Los pagos en el Comercio Regional
Gradualmente vienen manifestándose los efectos de la crisis internacional sobre la evolución de la economía regional. Luego del primer impacto en el sector financiero, ahora han comenzado a presentarse síntomas en el sector real al registrarse, luego de mucho tiempo, una leve caída del crecimiento económico, la cual podría interpretarse como el inicio de una tendencia que podría acentuarse, especialmente, cuando se analiza la evolución del entorno internacional, sus perspectivas en el futuro inmediato y la forma como se inserta América Latina y el Caribe (ALC) en el sistema económico mundial.
Si bien podría resultar prematuro hacer vaticinios acerca de la forma cómo evolucionará la economía regional, no sería errado comenzar a adoptar algunas providencias con el objeto de preservar algunos avances en materia de integración que podrían verse afectados como consecuencia de la crisis originada en los Estados Unidos. Esta previsión cobra mayor relevancia cuando se considera la naturaleza pro cíclica que caracteriza a la mayoría de los esfuerzos de integración ensayados en la región, cuya estructuración reposa sobre la base de mecanismos que promueven la competencia antes que la complementariedad entre los países participantes en los mismos.
No obstante esa caracterización y la críticas que podrían recaer sobre ella, el intercambio comercial entre los 12 países de la ALADI -que representan mas 80% del espacio geográfico y cerca del 90 % del PIB de la región latinoamericana y caribeña- alcanzó una cifra cercana a los 110 millardos de dólares el año pasado, estimándose que superará los 144 millardos al final del presente, lo cual representaría un incremento equivalente al 203% durante el último quinquenio. Ese intercambio explica alrededor del 18% del comercio exterior global de esos países lo cual, tal vez, podría interpretarse como una señal de debilidad, calificativo que se neutraliza cuando se desagrega el comercio y se concluye que la región constituye el primer mercado de destino de la manufacturas exportadas por los países de la Asociación, independientemente del grado de complejidad tecnológica de las mismas y de su aporte a la complementariedad productiva.
La preservación de este avance dependerá, fundamentalmente, de las medidas que adopten los países para atender eventuales desequilibrios que de sus respectivos sectores externos. Experiencias pasadas señalan que el comercio generado al amparo de los acuerdos de integración es de los primeros afectados por la instrumentación de medidas restrictivas. Así sucedió en la década de los años 80 cuando, producto de la crisis de la deuda, los niveles del intercambio se situaron al nivel del alcanzado en el primer lustro de los años 60; en tanto que la de fines del siglo pasado y comienzos del actual, si bien no generó una contracción tan significativa de los montos globales, sí contribuyó a detener el ritmo de crecimiento que alcanzó, para entonces, su máximo histórico en 1997.
La adopción de medidas comerciales proteccionistas desvanecen, de hecho, los compromisos pautados en los diferentes esquemas de integración vigentes, son aplicadas conjuntamente con la instrumentación de políticas monetarias que alteran las condiciones de competencia imperantes y, en consecuencia, restringen el acceso a las divisas para honrar compromisos externos. En estos casos podría esgrimirse, y con lógica, que los gobiernos podrían “legalizar” sus acciones mediante la aplicación de cláusulas de salvaguardia y, complementariamente, activando los mecanismos de solución de controversias previstos en cada acuerdo. Sin embargo, el problema de fondo persistiría, al interrumpirse corrientes comerciales afectando por igual a los productores de manufacturas y acarreando perjuicios muy graves, en especial, a pequeñas y medianas empresas, sobretodo, a aquellas que destinan su producción a las industrias terminales.
Esta reflexión lleva a la necesidad de idear e instrumentar medidas correctivas con la finalidad de precautelar los compromisos pautados y conceder continuidad, en la medida de lo posible, a las corrientes comerciales establecidas en la región. No se trataría, en este caso, de armonizar políticas para el financiamiento del comercio, sino que se trataría de llevar a la práctica acciones específicas que permitan facilitar los pagos derivados del intercambio comercial.
Los países de la ALADI -con la excepción de Cuba- y República Dominicana cuentan con el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR), cuya utilidad ha quedado mas que demostrada en situaciones críticas. A pesar de ello, en las circunstancias actuales cuando la crisis amenaza seriamente el acceso al crédito externo y a los ingresos por divisas debido a la contracción de los mercados extra regionales y a la pronunciada caída de los precios los productos básicos, emerge la conveniencia de establecer mecanismos que actuando en paralelo al CCR, puedan contribuir eficazmente a atenuar los efectos de crisis sobre el comercio regional.
Ante la ausencia de una unidad de cuenta común, se hace indispensable analizar la viabilidad de generalizar, a la brevedad posible, los pagos del comercio con monedas nacionales eludiendo, de esta manera, el uso de divisas, aún en las compensaciones cuatrimestrales previstas en CCR. Recientemente, Argentina y Brasil comenzaron a ensayar esta modalidad en su intercambio bilateral, la cual debería extrapolarse al resto de los circuitos comerciales establecidos en la región. Cubrir los pagos del comercio con monedas nacionales surge, entonces, como una alternativa perfectamente válida para asegurar, en lo posible, el mantenimiento de los niveles de intercambio alcanzados.
Simultáneamente, los países de ALC deberán abocarse a estructurar un sistema orientado a atender sus requerimientos financieros con recursos propios. En tanto se amplían las operaciones del Banco del ALBA y se constituye el Banco del Sur, también deberá aprovecharse la relativa abundancia de divisas en la región para crear un fondo destinado a apoyar las balanzas de pagos, al estilo del fondo establecido por los países sudeste asiático hace poco menos de una década. De esta manera, la región estaría sentando las bases de un esquema financiero que comprendería instituciones destinadas a la proveer fondos para inversiones y estabilizar las balanzas de pagos, las cuales actuarían como operadoras activas de los esquemas de financiamiento y pagos del comercio existentes y que pudiesen establecerse en el futuro. Estas tareas, en las actuales circunstancias, deben figurar como impostergables en la agenda de la integración regional.
