Patrimonio universitario en la mira
La jornada cívica del 2-D, a pesar de pequeños inconvenientes propios de la intolerancia de sectores desadaptados a vivir en una sociedad plural como la nuestra, marca un nuevo rumbo para nuestra Patria. El rechazo manifestado por la mayoría de los venezolanos a cambios drásticos e inoportunos nunca fue gratuito, ni obedeció a una postura oposicionista a ultranza. Por el contrario, las voces de las mayorías han estado y continuarán estando dirigidas a defender el presente y el futuro de la sociedad, exigiendo el respeto a las personas, a sus bienes, e instituciones representativas, y en este escenario el destino de la propiedad privada tiene importancia capital.
Hemos presenciado en los últimos años un proceso de ocupación progresiva de propiedades privadas en Caracas y en el interior del país, entre inmuebles residenciales, instalaciones industriales, comerciales, agrícolas, turísticas, hoteleras, y hasta centros de investigación universitarios. Más de 8.000 inmuebles a nivel nacional hablan del estilo depredador que el Estado ha ido imponiendo para responder en forma facilista e irresponsable al déficit de soluciones habitacionales y de áreas dedicadas a la producción agraria; en debilitar la propiedad privada, o simplemente responder a favores políticos.
En medio de este furor en tomar posesión de lo ajeno, donde funcionarios del poder central, del regional o local actúan en muchos casos en abierta complicidad, ni los centros superiores de experimentación que son orgullo nacional por la excelencia académica y la calidad de sus científicos e investigadores, han resultado ilesos. La Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela figura entre los dolientes, acosada por invasores que actúan bajo la mirada complaciente del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Jamás en sus 69 años de vida la Facultad de Agronomía de a UCV había presenciado tamaño atropello tras la invasión de 90 hectáreas de interés agropecuario perteneciente a la Estación Experimental San Nicolás, ubicada a 50 kilómetros de Guanare, en el municipio Boconoíto, estado Portuguesa. Aunque la denuncia está en la Fiscalía no hay acciones que protejan el patrimonio universitario y restituyan el estado de derecho.
Desde el año 2000 se han registrado conversaciones con el propósito de realizar proyectos conjuntos con grupos de lugareños en los linderos de la Estación, a través de una comisión integrada con el INTI, la gobernación y el Consejo Legislativo Regional. Sin embargo, aparte de no recibir informe alguno sobre San Nicolás, la UCV sufrió en el 2004 la amarga experiencia de perder el comodato acordado con la Estación Experimental La Estancia, ubicada en Margarita, cinco años antes del límite del contrato, por decisión del INTI. Todo un golpe bajo que mata cualquier intento de entendimiento, y que pone en evidencia otros intereses.
La historia reciente no es más auspiciosa. La presión sobre las tierras de la UCV en Boconoíto, ejercida por unas 180 personas agrupadas en 13 cooperativas, no sólo se circunscribe a la ocupación de una extensión de 90 hectáreas, con pretensiones para exigir al INTI la “adjudicación” de unas 1.250 hectáreas de suelos, sino también a causar daños irreparables, sacrificando ganado con alto valor genético, como alimento para los invasores. Realmente avergüenza la saña y el salvajismo que predomina en estos actos vandálicos que atentan en contra de la propiedad privada y la autonomía universitaria, además de constituir una amenaza para los centros de investigación del resto de las universidades.
Otros terrenos dedicados a la ciencia, como la estación de la Unellez, en Portuguesa, y parte de la reserva forestal Caparo, que la ULA tiene en Barinas, han estado también en la mira del acoso donde se repite la misma historia. Los invasores se niegan a abordar proyectos en cooperación mutua, como lo han planteado las autoridades universitarias, sino a actuar por su cuenta, repartiendo las tierras, y generando focos de tensión que afectan el normal funcionamiento de estos centros.
No existe argumento alguno que pueda justificar los atropellos en contra de nuestros centros de educación superior, formadores de ingenieros agrónomos, profesionales de primera calidad requeridos con urgencia para dar un vuelco a esa economía de puertos enquistada en la presente república. No alcanzaremos la seguridad agroalimentaria tan pregonada invadiendo y malogrando predios productivos, sino a través del esfuerzo conjunto entre la Academia, sus profesionales, técnicos y el propio Estado, porque ese conocimiento, infraestructura y tecnologías están dirigidas a todos los venezolanos.
Precisamente los ingenieros agrónomos de la UCV diseñaron el Plan Agrícola 2005, y han desarrollado en las siete estaciones experimentales que aún siguen en pie productos de primera calidad entre variedades de caraota, yuca, ganado de mayores producciones lácteas; frutas y flores con categoría de exportación en Bajo Seco, en la Colonia Tovar. En el Samán Mocho, en Carabobo, se producen leguminosas, ajonjolí, raíces y maíz, y en El Laurel, estado Miranda, se cultiva café. Además de la producción, las estaciones ofrecen asesoría técnica a productores locales y albergan a estudiantes de pregrado y posgrado de varias universidades que realizan sus tesis. Sólo San Nicolás con una experiencia y un prestigio de cuatro décadas recibe a unos 800 estudiantes al año.
Queda entonces suficientemente demostrada la función social de la Universidad, además de su rol científico y docente. Lo que no está claro es el empeño por aplastar programas consolidados que son orgullo nacional. ¿Para qué existe entonces la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, si no es para salvaguardar y fomentar el conocimiento que genera bienestar nacional?
