Propiedad privada en la mira
Las amenazas contra la propiedad privada ponen en el tapete la discusión sobre el rumbo del país en el naciente siglo. La disyuntiva es entre la concepción colectivista, que en aras de promover reivindicaciones igualitarias a ultranza degenera en mayores niveles de empobrecimiento, o en visualizar la propiedad privada como un derecho humano que dignifica a la familia, como una función social apegada al ordenamiento jurídico que brinde también felicidad a los menos favorecidos. Si el Estado de Derecho funciona no hay conflicto que no pueda ser resuelto bajo el amparo de la ley, sin atropellar a nadie, sin confiscaciones, sin violentar el patrimonio familiar de quienes lucharon por su techo. Toda expropiación fundada y declarada por causa de utilidad pública debe ceñirse al texto constitucional.
La herramienta por excelencia es el diálogo, y en este sentido la Cámara Inmobiliaria de Venezuela mantiene una relación institucional con entes gubernamentales responsables del sector. Es saludable la flexibilización del mercado inmobiliario, sometido desde hace tres años a una “camisa de fuerza”. Los controles no generan dividendos. Por el contrario, la congelación de precios de los inmuebles sólo asfixia el mercado. Deben generarse políticas de Estado participativas para derrotar la inseguridad creada en torno a las invasiones. La construcción masiva de viviendas, como prioridad, implica el reordenamiento urbanístico y el respeto al medio ambiente, el equipamiento social que humanice la convivencia en los nuevos desarrollos, y presupuestos acordes con la emergencia, nunca inferior al 5% de los ingresos ordinarios de la Nación.
En Venezuela, el déficit habitacional acumulado se elevó de 1.500.000 a 1.800.000 unidades en los últimos 7 años. El crecimiento vegetativo de la población, los miles de damnificados por desastres naturales, y la ausencia de políticas de Estado para dar respuestas coherentes, participativas y urgentes, han precipitado la crisis más compleja que se haya vivido en el sector. Países como Chile y México enfrentan en forma seria sus carencias, prestigiando la construcción masiva de viviendas, otorgando subsidios directos a la demanda para favorecer a grupos vulnerables; con un mercado secundario de hipotecas, garantías y coberturas, y recursos a largo plazo para los compradores de vivienda, en un proceso armónico con el sector privado. En el lapso 1990-1998, los sectores público y privado construyeron en Venezuela alrededor de 530.000 soluciones habitacionales. Pero a partir de 1999 la producción bajó abruptamente, y en siete años se edificaron apenas 120 mil viviendas.
Se desconoció el derecho a la vivienda, porque el Estado no construye ni deja construir. Por el contrario: prefiere transferir sus deberes a la sociedad para que sean otros los que resuelvan, no importa a que precio, por la falta de programas permanentes; la carencia de planes de contingencia para atender las emergencias, o por los presupuestos insuficientes que limitan la producción de viviendas. El facilismo, el clientelismo y la irresponsabilidad, han institucionalizado una especie de “far west”, con invasiones por doquier, creando un clima de zozobra y una psicosis colectiva, entre esos venezolanos que sacrificaron su vida para tener techo propio, los que después de tantos trámites esperan su casa, o quienes trabajan duro para pagar la hipoteca. La anarquía desata también desconfianza entre los inversionistas para financiar nuevos desarrollos inmobiliarios.
La invasión articulada de inmuebles no es de reciente data. Actuando en las sombras, amparados en la impunidad; apelando al drama de familias, se desplazan las mismas figuras en diferentes edificios objeto de ocupaciones. ¿Son los Robin Hood del siglo XXI, o células organizadas para sembrar violencia y lucrarse en nombre de los vulnerables? Desde 2001 a la fecha 3.700 inmuebles han sido invadidos. De ellos 145 son edificios, 800 casas, además de terrenos y locales. Hasta ahora solo 21 inmuebles han podido ser desalojados después de procesos judiciales.
¿Está en peligro la propiedad privada? Con la ocupación de inmuebles se están infringiendo bases legales, desde la Constitución Bolivariana que en su Artículo 115 garantiza el derecho de propiedad. De igual manera se viola el Artículo 55 de la Carta Magna que garantiza la protección de las personas y sus bienes; la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social, que exige la declaratoria de utilidad pública y el cumplimiento de requisitos previos, entre ellos la fijación del justiprecio del bien, el depósito de éste en un tribunal y la autorización de un juez para que proceda la ocupación. Han quebrantado todas las normas desconociendo los títulos legítimos de sus propietarios.
No hay infractores encarcelados. El Fiscal General, el Presidente del TSJ, el Contralor General, y el Defensor del Pueblo condenaron las invasiones. Sin embargo, no se advierte voluntad por erradicar los excesos, y exigir el respeto a otros cuerpos legales también violentados, como el Artículo 47 de la Constitución que garantiza la inviolabilidad de todo recinto privado, el Artículo 471-A del Código Penal que establece la invasión como delito y castiga a los transgresores, al igual que el Artículo 472 del Código, que castiga a quienes irrumpan con armas en inmuebles privados. El Alcalde Metropolitano prometió restaurar el orden público, pero los movimientos pro-invasiones continúan detectando nuevos objetivos, y en la práctica tampoco han sido restituidos a sus dueños las viviendas ocupadas anticonstitucionalmente. Y el caso es que hay cerca de 900 inmuebles desocupados por diferentes razones que son susceptibles de ser despojados ilegalmente.
