Economía

Paraguay: el BID en contra de la competencia

(AIPE)- El Congreso paraguayo se prepara a sancionar una ley que cerrará a unas 400 empresas proveedoras de agua corriente, confiscará sus propiedades y las reemplazará por un régimen de monopolios privados altamente regulados. La ley ya cuenta con la aprobación del Senado.

En un mundo en el que la competencia hace bajar los precios, reduce la corrupción y mejora el acceso a los servicios, se promueve una ley cavernícola. Pero nuestros legisladores no actúan solos; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya el proyecto de restringir la competencia. Que el Congreso paraguayo ataque al libre mercado para imponer una burocracia no sorprende a nadie, pero que el ataque sea liderado por un “banco de desarrollo” de Washington es realmente absurdo.

La provisión de agua para los pobres es un problema crítico en América Latina. En el mundo, una persona de cada seis carece de agua potable, causa primordial de la mortalidad infantil y enfermedades. Frente al rápido crecimiento poblacional urbano, los monopolios privados y públicos a menudo fracasan en servir a los pobres aun con subsidios del gobierno y préstamos blandos internacionales.

El Paraguay tiene un monopolio estatal de agua llamado Corposana que sirve a apenas 35% de la población. Las proveedores privados, conocidos como aguateros, ocupan el vacío sirviendo a muchos consumidores que el estado no abastece, por lo que hasta algunos de los caseríos más pobres tienen agua corriente. Aunque estas compañías pagan impuestos, el estado nunca reconoció su legalidad.

Los aguateros son un ejemplo de libro de texto del orden espontáneo en la economía y han sido alabados por el Banco Mundial y otros gobiernos. La entrada al mercado es libre. En algunas calles compiten hasta cinco aguateros. El gobierno sólo interviene para comprobar la calidad del agua, examinar los contratos y cobrar impuestos. Consumidores y proveedores fijan el precio en cada área. En algunos casos, los aguateros cavan pozos e instalan tuberías antes que se construyan nuevos ranchos. Este mercado altamente competitivo contrasta notablemente con la mayoría de las ciudades Latinoamericanas, donde los pobres esperan 5, 10 o 20 años para obtener una conexión de agua.

A pesar del fracaso de esos monopolios latinoamericanos, los “expertos” del BID llegaron al Paraguay insistiendo que el agua es un “monopolio natural” e impulsando nuevas regulaciones. El BID financió un estudio de un millón de dólares en respaldo de crear un complejo de monopolios privados.

La intrusión del BID enfureció a los pequeños proveedores de agua. Ellos acusan que los “honorarios de consultoría” que el banco distribuye pródigamente llegan a quienes se habrían opuesto al esquema. Además, el BID promete más financiamiento si el país aprueba su propuesta. Los aguateros ven esto como una forma de inducir a los políticos a que actúen a favor de las grandes empresas y de más regulación, a cambio de la provisión de fondos.

La abundante evidencia de que el sistema competitivo de los aguateros funciona y que los monopolios rara vez dan un buen servicio no es lo único que hace que la posición del BID sea tan agraviante. Transparencia Internacional ubica al Paraguay como uno de los países más corruptos del mundo. Más monopolios es exactamente lo opuesto de lo que necesita un país sin transparencia y con poca igualdad ante la ley.

La nueva ley permitirá una concesión privada de 30 años para operar Corposana, más otras concesiones para áreas no servidas por esta. Los pequeños proveedores tendrán derecho solamente a un “permiso” de hasta 10 años. El BID insiste que los aguateros estarán mejor con el nuevo sistema, dado que al tener derechos exclusivos en ciertas áreas se protegerán sus inversiones. Pero los aguateros ya no podrán fijar sus precios libremente, ni hay garantía de recuperar sus inversiones en el corto período de los “permisos”, ni que estos serán renovados. El gobierno recibirá presiones de los grandes concesionarios para no prorrogar los numerosos permisos.

En los países en desarrollo, las concesiones privadas a menudo están sujetas a controles de precio y otras regulaciones que destruyen la formación de capital y los incentivos para servir a nuevos clientes. Difieren poco de los monopolios estatales. En cambio, legalizar el competitivo modelo existente mejoraría los incentivos a nuevas inversiones, posibilitaría el planeamiento a largo plazo y reduciría las oportunidades de corrupción. Yo le pregunté a un consultor y a un representante del BID por qué no sería mejor simplemente legalizar a los aguateros y no pudieron explicarme. No lo habían considerado siquiera.

La evidencia empírica contradice eso de que el agua es un “monopolio natural”. Los aguateros han demostrado que vender agua corriente no es muy diferente a vender alimentos en un supermercado. Requiere muy poca o ninguna regulación del gobierno y no siempre depende de economías de escala. Los pequeños proveedores tienen ventajas comparativas en relación a los grandes monopolios para proveer de agua a los barrios pobres. Las grandes empresas no se adecuan a condiciones muy variadas, como la falta de calles, casas hechas de residuos y escasos derechos de propiedad.

No son solamente los aguateros quienes van a sufrir con la intervención del BID. Eliminando un modelo único y sobresaliente de provisión de agua que actualmente sirve a los barrios bajos y caseríos que rodean a esta capital, la nueva ley perjudicará a los más pobres. No sorprende, entonces, por qué tantos latinoamericanos desconfían de los expertos extranjeros. ©

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