Economía

Ordenan capturar al presidente de Gas Comunal por hechos de corrupción

El Ministerio Público de la administración de Nicolás Maduro emitió órdenes de aprehensión contra cuatro gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que formaban una red de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible.

Así lo anunció Tarek William Saab, en declaraciones desde la sede del Ministerio Público, en Caracas este jueves 4 de febrero.

Las órdenes de aprehensión son contra Jacob Grey, presidente de Gas Comunal Pdvsa; Yohandry José Guevara Álvarez, gerente de la planta de llenado de gas Charallave; Oriana Alejandra Betancourt Corales, gerente de la planta de llenado de gas Apacuana, y Eder Alexis Dugarte, gerente de la planta de llenado de gas El Tambor.

Oriana Alejandra Betancourt Corales, Eder Alexis Dugarte y Yohandry José Guevara Álvarez ya fueron detenidos en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), mientras que Jacob Grey todavía se encuentra prófugo de la justicia.

Saab detalló que el hecho fue descubierto tras la detención de Adán Contreras, propietario del galpón Maracay Gas 2020, donde vendía bombonas de gas en dólares, además sin la permisología correspondiente para almacenar, distribuir y comercializar gas doméstico.

En su local fueron incautados 4.000 cilindros de gas doméstico de distinto tamaño, así como siete vehículos tipo camión y un teléfono celular, del que se obtuvieron conversaciones que involucraban a otras personas.

Los funcionarios exigían pago en dólares de comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa, reveló Saab.

Solo el ciudadano que se acogió a delación llenó más de 12 mil cilindros de gas en pocas semanas, lo que equivale a más de 24 mil dólares en comisiones cobradas ilegalmente. «Estamos recopilando elementos de convicción sobre esta trama de corrupción», dijo.

«Estos gerentes delincuentes se apoyan además en personas armadas para amedrentar a los distribuidores de gas y garantizar que no los denuncien. En público se cobraban 10 dólares por las bombonas pequeñas y 40 dólares por las grandes. Merecen todo el peso de la ley», aseveró.

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