Economía

Procuraduría Especial busca demostrar nueva independencia de Citgo para salvarla del embargo

Desde 2018 existe la amenaza de que Citgo Petroleum Corp., el activo más importante de PDVSA en el exterior, sea liquidada en compensación a Crystallex.

Demostrar que Citgo Petroleum Corp. volvió a ser una empresa independiente del Estado venezolano, y que no debe ser liquidada para solventar una deuda pública, es la misión que ha emprendido la Procuraduría Especial de la República como último recurso para poner a salvo a la petrolera.

Representantes del gobierno interino de Juan Guiadó ofrecieron el viernes 17 de julio un balance sobre el litigio en contra de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA que está en riesgo de ser embargada por la empresa canadiense Crystallex.

En la rueda de prensa virtual, estuvieron presentes Carlos Vecchio, Embajador de la administración de Guaidó ante los Estados Unidos; Elías Mata, Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, el Dr. Enrique Sánchez Falcón, Procurador Especial de la nación y Pedro Jedlicka, director de litigios de la Procuraduría Especial, todos involucrado en la defensa del caso y las negaciones internacionales.

La sombra de la amenaza

Y es que desde 2018 existe la amenaza de que Citgo Petroleum Corp., el activo más importante de PDVSA en el exterior, sea liquidada en compensación a Crystallex por las deudas que adquirieron los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario, Nicolás Maduro.

En 2018, el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Wilmington autorizó que Crystallex tomara el control de Citgo debido a que esta empresa pertenece a PDVSA y, a su vez, PDVSA estuviera administrada irregularmente por el madurismo.

No obstante, este viernes 17 de julio empezó la audiencia final de este litigio, pero con una particularidad: en ella, el equipo legal de la Procuraduría Especial de Venezuela pretende demostrar el restablecimiento de la independencia entre la República, con quien se estableció la deuda, y la administración de Citgo.

Y es que, posterior a la instalación del gobierno interino de Juan Guaidó, se nombró una junta administrativa de Citgo que ha mantenido la independencia de la empresa respecto a la administración de PDVSA y del Estado.

Así, es esta nueva condición, utilizada como argumento clave para la defensa de Citgo, la que no existía cuando Crystallex realizó la demanda: por eso se justificó que la liquidación de este activo pagara los platos rotos.


Citgo se perfila como «el activo más importante para la próxima recuperación de Venezuela»

Embajador Carlos Vecchio.

EE.UU. vuelve a ser aliado

Y en ese escenario, recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a extender la protección de las acciones de Citgo respecto a los bonos PDVSA 2020 hasta octubre de este año y advirtió que su subasta representaría una amenaza a la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos.

Con esto, «Estados Unidos ha dejado claro ante el juez que la protección y preservación de CITGO es incluso un asunto de Seguridad Nacional”, advirtió.

Así, Vecchio destaca que la estrategia del Gobierno Interino para preservar a CITGO ha sido posible gracias a órdenes ejecutivas emitidas por la se ha centrado en garantizar la obtención de medidas de protección de distintas instancias del Gobierno de los Estados Unidos: a través de la OFAC del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia ante la Corte de Distrito de Delaware.

Además, otro de los argumentos a exponer en la defensa del caso indica que las condiciones del mercado internacional son completamente desfavorables para la negociación del activo petrolero. La perdida de Citgo sería irreparable para el patrimonio de PDVSA y de sus acreedores que esperan la reestrucutación de sus deudas.

¿Y quién pagará la deuda?

Pedro Jedlicka, Director de Litigios de la Procuraduría Especial, explicó que con la recuperación de los activos de la nación, se adelantarían procesos de reestructuración de deudas con los acreedores del Estado, una vez se «que se concrete la transición política».

Sin embargo, Vecchio aseguró que el gobierno interino pretende honrar los compromisos económicos de Venezuela, «siempre y cuando hayan sido adquiridos legítimamente”.

Y el diputado Mata así lo refuerza: “Nadie ha dicho que no se quiere pagar, lo que sí hemos dicho y está en los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional es que se cancelará la deuda legítima contraída por la República y eso amerita un proceso oportuno de revisión y verificación de cada obligación contraída. No todos los 150 mil millones de dólares generada por Chávez y Maduro es legal ni legítima”, advirtió el parlamentario

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