Perverso control de cambios
El control de cambios impuesto en el 2003 es el tercero que se aplica en Venezuela en los últimos 20 años, y si nos remitimos a las palabras de su gestor, no lo levantará mientras tenga memoria, lo que acentúa el carácter político y no económico de la medida. Inicialmente se esgrimió como argumento la protección de la moneda, de las reservas internacionales, y por añadidura de la economía, hasta controlar los efectos negativos del paro. Sin embargo los dolientes la visualizan como una mera retaliación política.
Cuando el objetivo es de carácter económico el control de cambio se establece por lapsos breves, porque de lo contrario se generan distorsiones en la economía, cuyas repercusiones son más graves en la medida que se extiende la presión de la intervención. Y es que el control es perverso porque está asociado a la regulación de precios y de las tasas de interés, constituyendo una gran camisa de fuerza que deprime, que destruye y que deja a su paso un cementerio de empresas que no resistieron el huracán.
La economía no ha tenido un respiro para oxigenarse. A la libre flotación que soportó el aparato productivo durante un año, le había precedido un esquema cambiario basado en bandas, que se mantuvo por más de seis años. Las consecuencias son evidentes: una economía lastimada, dolarizada, que afecta desde el gran capital hasta el bolsillo del trabajador y se expresa en la inaccesibilidad a bienes y servicios y en el deterioro de la calidad de vida.
Venezuela es un país que tradicionalmente se ha manejado como una “economía de puertos”, y no hay indicios de cambios. Alrededor del 60 por ciento de los insumos, materias primas, maquinarias y equipos requeridos por la actividad económica son importados. Las trabas para el otorgamiento de divisas por parte de Cadivi obliga a tomar decisiones desesperadas: reducir/paralizar la producción, o recurrir al mercado paralelo. Se calcula que el 70% de las importaciones se realizan con el dólar “negro”. Y como si esta vía crucis no fuera suficiente, los bienes y servicios deben comercializarse a precios regulados.
La oferta inmobiliaria está dolarizada por los costos adicionales en la compra y reposición de maquinarias y equipos; en la adquisición de los materiales constructivos y en el equipamiento posterior de los inmuebles. Las artificiales tasas preferenciales y el subsidio directo a la demanda, parte de la cadena de favores políticos electorales, no pasan de ser una ilusión para las familias sin viviendas, porque no se disponen recursos suficientes y la inseguridad jurídica está alejando las inversiones privadas.
México, con un mercado abierto, regulado sólo por la oferta y la demanda; con subsidios suficientes y múltiples opciones crediticias; más una política de Estado clara, concertada y que incentiva a la empresa privada, ha logrado un crecimiento continuo en la construcción y otorgamiento de viviendas, con una producción anual de 750 mil unidades. En Venezuela, mientras se mantenga un marco jurídico opresor, millones de venezolanos sólo podrán seguir soñando con el techo propio.
Pero no sólo los sectores de la construcción inmobiliaria están afectados por los controles. La cadena agroalimentaria, la industria manufacturera en general, el turismo, las telecomunicaciones, el comercio y los servicios, entre otros, están asfixiados, limitados en sus inventarios, e inmersos en la espiral inflacionaria.
Venezuela es hoy un país sin garantías para la inversión. El informe Doing Business 2007 lo sitúa entre los 15 que ofrecen menos incentivos para hacer negocios. La caída en 89.16% de las inversiones extranjeras durante el primer semestre del 2006, en relación al mismo período del 2005, reafirma esta realidad, además de la inseguridad y el exceso de controles gubernamentales. Ocupó el lugar 126 entre 130 países incluidos en el índice mundial de libertad económica 2004. Y para completar el cuadro gris tiene la inflación más alta de América Latina, con un 8.1% acumulado en el 2006, y un 140% a los largo de los últimos ocho años.
Persiste toda una maraña de obstáculos para propiciar el aislamiento de los venezolanos del resto del mundo, restringiendo el intercambio de bienes y divisas, a través del control de cambios, cercenando libertades, emprendimientos y oportunidades de crecimiento, que en definitiva perjudican a los estratos más vulnerables de la sociedad: una verdadera paradoja…
(*) Economista. Director General del Centro Inmobiliario Profesional (CEINPRO)
