensar más creativamente en soluciones.

Este es el tema central de la conferencia: cómo podemos hacer útiles los derechos humanos en la lucha para enfrentar la deuda. Tenemos que recordar que los derechos humanos tienen poco que ver con las Naciones Unidas, las Cortes, los Tribunales. Los derechos humanos, básicamente, son herramientas de concientización y de movilización. Los derechos humanos brindan un marco legal y moral y una retórica fuerte de presión, difícil de ignorar por parte de los gobiernos. Los derechos sensibilizan, motivan y respaldan a las campañas desde las bases.

Los derechos humanos se aplican a dos niveles de la deuda: primero, a nivel doméstico, donde hay mucho que se puede exigir a los gobiernos en términos de la deuda, basados en los argumentos de los derechos humanos. Empezando con cosas procesales como la transparencia, que es un derecho fundamental; participación, ya que todas las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que les afectan; rendimiento de cuentas, que es básico en un esquema de derechos. También se puede entrar en lo sustantivo sobre las prioridades del gobierno y sus políticas. Todo eso está cubierto por los derechos humanos, pero poco tocado por los que están luchando contra la deuda a nivel nacional.

También a nivel internacional los derechos tienen mucho que ver con las políticas de los bancos multilaterales y con las políticas de los otros países, de la Comunidad Internacional. No son solamente gobiernos quienes son responsables por los derechos en los otros países, también los otros actores internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que tienen obligaciones específicas vinculadas con los derechos y, los países, basados en la Carta de las Naciones Unidas, tienen una obligación con otros países, no solamente con sus propios ciudadanos, también hay un gran espacio para los derechos humanos.

Hay tres ramas para considerar el derecho en el rama internacional: 1. la legalidad de la deuda; 2. la responsabilidad de los bancos multilaterales; y 3. las obligaciones de los países y acreedores del Norte.

Quiero puntualizar la idea del planteamiento de una opinión consultiva en la Corte Mundial. No tanto por confiar en la Corte, pero porque la iniciativa de buscar la opinión ofrecería un enfoque para hablar de todas la obligaciones internacionales sobre la deuda. Es decir que aún si la Corte Mundial no resuelve el asunto, la lucha para plantear la cuestión frente a la Corte podría ser muy útil en términos de unir esfuerzos, movilizar, crear una conciencia legal y de derechos y, quien sabe, la Corte recientemente dictó una decisión sobre las armas nucleares, que es algo muy parecido a la deuda en términos de su alcance y cuestiones políticas. Entonces tampoco es imposible que la Corte lo considere.

Se podría plantear preguntas para la Corte como:

1.- ¿Bajo qué circunstancias legales se justificaría que un país no pague su deuda?
2.- ¿Qué responsabilidad legal tienen los acreedores internacionales, gobiernos e instituciones, respecto de la deuda?

Existen tres argumentos básicos para enfrentar la deuda bajo el derecho internacional:

1.- La deuda viola los derechos humanos y el derecho internacional
2.- La deuda es legalmente ilegítima
3.- Los acreedores tienen una responsabilidad mutua por la deuda

1.- La deuda viola el derecho internacional

Como decía Oswaldo de Rivero, las Naciones Unidas, en su órgano más alto de derechos humanos, han planteado claramente que la deuda y los ajustes no pueden subordinar los derechos básicos a la salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo. Esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos esta respaldada por varios tratados y declaraciones internacionales. Solo se tiene que mirar al caso del Ecuador, donde el país está proponiendo en su último presupuesto, el destinar más del 50% al pago de la deuda y menos del 3% a la salud. Esto nos permitirá ver que tan dramáticas son las violaciones de derechos humanos y constituiría un argumento fundamental frente a la Corte Mundial o cualquier institución de derechos humanos.

También la deuda viola el derecho al desarrollo que también es parte del derecho internacional. Este derecho brinda a las mismas comunidades y poblaciones el derecho de tener voz e influencia en las políticas que le afectan, un papel que con la deuda y toda la presión de las instituciones internacionales, ha sido disminuido hasta ser casi irrelevante.

Un tercer argumento tiene que ver con el derecho a la libre determinación, que se encuentra en la primera parte de los tratados básicos de derechos humanos. Este derecho, similar al derecho al desarrollo, otorga a los ciudadanos el control sobre las políticas económicas y sociales de sus países, sin interferencia de actores extranjeros.

2.- La deuda es legalmente ilegítima

El segundo punto que se puede plantear frente a la Corte es que la deuda es ilegítima. Aquí existen dos lineamientos: 1. que la deuda es “odiosa”, un argumento que ha sido aprovechando por muchos países en el pasado, incluso el gobierno de los Estados Unidos, para decir que los préstamos que no tienen los mejores propósitos que favorezcan a los intereses de la población, no son legítimos. Es decir que la deuda contratada por dictadores, contra los intereses de la democracia, por ejemplo, no es legítima y como tal, no tiene que ser pagada.

Ese fue un argumento que se hizo famoso hace 100 años, cuando los Estados Unidos se negó a asumir las deudas de Cuba cuando tomó control del país de España, argumentando que estas deudas fueron odiosas por haber sido contratadas en contra de los intereses de la población Cubana.

El argumento ha sido utilizado y legitimado por varios otros países y provee la base para decir que muchas de las deudas contratadas por dictaduras (aproximadamente 20% de la deuda del Sur) o bajo corrupción, no tenían como propósitos los intereses de la población.

El segundo criterio para calificar una deuda como odiosa es que los acreedores conocían los propósitos ilegítimos de los préstamos, lo que no debería ser difícil demostrar dado los vínculos fuertes entre acreedores y gobiernos deudores.

El segundo argumento sobre la ilegitimidad de la deuda tiene que ver con los principios de derecho de los contratos. En este tema hay muchos argumentos que pueden demostrar que la deuda no es legítima, por la manera como fue contratada o, como mencionó Reinaldo Figueredo, por un cambio de circunstancias. Cuando algunas deudas fueron contratadas, hace más de 20 años, las circunstancias fueron muy diferentes a las actuales y, se puede demostrar que estos cambios de circunstancias, que no tenían nada que ver con los países del Sur, han hecho imposible el pago de la deuda. Esto vale como argumento fundamental en el derecho de los contratos, puesto que cuando las obligaciones se vuelven, “impracticables” o “imposibles”, en el transcurso del contrato, el contrato puede ser anulado.

3. Los acreedores deben tener una responsabilidad mutua

La tercera línea de argumento tiene que ver con la responsabilidad mutua de los acreedores y en esto tenemos básicamente 3 argumentos.

El primero es el hecho de que la Comunidad Internacional tiene la obligación, bajo la Carta de las Naciones Unidas y varios Tratados, de asegurar un sistema económico justo a otros países. Esta responsabilidad ha sido obviamente violada y se manifiesta en términos de comercio injusto, cambios de las tasas de interés de deudas dramáticas y unilaterales, una falta de control sobre los bancos haciendo prestamos irresponsables, la facilitación de fuga de capitales, etc.

Como nota un especialista de las Naciones Unidas, Fantu Cheru: “El mal asesoramiento de las instituciones multilaterales y la actuación en interés propio de los donantes bilaterales occidentales, así como la estructura de la economía mundial, han perjudicado a los países en desarrollo. Por lo tanto, en la medida en que los países industrializados han impedido que los países deudores obtengan ingresos para pagar su deuda, ellos mismos deben asumir parte de la responsabilidad por la incapacidad del Tercer Mundo de reembolsar sus préstamos.”

El segundo principio de la responsabilidad mutua es conocido en los Estados Unidos como una “relación fiduciaria” y que existe también en los países del Sur y Europa. En los Estados Unidos, las Cortes han encontrado una relación especial o “fiduciaria” entre bancos y prestatarios, que da obligaciones mayores a los bancos para responsabilizarlos por los problemas que se pueden generar por préstamos irresponsables. Los criterios que utilizan las Cortes de los Estados Unidos para decidir si existe este suerte de relación especial son: 1. una relación de confianza, 2. una dependencia del prestatario, y 3. una iniquidad de poder.

Estos tres criterios se manifiestan ampliamente en las relaciones entre países como Ecuador y los bancos multilaterales, donde hay una dependencia, iniquidad de poder y una relación de confianza, donde estas mismas instituciones pueden entrar a los espacios más íntimos para influir y exigir políticas al país. Este tipo de relación crea una obligación especial de los acreedores por los problemas generados por sus préstamos irresponsables.

Finalmente, cabe señalar que hay varios argumentos en la línea de la deuda ecológica y social como señala Heinz Dieterich en su artículo. Existe una deuda Norte-Sur por todo el daño y aprovechamiento durante 500 años del colonialismo, con precedentes en las decisiones sobre el holocausto, donde actualmente los gobiernos están tomando responsabilidad por las acciones de los gobiernos de hace 50 años. Los mismos principios ofrecen argumentos para revisar quién realmente tiene una deuda con quién.

En conclusión, es importante desarrollar este tipo de argumentos que hasta ahora han sido solamente estudiados por algunos juristas, y vincularlos con los movimientos sociales y el movimiento contra la deuda para poner en la conciencia pública la ilegitimidad y ilegalidad de la deuda.

Una visión de derechos humanos respaldada por las Naciones Unidas y el movimiento de derechos humanos ayudaría a cambiar la dinámica entre deudores y acreedores, entre poblaciones del Sur y el Norte, para empezar a hablar no de «perdonar» las deudas, sino de “reclamar” los derechos.

Comentario

Parece que en este año 2000 estamos recuperando una dimensión de lucha que estuvo presente en muchas de nuestras experiencias vitales desde hace 15 años, cuando nos reunimos una y otra vez para reivindicar la dignidad de los pueblos frente a lo que para entonces ya llamábamos la deuda eterna.

Las Conferencias Sindicales, las Conferencias de Partidos Políticos, Parlamentarias, de Empresarios, de Iglesias, de la Habana, Cuernavaca, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, etc., fueron todos espacios de encuentros, en los cuales, las distintas expresiones de la sociedad civil de América se pusieron de pie para reclamar una situación que juzgaban intolerable.

Durante los últimos 10 años se ha producido una suerte de letargo y, en cierta medida, inmovilización, producto no solamente de los efectos disociadores y desinstitucionalizadores de la década perdida, sino también del predominio de la idea de que este orden de cosas era, si no natural, por lo menos el único posible. Como decía Dante Vera, hoy día ese consenso en torno a la naturalidad y exclusividad de ese orden se ha quebrado y tenemos, además, la maravillosa circunstancia, aunque seguramente nuestros amigos ecuatorianos puedan verlo de una manera diferente, que el Ecuador es el eslabón más débil de la cadena, que está pasando por unas circunstancias que son una señal de alerta para el conjunto de América, como lo fueron en su momento, hace cuatro o seis años, los sucesos de Chiapas y como seguramente lo son los sucesos de Seattle y de Davos, y de los que seguirán en los meses y años posteriores.

En primer lugar, quisiera decir que estamos aquí reunidos para insistir y si insistimos, existimos. En segundo lugar, hay que escuchar la voz del pueblo, y lo que el pueblo nos está diciendo es que las políticas que nos impusieron durante esta década han fracasado y con ellas los políticos y las instituciones que las alentaron. En tercer lugar, si el sacrificio ha sido en vano, como lo ha sido, y si debemos hacer algún sacrificio para reivindicar nuestra dignidad, es esperar que ese sacrificio no sea inútil. En cuarto lugar, hay que reafirmar la bandera de los derechos humanos y las libertades fundamentales como el elemento ordenador de una nueva misión de la economía mundial. Los derechos humanos deben subordinar la economía y no al revés. En quinto lugar, no solo la deuda externa es impagable y necesitamos consolidar un movimiento global para concretar su anulación, sino que existen fuertes vínculos entre el debate y la lucha por la anulación de la deuda externa y la conquista o establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Por último, es un desafío utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para brindar cobertura a los procesos de organización y movilización ciudadanas que se orientan en esta perspectiva de generación de un nuevo orden internacional y nacional en el campo económico, político y social.

Como decía el Embajador Figueredo, pregúntele a un pobre lo que es la globalización y encontraremos probablemente alguna dificultad en lo que él pueda decirnos. De lo que si va a poder hablarnos, con mucha seguridad, es de las consecuencias que la globalización ha impuesto sobre su vida cotidiana. Y lo hemos visto, al tomar un taxi del aeropuerto para llegar al hotel escuché una verdadera cátedra sobre lo que son los impactos de las políticas de ajuste de la deuda externa sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

Yo creo, y así pensaba introducir esta exposición, que si los gobernantes caminaran por los suburbios por donde viven los gobernados y prestaran un poco más de atención a los muros de sus casas, seguramente podrían descubrir algunas señales de lo que son los nuevos vientos que quieren instalarse en la agenda de los excluidos por la globalización. Y, en esos muros, encontrarían una inmensa cantidad de grafitos que podrían estar significando el preámbulo de lo que a mi se me ocurrió, podría ser la nueva “Declaración de Independencia de América”. Me llamó la atención encontrar en un muro de Quito, una frase que ya antes la había visto en un muro de Bogotá, que decía «Cuando el hambre es la ley, la rebelión es justicia» Esta expresión tan fuerte no es gratuita y tiene que ver con la circunstancia de los límites a los que ha llegado la situación económica y social que viven nuestros pueblos en toda América.

A pesar de que durante la década de los 90 hemos tenido tasas de crecimiento constante en nuestras economías, que han permitido una recuperación de lo que se perdió en la década de los 80, ello no ha sido suficiente ni ha bastado para poder remover lo que es el vínculo, lo que es el rasgo más característico y predominante en toda América, que es la pobreza.

La pobreza a fines de los 90 se cifra en alrededor de un 3%, y si bien eso es algo menos que el 41% en promedio que estaba vigente en la década de los 80, todavía sigue siendo una pobreza tan alta como existía hace 15 ó 20 años atrás.

Hoy, cerca de 200 millones de latinoamericanos viven en la pobreza y cerca de 90 millones en condiciones de extrema pobreza. 105 millones de latinoamericanos no pueden acceder a servicios regulares de salud, no menos de cinco países de América no son capaces de garantizar un acceso universal a los estudios primarios -y estamos cerrando el milenio-, tenemos un acceso estratificado a los sistemas educativos en función de los niveles de ingreso, una situación insostenible en términos de derechos económicos, sociales y culturales y, esta situación está profundamente vinculada a las características del proceso de inserción de nuestras economías en la nueva división internacional del trabajo, que ha sido organizada, como tan claramente lo ha expresado el Embajador de Rivero y el Embajador Reinaldo Figueredo, alrededor de los intereses de las multinacionales y del capital financiero internacional. La herramienta privilegiada para poder implantar esa integración subordinada, esa división internacional del trabajo ha sido la política de ajuste estructural que representa una negación absoluta de la capacidad de individuos y de los Estados para avanzar en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Esta realidad constituye una amenaza flagrante a los propósitos y enunciados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobaran hace más de 50 años. El artículo 22 de la Declaración Universal reconoce el derecho de toda persona a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad humana y al desarrollo de su personalidad. El artículo 25 nos habla un poco de esos derechos y nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la salud, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en el año 48, sin que formalmente tuviera un efecto jurídico vinculante, pero hoy, más de medio siglo más tarde, nadie pone ni se atrevería a poner en duda el enorme peso moral y la imperatividad política que nace de ese compromiso, voluntaria y libremente asumido por los Estados. La Declaración Universal de Derechos Humanos es concebida como la más cabal interpretación de la noción de dignidad humana que está presente en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas de 1945 y, como tal, impone a todos los Estados un conjunto de deberes primarios y no solamente a los Estados sino también a la comunidad internacional y a otros actores, por ejemplo, a organismos financieros internacionales, un conjunto de obligaciones primarias de las que no se pueden escapar. No son enunciados teóricos, son obligaciones jurídicas de ineludible cumplimiento.

Los derechos económicos, sociales y culturales han sido desarrollados profusamente, no solamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino en un conjunto de otro tipo de normas aprobadas por los organismos especializados de Naciones Unidas o por los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en nuestro caso, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 26, y en el Protocolo Facultativo de San Salvador, Protocolo adicional a la Convención Americana, que entró en vigor el 15 de octubre pasado. El Protocolo de San Salvador tiene un relatorio más o menos completo de estos derechos y además nos brinda la oportunidad para reinvindicarlos en sedes judiciales internacionales. Es decir, ya podemos empezar a reclamar por nuestros derechos, particularmente en el campo de las libertades sindicales y del derecho a la educación en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Para terminar, quisiera referirme a este último aspecto que fue tomado en la intervención del Embajador Figueredo. Tiene que ver con la propuesta de llevar la problemática de la deuda y de los programas de ajuste estructural a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Existen dos vías posibles y excluyentes. Una, sería a través del acuerdo de los Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas para llevarlo de modo tal que se pueda encarar algunos temas específicos que tienen que ver con el cumplimiento de los fines constitutivos de los órganos financieros multilaterales. Las políticas de ajuste estructural traicionan los cometidos de las Cartas Constitutivas del FMI y del BM, que tiene que ver con la contradicción de las políticas de ajuste y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en términos de derechos humanos, y la imposición de estos programas a Estados que se ven privados de la oportunidad o la posibilidad de cumplir con sus obligaciones en el campo de los derechos humanos. Esta vía y estos acuerdos de la Unión Interparlamentaria, por ejemplo, podrían facilitarlos y ahí tenemos un escenario, en el cual se haría cabildeo, presión, para llevar adelante esta iniciativa.

Otra, tiene que ver con espacios más restringidos, por ejemplo, la próxima Asamblea General de la OEA en Canadá, tenemos cumbres ministeriales vinculadas con los procesos de integración, en los cuales la sociedad civil latinoamericana, en sus distintas expresiones, puede instalar una demanda de este tipo.

Otra vía que podría ser también utilizada es la de un acuerdo en la Organización Internacional del Trabajo, que es para mi punto de vista y como lo era hace 13 años, cuando escribía algunos artículos sobre el particular, la más sugestiva, porque es el único órgano de composición tripartita en el sistema de Naciones Unidas. Esto podría generar un debate político, global, en el cual las organizaciones de trabajadores y Estados altamente endeudados, por ejemplo, podrían asumir un papel importante.

La utilización de todas estas herramientas legales nos brinda la oportunidad de desarrollar procesos de organización y movilización social concurrente, en los cuales podemos hablar un lenguaje común.

La Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo así lo ha entendido y así lo viene promoviendo y lo seguirá haciendo más adelante, la apuesta por una convergencia de redes, la apuesta por la construcción de un discurso global, en favor de una ciudadanía basada en derechos, es el tema de la solución del problema de la deuda externa y de la constitución de ese nuevo orden económico internacional.

Para evitar que la deuda externa convierta el hambre en la ley, necesitamos inspirarnos en los afanes y en los propósitos de la rebelión de los espíritus, tenemos que concientizar a la gente y tenemos que hacer que el derecho a la felicidad sea una expresión práctica y concreta, a partir de nuestra propia actuación a nivel nacional e internacional.

Respuestas a preguntas Respuestas a preguntas
Reinaldo Figueredo

En las preguntas se han tocado muchos aspectos importantes y procuraré ser conciso en las respuestas.

La reivindicación de los pueblos indígenas, dentro de esta temática que hemos tratado, es un tema ineludible, de gran importancia, pero habría que ver la manera cómo algunos Estados de América Latina están tratando de dar respuesta a eso y cómo la comunidad internacional todavía no se ha hecho eco. Aunque sí se están refiriendo, por ejemplo, al sistema de las Naciones Unidas, hay que ver cómo se llevan las iniciativas, que son esencialmente de los gobiernos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, como creo que todos han observado, el fenómeno reciente de la Constituyente y de la nueva Constitución de Venezuela, se le ha dado una participación fundamental a toda esta reivindicación. Ahora vamos a ver, en la práctica, cómo el Estado la realiza frente a lo que tratamos de exponer en la atadura que significa no solamente la participación de esos pueblos en su propio desarrollo, sino la retribución de los beneficios que se hace a través del desarrollo económico en general. El propio Presidente de Venezuela, aún ante la catástrofe natural que ha sepultado a más de 100.000 venezolanos dijo, entre otras cosas, que Venezuela honraría hasta el último centavo el pago de la deuda externa. No se sabe muy bien cómo, pero es uno de los temas que hay que analizar.

Entonces, esto se puede ubicar en dos niveles:

1. Incitar a que el propio Estado lleve la temática a las discusiones de la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias y,

2. Hacer que se introduzcan reformas fundamentales en los países.

La demostración que ha hecho el Jubileo 2000 en el tema de la deuda es la que indica el camino, allí hay una denuncia y una acción imprescindible.

La expectativa de una correlación favorable de América Latina para una acción sobre la deuda, como señaló Oswaldo de Rivero, quizás no va a surgir en este momento, ni siquiera una convergencia de gobiernos dispuestos a asumir un paso tan importante. Pero, si me apoyo un poco en mi vivencia en este tema de la deuda, tanto en el plano internacional, como en las acciones para un nuevo orden económico internacional, que me tocó desplegar hace más de 20 años, casi 30 años, y las respuestas relativas que obtuvimos sobre el particular, hacen pensar que si estamos en una instancia donde la propia vulnerabilidad de los Estados, resulta en que no se tengan muchas opciones. Y si este movimiento de denuncia, cada vez más importante, se concentra en los temas fundamentales, porque como dije en mi exposición muy de paso, que si tratamos de meter todos los temas en donde hay reivindicación, no hay forma de avanzar, entonces tenemos que encontrar en forma práctica, los puntos de entrada y el papel que cada quien debe desempeñar en esos puntos. La interrelación de estas acciones, de la discusión jurídica y cómo insertarlas, como decía Jochnick, es imprescindible.

Me encantaría en una universidad como esta, en una universidad de Inglaterra, en una universidad de los Estados Unidos, en centros de Derechos Humanos ver un juicio al FMI y al BM. Algunas instancias están trabajando en esto, incluso una de ellas en Inglaterra está dispuesta a hacerlo, dentro de los próximos meses, con la presencia de la televisión. Hacer un juicio de esta naturaleza -para los abogados, si lo hacen en serio- significa afilar las argumentaciones que se tiene y también un juicio, una demostración de cómo la van defender las instituciones internacionales y cuál es la decisión.

Me encantaría ver, no solamente el refuerzo a través de la acción parlamentaria o lo que aquí se dijo, llevando esto a la OIT, donde hay un foro apropiado para la discusión de estos temas, sino efectivamente hacer presión para que nuestros Estados vayan a la solicitud de una opinión consultiva ¿Por qué una Opinión Consultiva? Es muy difícil de lograrlo, «quién le pone el cascabel al gato», pero creo que la oportunidad está abierta, porque una opinión consultiva sobre los temas de si es legítima o no las alzas unilaterales de intereses, si bien no es una obligación para los Estados, lo es para los organismos internacionales. Y si ustedes han hecho por otro lado los juicios a esos organismos, quisiera ver en las discusiones que existen en la reforma o arquitectura financiera, cómo van a eludir, quienes manejan esto, esa respuesta. Es decir, es la construcción de toda una estrategia. Uno no va a la guerra sin prepararse, tiene que escoger las armas y saber cuáles son las armas que se van a usar.

El tema de la deuda es una oportunidad de despertar nuevamente a la América Latina, que muchos años atrás fue la que hizo que se creara la Organización de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, con la fuerza del argumento que era mejor el comercio que la ayuda. América Latina, en el tema de la deuda, puede por toda la riqueza, la experiencia que se tiene aquí usar eso como un elemento de convergencia, incluso para salvar a las Naciones Unidas.

En las discusiones que hubieron en el Consejo de Seguridad con un famoso representante del Congreso de los Estados Unidos, que es quien quiere que las Naciones Unidas respondan a la única visión de los Estados Unidos, dice «yo pago los 1.500 millones de dólares que debo si las Naciones Unidas hacen esto y esto y esto». Al menos tuvo el valor de quitarse la careta, porque otros las disfrazan.

Si Naciones Unidas no se pone de acuerdo para dar una pelea, una interacción en el terreno, en lo conceptual, a través de las distintas instancias, va a ser mucho más marginal de lo que es hoy en día y quedarán algunos organismos financieros, a lo mejor la OIT, que la quieren incorporar por la cláusula social y nada más. A la UNCTAD no la pueden eliminar, porque forma parte de la Asamblea General y tendrían que de una sola vez eliminar a Naciones Unidas como tal, pero sí la pueden disminuir como lo han hecho hasta ahora.

Javier Mujica

Sobre la pregunta que está relacionada con lo que se podría entender como una articulación entre lo que es el trabajo en la dimensión internacional y lo que es el trabajo en la dimensión nacional, que se podría complicar aún más si habláramos de la dimensión del trabajo regional o la del trabajo local. No podríamos ubicarnos, para responder esta pregunta, desde una lógica mecanicista. No creo que el trabajo internacional sea abstracto o teórico, ni el trabajo nacional o popular -como se lo ha llamado- sea lo práctico y lo concreto. Hay una interacción constante entre todas esas dimensiones de trabajo en favor de los derechos humanos. Sin los procesos de presión a nivel local, por ejemplo los sindicatos, que luego pudieran confluir en procesos de acción regional y mundial después, no se habrían aprobado los convenios internacionales en las distintas materias en las cuales se han definido los derechos fundamentales de la persona en el trabajo.

Sin un trabajo de organización y movilización de los pueblos indígenas no habría existido un convenio como el 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Se puede decir lo mismo sobre los procesos de configuración de constituciones con contenido social, con declaraciones sociales de derechos, que finalmente son como puntos de llegada y, al mismo tiempo, puntos de partida. Esos procesos plasman y cristalizan una correlación de fuerzas sociales y el reconocimiento de unas prerrogativas o derechos y a partir de ahí se inicia la lucha y el proceso para que se puedan concretar. No basta con tener Declaraciones Internacionales de Derecho o Constituciones magníficas o leyes a nivel local y regional o nacional, si no tenemos un movimiento social que imponga su realización en la práctica. Entonces, no hay una dicotomía entre trabajo internacional y nacional. Nos corresponderá demostrar que se pueden fortalecer mutuamente.

Sobre las iniciativas jurídicas y los indicadores es importante decir que los indicadores en materia de derechos humanos están dirigidos a mostrar situaciones de cumplimiento e incumplimiento y, por tanto, de violación de las obligaciones fundamentales de los Estados en este campo. Entonces, los indicadores, tendrían que empezar a construirse a partir de una clarificación de lo que es el contenido mínimo esencial de los derechos,?cuál es el contenido de la obligación de los Estados? respecto a esos derechos. Hay un amplísimo repertorio de obligaciones: el deber de respetar, proteger, promover, no discriminar, garantizar igualdad de trato, desarrollar progresivamente, adoptar medidas inmediatas en favor de estos derechos, la prohibición de no regresividad. Cada una de estas obligaciones, de cara al contenido esencial de los derechos, daría pie a un conjunto de indicadores para verificar si se están cumpliendo o si se están violando, lo cual tendría que, a su vez, dar pie a una serie de consecuencias. Entonces, este proceso es clave y se puede llevar adelante de muchas maneras y tiene que ver con los escenarios de impugnación jurídica.

Cuando a nivel nacional se pone un amparo o un recurso de protección contra una determinada medida de política implícita en los ajustes estructurales, por ejemplo la privatización de la seguridad social y el desconocimiento con efectos retroactivos de los derechos adquiridos de los pensionistas, y se logra que una Corte Constitucional declare a esa medida como inconstitucional e inaplicables las disposiciones de políticas consustanciales, se está interpelando y confrontando las políticas de ajuste recomendadas por estos organismos financieros internacionales. Y si este tipo de acciones se multiplican en un país y en muchos países, eso quiere decir que se van socavando las bases de legitimidad -como decía Chris Jochnick- de estas políticas. Si, al mismo tiempo, con fundamentos jurídicos se interpelan las contradicciones que existen entre esas políticas y las cartas constitutivas, que son los mandatos de estos otros programas especializados de las Naciones Unidas, tendremos un segundo nivel de confrontación que irá socavando la ilegitimidad, nuevamente, de esas visiones de la economía y de su relación con la sociedad, si se lleva adelante esta consulta a la Corte Internacional de Justicia, aún más. Y, así, se podrían ir enumerando un conjunto muy variado de acciones en los cuales la confrontación jurídica es el escenario, a partir del cual, podemos promover situaciones de movilización social.

En el libro hay una cantidad enorme de argumentos jurídicos y en algunos de los trabajos que se han expuesto y que no están en el libro, como las intervenciones de los Embajadores Oswaldo de Rivero y Reinaldo Figueredo, las que seguramente se harán llegar a todos, nos van a armar de argumentos jurídicos. Lo fundamental es entender que lo jurídico es accesorio y no fundamental. Lo jurídico es una herramienta para suscitar procesos de movilización social.

Reinaldo Figueredo

Como respuesta a una acción que estoy intentando como Relator, de estimularla en la Comisión de Derechos Humanos, pero que está precisamente en nuestro libro “Un Continente contra la Deuda: Perspectivas y Enfoques para la Acción”, en el artículo escrito por Kunibert Raffer, “Lo que es bueno para Estados Unidos debe ser bueno para el mundo” — propuesta de una declaración universal de insolvencia. Resulta que cuando alguien entra en insolvencia, los Estados Unidos protegen a las municipalidades que prestan los servicios para que no dejen de prestarlo ante el pago de las obligaciones que los acreedores le exigen. ¿Cómo vamos a permitir que haya una práctica doble, si esta norma ha sido ya resuelta en todas las instancias en los Estados Unidos, y ante Tribunale,? ¿por qué no afincamos nuestros objetivos, para que efectivamente esta norma se internacionalice?

Quito, 31 de enero – 2 de febrero