Economía

Pensionados y jubilados reclaman el pago del bono de alimentación y medicinas

Representantes de la Federación de Pensionados y Jubilados protestaron este martes en las inmediaciones de la Plaza de la Moneda del Banco Central de Venezuela, en Caracas, para exigir el pago del bono de alimentación y medicinas, como quedó establecido en la ley aprobada en 2016 por la Asamblea Nacional y cuyo cumplimiento el Ejecutivo ha eludido.

El presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados, Emilio Lozada, señaló que el TSJ declaró la constitucionalidad del instrumento aprobado por el Parlamento y solicitó un informe sobre el destino de fondos, que también fue aprobado por la Asamblea Nacional.

«No hay circulación de ese informe, por eso hoy vamos a cumplir con llevarle el informe al vicepresidente de la República, para que dé la información, y también vamos a entregar una copia del informe a la ministra para la Secretaria del Despacho de la Presidencia, así como al Tribunal Supremo de Justicia, que tiene un expediente de 110 páginas y este informe, como no aparece, es letra muerta», explicó Lozada.

El TSJ emitió una sentencia aprobatoria de la legislación en abril, mediante Gaceta Oficial de fecha 28 de abril de 2016. Sin embargo, aún el Ejecutivo no ha llevado a cabo el pago correspondiente.

El secretario de la Federación de Pensionados y Jubilados, Omar Vásquez anunció que el 30 de marzo, fecha en la que se cumple un año de la aprobación de la ley por parte del Parlamento, se reunirán en la Plaza de la Moneda del BCV, con un torta, para cantarle el cumpleaños feliz a la legislación que el Ejecutivo aún no cumple.

«Esto ha sido un decreto de eutanasia progresiva para todos los pensionados y jubilados, porque con lo que percibimos no nos alcanza ni para las medicinas. Estamos luchando porque no nos alcanza para alimentarnos. Fuimos productivos y le servimos al país, ahora como no estamos activos nos desechan», dijo una de las manifestantes.

El vocero de la Central de Trabajadores Unete, José Antonio García, denunció el lunes que a pesar de que en Venezuela, tal y como lo establece la Constitución, toda persona tiene derecho a la seguridad social y los trabajadores de la administración pública cuentan con las jubilaciones, más de 100 mil trabajadores públicos en la actualidad tratan de evitar su pase a jubilación, debido a que en los últimos años este cambio significa cercenar parte de sus ingresos.

 

 

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