Economía

Nóbel a la Teoría de los Incentivos y u destrucción en Venezuela

Este año ha recaído el galardón del Nóbel de Economía sobre los economistas que sentaron las bases de la teoría regulatoria y de la teoría de los incentivos. Resulta interesante este hecho, una vez que se reconoce los progresos y aportes que tal avance cognoscitivo representa, no exclusivamente en el campo académico, de igual manera en el campo del diseño de políticas públicas y regulatorias. Asimismo, la importancia de tales aportes analíticos al campo del diseño de instrumentos de regulación, parten del hecho de sentar las bases de toda una rama de la economía, tremendamente especializada como son la teoría de la regulación, la teoría de regulación por incentivos, la economía de la información, la teoría de juegos y la teoría de la organización industrial.

Si bien se supone que este campo ha despuntado dentro de la economía en los últimos años, resulta paradójico y lamentable que todavía en ciertos países las prácticas regulatorias sean clásicas, ingenuas o anacrónicas. La entrega de este galardón podría servirnos como una llamada de atención sobre lo que el campo de la economía de la regulación, la experiencia internacional y la teoría económica en general puede aportarnos, y como en Venezuela le damos la espalda al conocimiento y a la experiencia, reeditando un modelo de Estado intervencionista, Estado empresario, así como esquemas regulatorios basados en costos que no reconocen la imperfección de los reguladores, las asimetrías de información, ni la necesidad de incentivos a los privados para perfeccionar un mecanismo de trade-off entre renta y eficiencia.

En específico, la Reforma Constitucional destruye y mitiga las mejores y más importantes señales y mecanismos de incentivos para que aquellos mercados que resulten eficientes, defiendan los intereses de los consumidores.

Para bien o para mal, del propio seno de la teoría económica que plantea al mercado como un mecanismo lo suficientemente eficiente en la asignación de recursos, provienen los aportes sobre como corregir las fallas de mercado que podrían estar lesionando al mercado en su conjunto y en específico a los consumidores. De hecho, parte de las respuestas a ciertas fallas de mercados como las externalidades negativas o la contaminación pasa por el hecho de la inexistencia de mercado para estos males (o para bienes como el aire y el ambiente limpio) y por tanto la necesidad de crearlos, otorgando derechos de propiedad transables.

La Reforma Constitucional desmantelaría instituciones económicas e incentivos lo suficientemente decantados por la sociedad a lo largo de su historia que coadyuvan a garantizar el desarrollo de actividades de innovación y desarrollo, actividades donde se asumen riesgos y acometidas en los mercados, basados los primeros en derechos de propiedad no solo sobre patrimonios, medios de producción, sino igualmente sobre esfuerzos materializados y protegidos por la propiedad industrial y la propiedad intelectual.

Una sociedad como la venezolana, con un modelo rentista-socialista, sin incentivos para el trabajo creador y productivo, se afincará más en labores de captura y búsqueda de la renta petrolera. Este tipo de esfuerzos resulta un tremendo despilfarro de recursos toda vez que lo que persiguen exclusivamente es hacerse con una renta o parte de una renta ante los altos márgenes de los precios del petróleo.

Adicionalmente, poner en riesgo la seguridad jurídica sobre la propiedad privada en todas sus acepciones y alcances no solo mitigará las actividades e iniciativas productivas sino que ralentizará e incluso frenará del todo el asentamiento de inversiones privadas y la entrada de bienes y productos de innovación.

En Venezuela se requiere con urgencia un espacio de análisis, un Observatorio Regulatorio que aporte luces sobre las mejores prácticas regulatorias y las políticas públicas. Debería diseñarse y ponerse en práctica unos lineamientos que coadyuven a corregir la inflación regulatoria e intervencionista que ha amenazado a la iniciativa privada y que ha sobredimensionado los incentivos a favor de corruptelas y el burocratismo. Lo anterior redundará en menores niveles de precios, mejor calidad de bienes y servicios, mayor variedad de productos y de proveedores, y por tanto un mayor excedente del consumidor y de la sociedad en su conjunto.

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