¿ Por qué no crecemos ?

Durante las últimas dos décadas casi todos los países de América Latina
realizaron grandes esfuerzos para evolucionar desde economías planificadas
de tipo centralista hacia modelos económicos de mercados eficientes,
descentralizados y abiertos al mundo. Una evaluación de los efectos
globales de este fenómeno fue suficientemente ilustrada por Joseph
Stiglitz en su visita a Colombia. El corolario del descalabro llegaría
hacia finales de los 90 con los graves desajustes y desequilibrios
ampliamente conocidos.

Quizás con excepción de Chile, todos nuestros países presentaron balances
económicos negativos de nivel estructural. Un comportamiento que
identificaba curvas de crecimiento fuertes, seguidas igualmente por
fuertes derrumbamientos. Y el grado extremo de deterioro ya conocido de
Argentina, que hace apenas dos años tenía indicadores de crecimiento bajo
cero. Después este tiempo años apenas sí comenzamos a recuperar los
niveles de crecimiento que teníamos en la década de los 80.

La estéril relación del gobierno y los mercados

Marco Palacios ha insistido lo suficiente que en el caso colombiano los
fenómenos de apertura de los 80 nos cogió a destiempo y la globalización
invertiría su impacto positivo por la aberrante influencia de los dineros
del narcotráfico y el conflicto armado. Pero tendríamos que atender a
factores concomitantes. Un Estado que no ha sido históricamente capaz de
incorporarse a los más plenos logros de la modernidad. Algo que también
Palacios ha enseñado con meridiana claridad. Y aquí las razones tienen
efectivamente más peso en el mediano y largo plazo.

Un eje de nuestros males para el crecimiento ha sido el juego de intereses
políticos con la economía. El trazado de una ruta positiva que propuso el
Consenso de Washington, se llevó a cabo dentro de una errónea comprensión
del contexto empírico de América Latina. Y fácilmente se creyó que era
posible trasladar cambios económicos para crear mercados eficientes sin
una reforma en paralelo de las instituciones políticas. Tenemos todavía
instituciones pesadas frente a los ágiles cambios de la economía mundial.

Siguiendo los términos de Jon Elster, podemos alegar que en el caso
colombiano las condiciones de precompromiso institucional y las
restricciones racionales del poder político no se han llevado a cabo
dentro de niveles aceptables. Después de la Constitución del 91, han sido
frecuentes los choques y extralimitaciones en la función delegada al
Ejecutivo y el Legislativo. Y el poder Judicial ha estado con regularidad
influenciado por intereses clientelistas.

Sabemos que los mercados son imperfectos. Que no existe ningún mercado
capaz de garantizar idealmente las restricciones de influencia y el ruido
de los agentes económicos y políticos. Pero se necesitan los mercados
libres para que haya desarrollo. Y el funcionamiento efectivo del mercado
requiere de poderes que hagan cumplir los contratos y los derechos de
propiedad. Sin esto los esfuerzos que se hagan son en vano. Los mercados
pueden ser imperfectos, pero creíbles. Y esta es la clave de una buena
economía.

En una sociedad demasiado flexible con las normas, quienes sacarán mayores
ventajas serán los oportunistas. Es lo que se deriva del Leviatán de
Thomas Hobbes, al analizar cómo el comportamiento colectivo de individuos
egoístas tiende a degenerar y depredar el capital común. De ahí la
importancia coercitiva de la Ley. Para que resulten creíbles los
compromisos debe delegarse poder en los individuos y las instituciones
capaces de hacer cumplir los contratos y los derechos de propiedad. Debe
poder obligar a las personas a respetar sus decisiones.

Ese poder político representativo lo traslada el ciudadano al gobierno. Y
constituye una verdadera piedra de toque de los Estados Modernos. Que no
admite comparación alguna con otras expresiones de poder. En la historia
de los países no se nos ofrece ningún caso en el que un sistema de
mercados eficientes no involucre también un sistema político bien
desarrollado. Pero estas son las relaciones con notable desventaja en el
caso de los países de América Latina.

Las relaciones que han tenido los gobiernos con los mercados no han sido
generosas. En parte por la espiral del poder político corporativo, en
parte por un problema que Michael Walzer, filósofo norteamericano,
denominó la separación de poderes. Los gobiernos son importantes porque
condicionan el cumplimiento de los contratos y hacen valer los derechos de
propiedad. También porque con ellos se garantizan los principios básicos
del Estado de Derecho.

El eterno problemas de tierras y propiedad
Muy a menudo estos dilemas de gobernabilidad vienen correlacionados con la
pobre estructura normativa y la falta de una legislación actualizada en
materia de propiedad y tierras. Un capítulo suficientemente evaluado por
los economistas. La guerra ha desencadenado una transferencia aberrante de
las mejores tierras de Colombia a los narcotraficantes y paramilitares.

Muchos propietarios amenazados han tenido que trasladar sus escrituras a
comandantes de frentes militares o sus testaferros.

El Estado no cuenta tampoco con las garras para combatir una política de
evasión tributaria de los grandes propietarios. Y no se ha podido mejorar
nuestro régimen tributario hasta llegar a combatir estos defectos
estructurales. Con lo tenemos desviaciones normativas en cadena. Un
terrateniente que oficia como paramilitar y tiene consolidado el poder de
los mercados de la droga. Y todavía estamos en este punto.

Reelección con costos económicos
En el caso colombiano aquí tenemos el cuello de botella. Durante este
gobierno ha emergido un poder desmesurado del sector empresarial y
financiero. Y los sectores productivos han tenido exenciones tributarias a
cambio de una oferta de ocupación y empleo que no se han visto. Y el
gobierno ha tenido incentivos para hacerlo. Una ampliación de gastos de
nómina y mayores transferencias regionales. El transito de la reelección
compromete para esta época un movimiento alarmante de recursos destinados
a pagar por anticipado los favores de una campaña política del propio
presidente.

Por su parte la clase política planea su agosto. Y quienes han comenzado a
servir a esta campaña de reelección pedirán que vuelvan partidas oficiales
que se creían moribundas. Se trata de los auxilios parlamentarios bajo
otra vestimenta. A cambio del favor político pedirán beneficios
económicos. Recursos de libre destinación, partidas globales y
transferencias, serán la piñata que muchos políticos sagaces quieren
lograr.

Se trata en el peor de nuestros escenarios de una vuelta de tuerca. Que
deja al país sin los cambios que ha requerido la institucionalidad
económica. Mantiene viejos y malos hábitos de politiquería. Porque
disemina los esfuerzos que se han venido haciendo para estabilizar el
orden de nuestra economía y fragmenta aún más la organicidad de los
partidos. Si al panorama le agregamos la expansión potencial de los
mercados de la droga y la dinamita que representa el conflicto armado
paramilitar. Estamos en un punto de quiebre hacia atrás.